Águeda Montelongo ve “gravísima” la situación creada por el Gobierno en el concurso de TDT y FM por 13 millones

16 octubre 2013.- La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, Águeda Montelongo, anunció hoy que los populares respaldarán la presentación de una iniciativa al Pleno de la Cámara regional para apoyar a las empresas de producción audiovisual de las islas, que alegan vulneración de sus derechos por parte del Gobierno canario en el proceso de adjudicación de los servicios de distribución de las señales de TDT y FM por 13 millones de euros.

Tras reunirse con un nutrido grupo de empresarios del sector, consideró “gravísima” la situación creada con este concurso, que se convocó sin tiempo material para que otras empresas que no fueran la actual adjudicataria, pudieran optar a prestar este servicio.

Los empresarios trasladaron a Águeda Montelongo que solicitarán la anulación de este procedimiento, “pues aprecian, como ya avisó el Grupo Popular, que hay indicios más que sobrados para sospechar que no se convocó con la debida trasparencia y respeto a la libre concurrencia, y lo más sensato sería convocar un nuevo concurso con unas condiciones que más competidores pudieran cumplir y 120 días de plazo”.

“Este asunto ahonda en las dudas que despierta el informe de la Audiencia de Cuentas que resalta la irregular gestión de cerca de 300 millones por parte del director de RTVC entre 2007 y 2011”, apostilló la diputada del PP, para quien “la falta de transparencia es la constante con que se gestionan estos asuntos por el Gobierno regional, que vive preocupado por su propaganda política”.

Confidencialidad del fútbol

En otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias volvió a escudarse en la confidencialidad del acuerdo firmado con la empresa Mediapro para no facilitar información sobre el coste de la emisión de fútbol de Segunda División A, a través de Televisión Canaria.

“Nos parece inexplicable que un asalariado como el actual director general de RTVC esté autorizado a manejar documentación que se oculta a esta cámara”, denunció Águeda Montelongo.

El Grupo Parlamentario Popular ve “intolerable” que “quien compromete a la comunidad canaria con semejantes cláusulas de confidencialidad, olvide que los fondos públicos con que se paga a esa empresa los aportan todos los canarios”.

“El Gobierno ya está avisado de que su actuación es contraria a la Ley de Contratos del Sector Público, e incumple el deber de transparencia y publicidad que debe presidir la actuación pública”, afirmó la diputada popular, quien calificó la gestión  de “irregular, opaca y oscurantista, incumpliendo los propósitos con que nace su propia Ley de Transparencia antes de aprobarla”.