• El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, señaló que el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado que nuestra propuesta de bajada de impuestos que el Gobierno rechazó incluir en el plan era más que necesaria para la recuperación del archipiélago
• La portavoz de los populares en el Parlamento regional, Australia Navarro, pidió al gobierno que revise las previsiones económicas para 2022 y de ejemplo apretándose el cinturón con medidas de contención del gasto

El presidente el Partido Popular de Canarias y de los populares en el Parlamento autonómico, Manuel Domínguez, reprochó al Gobierno regional su reticencia a poner en marcha un auténtico programa de alivio fiscal para reducir los efectos de la inflación y recordó que “nuestra propuesta de bajada de impuestos que el Gobierno rechazó incluir en el Plan Reactiva, hace dos años, era más que necesaria para la favorecer la recuperación del archipiélago”.

Manuel Domínguez, que realizó estas manifestaciones tras la reunión mantenida por el Gobierno con partidos políticos y representantes de organizaciones sindicales y empresariales, insistió que “si las rebajas fiscales que planteó el Partido Popular en 2020 eran urgentes hoy se han convertido en vitales para combatir la pérdida de poder adquisitivo de los canarios y el aumento de los costes para nuestro tejido empresarial”.

“Hablamos, cuando nadie nos apoyaba, de la bajada del IGIC, de la eliminación de uno de los impuestos más injusto como el de Sucesiones y Donaciones. Hablamos, en definitiva de una reducción de impuestos que gravan a los carburantes, el gas y la luz”, señaló.

“Ya hemos conseguido, ironizó, convencer a algunos de los que en su día no nos escucharon y apoyaron el Plan Reactiva de que nuestras propuestas fiscales eran las correctas y estaban en la línea adecuada para ayudar a la reactivación de las islas”. “Ahora, finalizó, nos toca persuadir al gobierno de que éstas son las medidas pertinentes que necesitan los canarios y nuestras empresas para impulsar la mejor política social que no es otra que la creación de empleo”.

Por su parte, la portavoz popular en la Cámara regional, Australia Navarro, también exigió al Gobierno medidas fiscales para ayudar a las familias y pymes a hacer frente a la subida de la luz, la gasolina y la cesta de la compra para evitar que la inflación se convierta en una subida fiscal encubierta de la que se aprovechen para hacer caja”.

En esta línea  reclamó, entre otras medidas, poner en marcha algún mecanismo de corrección en la tarifa autonómica del IRPF para ajustarlo a la inflación, rebajar el impuesto especial sobre los combustibles para abaratar los combustibles.

Recordó que países como Alemania, Polonia, Francia, entre otros, ya lo han hecho y comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León ya han bajado los impuestos desde el 1 de enero para aliviar las consecuencias de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

“La alternativa, dijo, no puede ser no hacer nada cuando las familias y emprendedores canarios tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes” por lo que pidió al gobierno que revise las  previsiones económicas para 2022 y de ejemplo apretándose el cinturón con medidas de contención del gasto”.

• El portavoz popular en materia de Discapacidad, Carlos Ester, considera que aún queda mucho por hacer “no solo para acabar con las barreras físicas, sino con otras muchas que son cuestión, sobre todo, de voluntad política y actitud”
• “No vemos por ningún lado que este gobierno tenga un plan para atender las necesidades de las personas con discapacidad”, señaló Ester quién denunció que “lamentablemente en esta materia las políticas del Ejecutivo hacen aguas”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Ester, denunció que las políticas del Gobierno de Canarias en materia de Discapacidad “hacen aguas” y exigió que se eliminen las barreras que “impiden a las personas con discapacidad acceder a los distintos servicios que se prestan en los centros sanitarios en las mismas condiciones que el resto de usuarios”.

Ester, que realizó estas manifestaciones tras la intervención del consejero de Sanidad en la comisión parlamentaria de Discapacidad para informar de las acciones está llevando a cabo ese departamento en relación a las políticas dirigidas a este colectivo, consideró que “aún queda mucho por hacer no solo para acabar con las barreras físicas, sino con otras muchas que son cuestión, sobre todo, de voluntad política y actitud”

En este sentido, el diputado popular señaló medidas como, por ejemplo, poner a estas personas citas con horarios más flexibles en su atención, mejorar las conexiones para aquellas personas que viven en lugares periféricos o los costos más reducidos en determinados servicios que tienen que prestarse “sí o sí en personas con discapacidad”.

“Lo fácil que es poner un empaste a una persona cualquiera, y lo difícil que es para una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, ya que requieren una sedación, y esta sedación no la cubre el Servicio Canario de la Salud, y por lo tanto deben abonarlas las familias que, muchas veces no tiene presupuesto para ello, por lo que al final optan por extraer completamente la pieza bucal aunque no sea necesario porque este servicio sí lo costea la sanidad pública”, explicó Ester.

Así mismo, recordó al consejero que también existen barreras físicas, no solo por la lejanía a la que pueden estar ubicados los centros sanitarios, o en el caso de alguna instalación donde las sillas de ruedas no tienen cabida. Además, barreras en la comunicación para las personas con dificultades auditivas o recetas con formatos no accesibles para personas invidentes y barreras económicas, ya que son muchas las personas que, además de padecer algún tipo de discapacidad, también tienen dificultades económicas.

Por eso, apuntó que “es fundamental la inclusión de las necesidades específicas de las personas con discapacidad” e insistió que “debe ser básica para hacer realidad una cobertura de sanidad universal y no traiga consigo ninguna desigualdad”. “Esto es importante para lograr una mejora en la protección en las emergencias sanitarias, ya que han sido también los más débiles durante la pandemia del COVID”, finalizó.

• Lorena Hernández destaca la “impagable” labor social que desarrollan en el archipiélago las organizaciones no gubernamentales y se pregunta “qué sería de Canarias sin el Tercer Sector”
• La diputada popular recrimina a la responsable del área de políticas sociales del Gobierno de Canarias “su falta de diálogo y su nula receptividad” ante las propuestas de unas entidades que “hacen un trabajo que ni hace ni puede hacer” la Consejería de Derechos Sociales

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, reprochó la falta de diálogo de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias con las entidades del Tercer Sector y exigió a la consejera que “deje de marginar a estas organizaciones y atienda sus justas reivindicaciones”.

Lorena Hernández señaló, tras la intervención de la portavoz de la Coordinadora de Acción Social de Canarias en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, que “la negativa de los actuales responsables de las política sociales a reunirse y escuchar las propuestas de quienes están todos los días a pie de calle ayudando a los más desfavorecidos demuestra que a Podemos no le gusta la labor social que realizan estas organizaciones no gubernamentales”.

En este sentido, la diputada popular resaltó “la labor impagable que realizan haciendo un trabajo que el Gobierno de Canarias ni hace ni puede hacer” y consideró “positivo que con el paso de la legislatura algunos se vayan quitando la careta y los canarios sepan dónde está cada uno”, al tiempo que se preguntó “qué sería de esta tierra sin el Tercer Sector”.

Hernández, que consideró inadmisible que después de tantos meses la consejería siga dando la callada por respuesta a la peticiones de las entidades de acción social, reiteró la necesidad de que se garanticen desde el Ejecutivo autonómico tanto los recursos a estos colectivos como la periodicidad en tiempo y forma de las convocatorias “cuyos retrasos históricos atentan contra la estabilidad económica, de prestación de servicios y laboral de las entidades sociales colaboradoras de la consejería”.

NEFASTA GESTIÓN

Cabe recordar que el Grupo Popular en el Parlamento regional lleva más de un año denunciando la nefasta gestión del Gobierno de Canarias ante la distribución de las subvenciones destinadas a la realización de programas para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Una gestión que, en opinión de los populares, ha puesto en riesgo la continuidad de una gran cantidad de proyectos dirigidos a los colectivos más vulnerables de nuestra tierra, máxime en una situación como la actual precisamente por aquellos que, en anteriores legislaturas, se comprometían desde la oposición a solucionar estas ayudas y que, ahora, abandonan a su suerte a las asociaciones del Tercer Sector.

Para el Partido Popular se está tardando demasiado en buscar soluciones y se debe consensuar ya una propuesta participativa con las entidades sociales de cara a próximas convocatorias ya que si la actitud de la consejería se perpetúa “las entidades sociales no podrán disponer de un modelo de financiación que realmente garantice la estabilidad de los servicios que prestan”.

• El diputado popular, Fernando Enseñat, critica la nula implicación del Gobierno de España ante la saturación de las instalaciones habilitadas en las islas para acoger a menores inmigrantes no acompañados
• El representante popular en la comisión parlamentaria de estudio sobre la inmigración en Canarias considera “insostenible” la situación en Canarias y pide la distribución solidaria de los “menas” acogidos en las islas entre el resto de autonomías
• Enseñat reclamó también que se favorezca el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, consideró la convocatoria el próximo domingo de la Conferencia de Presidentes en La Palma el lugar idóneo para que el presidente del Gobierno de Canarias exija al presidente Sánchez que busque el consenso y lidere el acuerdo para la distribución, entre todas las comunidades autónomas, de los 3.000 menores inmigrantes no acompañados que, actualmente, acoge Canarias.

Fernando Enseñat destacó que la capacidad de acogida del archipiélago está “sobrepasada” y las instalaciones habilitadas para acoger a estos menores “desbordadas”, mientras la solidaridad del Gobierno de España “se reduce a declaraciones de buenas intenciones, falsas promesas y el aplazamiento constante de medidas que pongan remedio a esta grave situación”.

“Es urgente que el presidente Sánchez busque el acuerdo y la solidaridad de todos los territorios para que, con las debidas compensaciones económicas, den el visto bueno a un reparto proporcional de los menores inmigrantes que Canarias ya no puede acoger”, señaló el diputado popular.

Así mismo, reclamó también que se implementen las medidas necesarias, incluso activando acuerdos ya existentes, de manera que “se favorezca el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social”.

El representante popular en la comisión parlamentaria de estudio sobre la inmigración en Canarias afirmó que “el principal problema de Canarias no es la política migratoria de la coalición de PSOE y Podemos, sino la total ausencia de política migratoria del Gobierno de España”.

Lo que a su juicio ha dado lugar al creciente flujo migratorio hacia Canarias que en los dos últimos años ha supuesto la llegada de unos 45.000 inmigrantes a nuestras costas y “solo en lo que va de año ya ha arribado 5.500, más del doble de los que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior”.

Necesitamos, concluyó Enseñat, que los responsables del Gobierno de España dejen de usar a las islas como la única puerta de Europa para poder filtrar “a su antojo” la entrada al continente y lamentó “su desidia y nulo interés” ante la grave crisis migratoria que padece el archipiélago desde principios de 2020.

• El diputado popular critica que, en apenas seis meses, hay 16.500 canarios más esperando por una intervención o por la consulta de un especialista
• Ponce asegura que “no sólo hay más canarios esperando, sino que también esperan más, ya que la demora media para una operación aumentó en 18 días, pasando de 18 a 21 semanas”
• A su juicio, “unas cifras que reflejan no sólo el fiasco del Plan Aborda sino la incapacidad para arbitrar las medidas necesarias con el fin de evitar que la incidencia del COVID repercutiera en la atención que reciben el resto de pacientes”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Ponce, exigió hoy soluciones para los más de 171.000 canarios que aguardan para ser atendidos por el Servicio Canario de la Salud (SCS), “11.500 más que en junio de 2021, un incremento del 7,5 por ciento en las listas de espera que certifica el fracaso del Plan Aborda”.

Tras analizar los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2021 presentados recientemente por el consejero de Sanidad, Ponce aseguró que “han necesitado más de dos meses para maquillar los datos, pero a pesar de ello no pueden ocultar la realidad, que no es otra que las listas de espera sanitarias no han parado de crecer en casi todos sus parámetros”.

“Hay más pacientes que esperan por una operación, han aumentado los que esperan por un especialista y siguen disparados los que aguardan por una prueba diagnóstica”, apuntó Ponce, quien añadió que “una situación que refleja no sólo el fiasco del Plan Aborda sino la incompetencia e incapacidad para arbitrar las medidas y protocolos necesarios para evitar que la incidencia del COVID repercutiera en la atención que reciben el resto de pacientes del SCS”.

Para Ponce, “el Partido Popular ha insistido en que lo importante era tomar medidas que minimizaran el impacto que ya se sabía que iba a tener la pandemia, sobre todo en los momentos de menos incidencia, y es evidente que no se ha conseguido”.

En este sentido, el diputado popular criticó que el Ejecutivo caiga “una y otra vez en el triunfalismo y el autobombo” cuando hay 30.700 canarios, 3.200 más que en junio pasado, esperando por una operación. “No sólo es que hay más canarios esperando, sino que también esperan más, ya que la demora media para una intervención aumentó en 18 días, pasando de 18 a 21 semanas”.

“También aumentó de manera alarmante el número de canarios que aguardan por la consulta de un especialista, 12.800 más que hace seis meses, y además sigue habiendo 24.200 que esperan por una prueba diagnóstica”, indicó Ponce, para quien “alguien debería hacer autocrítica, asumir responsabilidades, pedir disculpas a los usuarios de la sanidad canaria, y no estar constantemente excusándose por la pandemia”.

Según Ponce, “de hecho, fue durante la pandemia cuando el presidente Torres nos anunció la puesta en marcha del Plan Aborda con el objetivo de reducir las listas de espera un 30% y que la demora media no superara los 90 días. Hoy sabemos que no se está cumpliendo y, por el contrario, la lista de espera ha aumentado un 25% y la demora media en vez de acercarse a los 90 días se sitúa en los 144 de espera para una operación, lo que nos sitúa entre las peores comunidades del país, que también han tenido que luchar contra el COVID”.

El diputado popular reiteró que “más allá de diapositivas y gráficas, lo importante es saber cuántos pacientes de más de 6 meses se les canceló una intervención por la pandemia; cuántos han salido de la lista de espera porque se han ido angustiados a la sanidad privada o cuántos de esos pacientes ingresaron por empeoramiento o fallecieron esperando”.

Por último, Miguel Ángel Ponce aseguró que “mientras en estos dos últimos años los profesionales sanitarios han sabido estar a la altura frente a la adversidad, los responsables políticos no han dado la talla. Sólo se han dedicado a anunciar una lluvia de millones que los canarios no ven que esté mejorando la asistencia sanitaria que reciben”.