• La portavoz de Educación plantea que las personas que accedan por concurso oposición tengan que demostrar y conocer las singularidades del sistema educativo de Canarias, los recursos con los que cuenta y ponerlos en práctica
• Hernández Labrador afirma que con esta iniciativa pretendemos proteger la estabilización de nuestro personal ante el posible efecto llamada que pueda tener el proceso en otras comunidades autónomas

La portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández Labrador, pidió hoy al Gobierno de Canarias que tenga en cuenta “nuestras especificidades” en las pruebas del concurso de méritos para la estabilización del personal docente de las islas “con el fin, señaló, de dar respuesta a las preocupaciones que despierta en Canarias” la aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Con la aprobación de una Proposición No de Ley, que contó con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, Hernández Labrador logró el respaldo de la Cámara para que los responsables de la Consejería de Educación exijan a las personas que accedan por concurso oposición que tengan que demostrar y conocer las singularidades del sistema educativo de Canarias, los recursos con los que cuenta y ponerlos en práctica.

Según la portavoz popular en materia educativa “pretendemos superar con esta iniciativa la incertidumbre que ha generado entre los posibles aspirantes en situación de temporalidad” la aplicación tanto de la Ley 20/2021 como del Real Decreto 276/2007 y buscamos que “al igual que en las comunidades autónomas con lengua oficial se establece como requisito el reconocimiento de la misma, la administración educativa canaria pueda incorporar nuestra peculiaridades”.

“Canarias también tiene especificidades propias por su condición de región ultraperiférica y archipelágica y se trata, apuntó, de buscar los mecanismos para  proteger la estabilización de nuestro personal ante el posible efecto llamada que pueda tener el proceso en otras comunidades autónomas”.

Así mismo, entre los puntos transados con el resto de grupos parlamentarios, la diputada popular destacó que la iniciativa solicita que “las personas que accedan por concurso público o de méritos, superada la fase, desarrollarán módulos dedicados al patrimonio natural, histórico y cultural de Canarias, como al sistema educativo archipielágico”.

“Además pretendemos que se estudie la celebración de una prueba de entrevista personal en el que se valorará, entre otras cuestiones, la Historia y Geografía de Canarias”, agregó Hernández Labrador.

Por último, destacó la decisión del Parlamento de Canarias de instar al Gobierno de Canarias a coordinarse con el resto de comunidades autónomas  con el fin de hacer coincidir los procesos de estabilización en tiempo y forma “para proteger lo máximo posible la estabilización de nuestro personal”, concluyó.

• La diputada popular lamenta que el Gobierno de Canarias no haya dialogado previamente con los colectivos, que verán afectada su actividad
• Según Reverón “el borrador parte de la premisa de prohibir, en vez de apostar por un equilibrio entre la conservación y los usos públicos en el Parque Nacional”
• Exige que se suspenda la tramitación para establecer un diálogo con la sociedad y que no se lleve a cabo una imposición que además afecta a los sentimientos de los tinerfeños

La diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, volvió a exigir la paralización del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide elaborado por el Gobierno de Canarias “porque en lugar de regular lo que hace es prohibir, sin tener en cuenta a la sociedad canaria”.

Reverón, que solicitó la comparecencia del consejero de Planificación Territorial en el Pleno del Parlamento para que explicara los pormenores de este documento “duramente contestado”, lamentó que “el Ejecutivo de Torres no haya tenido la sensibilidad de establecer un diálogo previo con los colectivos cuya actividad se verá afectada”.

“El borrador del PRUG se basa en la premisa de prohibir o limitar en extremo múltiples actividades, un hecho que ha generado el rechazo de numerosos colectivos que, en muchos casos, no ven solo peligrar su ocio, sino también su economía”, indicó la diputada popular, quien afirmó que “asociaciones deportivas, de turismo, de ocio y del sector primario y audiovisual han visto como sus actividades se verán restringidas, con el consiguiente perjuicio para la economía de la isla, y aparentemente sin criterios técnicos”.

Para Luz Reverón, “el Partido Popular entiende la necesidad de abordar una regulación que minimice el impacto de la actividad humana en el entorno natural del Teide, pero debe existir un claro equilibrio entre la conservación y los usos públicos del mismo”.

“Hay que preservar los valores naturales de nuestro Parque Natural, pero esto en ningún caso es incompatible con el hecho de que de manera regulada, tinerfeños y visitantes puedan seguir disfrutando de sus numerosos atractivos”, añadió la diputada popular, para quien “regular si, prohibir no porque el Teide es un sentimiento, el Teide es algo nuestro que queremos proteger pero también disfrutar”.

En este sentido, Luz Reverón señaló que “la ampliación del periodo de alegaciones del PRUG no es suficiente, por eso reclamamos nuevamente que se suspenda la tramitación y se establezca un diálogo con la sociedad de la Isla, y que no se lleve a cabo una imposición que, además, afecta a los sentimientos que a muchos tinerfeños nos despierta el Teide”.

“Olvide su hoja de ruta, paralice este proceso que se limita a prohibir o aumentar significativamente las restricciones a múltiples actividades, demostrando así la incapacidad del Gobierno de Canarias de idear un modelo de gestión que aúne la conservación con el uso regulado”, añadió.

Por último, Luz Reverón reclamó al consejero de Planificación Territorial un proceso de escucha y diálogo “con los sectores que tienen algo que decir. Sólo así, podremos tener un PRUG que cuente con el consenso de la sociedad tinerfeña, en general, y de los diferentes colectivos, en particular”.

• Manuel Domínguez se hace eco de las medidas contenidas en el documento de los expertos en defensa del fuero fiscal al tiempo que exige una actualización del mismo
• Los populares también se interesarán por las acciones ante las altas cifras de pobreza, la planificación del verano frente a la pandemia, y por el posible agujero presupuestario que puede crear el abono del IGIC de los fondos europeos
• Asimismo, el PP solicitará la comparecencia del consejero de Planificación Territorial para que informe sobre el PRUG del Teide tras su fuerte contestación social

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, preguntará al presidente Torres por qué no se suma al manifiesto en defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), elaborado por expertos en la materia, “frente a los continuos ataques del Gobierno de Sánchez, que está provocando una inseguridad jurídica en materia fiscal en las Islas y ahuyentando inversiones claves para el desarrollo de Canarias”.

Domínguez se hará eco así de algunas de las medidas contenidas en este documento, impulsado por los colegios de economistas y asesores fiscales, al tiempo que instará al presidente del Ejecutivo autonómico a “presionar” para “que nuestras especificidades fiscales sean actualizadas y adaptadas a la nueva realidad surgida tras el COVID, la guerra de Ucrania o la erupción de La Palma”.

Asimismo, en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, la portavoz popular, Australia Navarro, preguntará al vicepresidente del Gobierno por las medidas adoptadas ante la incertidumbre generada por la falta de un criterio único sobre la imputación del IGIC en las operaciones que se realizan con fondos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la repercusión que puede tener en las cuentas autonómicas si, al final, la comunidad se tiene que hacer cargo del abono del impuesto correspondiente.

El portavoz adjunto, Poli Suárez, interpelará a la consejera de Derechos Sociales por las acciones que está implementando para revertir el incremento de las cifras de pobreza y exclusión social; y el diputado Miguel Ángel Ponce preguntará al consejero de Sanidad por la planificación para este verano teniendo en cuenta que aún existen pacientes COVID ocupando camas y ante el periodo de vacaciones del personal del Servicio Canario de la Salud.

En otro orden de cosas, la diputada popular, Luz Reverón, solicitará la comparecencia del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial, para que informe sobre el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (PRUG) que ha causado una fuerte contestación social.

Asimismo, el diputado Juan Manuel García Casañas pedirá información a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre el plan de inversiones  de las cofradías de pescadores.

Dentro del bloque de las Proposiciones No de Ley (PNL), la diputada y portavoz de Educación, Lorena Hernández, pedirá el respaldo de la Cámara para instar al Gobierno canario a incluir, en las bases de las convocatorias de concurso público y concurso de oposición para el personal docente, un nuevo baremo, consistente en una entrevista personal en la que se valore la historia y geografía de Canarias.

• El diputado popular lamenta “los ataques y desprecios del Gobierno de Sánchez a nuestro fuero fiscal ante la pasividad y el silencio cómplice del Ejecutivo de Torres”
• Advierte que “la debilidad para defender nuestras especificidades fiscales ante los desprecios del Ministerio de Hacienda ya está teniendo consecuencias y está frenando la recuperación económica”
• “La incertidumbre que genera la interpretación de nuestro REF nos convierte en un territorio poco atractivo para las nuevas empresas y hace que las pymes canarias renuncien a utilizar sus figuras fiscales”

El diputado y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, culpó hoy al Gobierno de Canarias de la pérdida de efectividad del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) “al haber sido incapaz de garantizar la seguridad jurídica de nuestro fuero ante los continuos ataques y menosprecios del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Durante una comisión de Presupuestos y Hacienda en el Parlamento de Canarias, Enseñat denunció el continuo “desgaste” de las figuras fiscales canarias y preguntó al consejero del área qué efectos tendrá sobre la recuperación económica la incertidumbre y la inseguridad jurídica “que genera la interpretación de nuestro REF en las empresas e inversores”.

“Llevamos 3 años de legislatura en los que se ha puesto en jaque, en demasiadas ocasiones, nuestro fuero fiscal ante la pasividad y el silencio cómplice del Gobierno de Torres que ha sido incapaz de proteger nuestro REF”, indicó el diputado popular, quien añadió que “la seguridad jurídica es fundamental para que la RIC o la ZEC sean efectivas y útiles para el desarrollo económico de Canarias”.

En este sentido, Fernando Enseñat puso como ejemplo de esos ataques proceso de aprobación en la Unión Europea del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las grandes empresas “sin que el Gobierno de España haya puesto sobre la mesa la salvedad del fuero fiscal canario, con la complacencia del Gobierno de Canarias”.

Asimismo, destacó la inestabilidad que se está generando en nuestra ZEC “ante la tardanza en ampliar su periodo de vigencia hasta el 2029, así como poner en duda el comercio triangular que afecta aproximadamente al 20% de las empresas allí ubicadas”.

“Existe también un claro temor de los empresarios, a un mes de que empiece el periodo para la liquidación del impuesto de sociedades, por la repercusión que pueda tener la interpretación de la Agencia Tributaria en la materialización y dotación de la RIC, en el mantenimiento del empleo y en el mantenimiento de la actividad económica durante el tiempo de pandemia y del volcán de La Palma con el cese de actividad y el cero turístico”, añadió.

Fernando Enseñat recordó que estas consideraciones coinciden con las  recogidas en el manifiesto en defensa del REF elaborado por los colegios economistas de Tenerife y Las Palmas, el Colegio de Titulados Mercantiles, la Asociación de Asesores Fiscales y la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que el Partido Popular ha suscrito recientemente para “defender nuestro fuero fiscal y dotarlo, sobre todo, de una mayor seguridad jurídica”.

El diputado popular advirtió que “la pasividad y la debilidad del Gobierno de Torres para defender nuestras especificidades fiscales de los desprecios del Ministerio de Hacienda ya está teniendo consecuencias y está frenando la recuperación económica”.

“Una inseguridad jurídica que ya está ocasionando la pérdida de inversión extranjera que supone para las Islas sólo el 0,3% del total de las inversiones que llegan a España; que seamos un territorio poco atractivo para la instalación de nuevas empresas; y que las pymes y autónomos canarios estén renunciando a utilizar las figuras fiscales del REF”, concluyó.

• El portavoz adjunto apela a la unidad de fuerzas políticas, Tercer Sector y agentes implicados para mejorar la calidad de vida de los dependientes y sus familiares
• “Algo está fallando en Canarias cuando la propia Diputación del Común asegura que se están vulnerando los derechos de las personas dependientes”
• Lamenta que el Gobierno haya sido incapaz de revertir la situación en estos 3 años y pide “quitarse la venda de los ojos porque hay canarios que lo están pasando mal”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, ofreció hoy al Gobierno de Canarias un gran pacto por la Dependencia, “ante los pésimos datos y la grave situación de más de 25.000 canarios que, al cierre del pasado año, estaban en lista de espera, bien por una valoración de su expediente o por recibir una ayuda”.

La propuesta fue planteada en la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy en el Parlamento, tras la presentación del Diputado del Común de su informe extraordinario sobre la gestión de la dependencia en el año 2021, si bien el diputado popular recordó que “lleva ofreciéndola desde diciembre de 2019, sin ningún éxito”.

“Algo está fallando de forma incuestionable en Canarias cuando la propia Diputación del Común reconoce que se están vulnerando los derechos de las personas dependientes”, indicó Poli Suárez, quien espera que “la consejera de Derechos Sociales se quite la venda de los ojos y no siga ignorando a los miles de canarios que lo están pasando mal”.

En este sentido, entiende que este pacto debe reunir y aglutinar a las diferentes fuerzas políticas, al Tercer Sector y a los agentes implicados “porque el objetivo final debe ser mejorar la calidad de vida de los dependientes y sus familiares, que han sido testigos de que en estos tres años el Gobierno ha sido incapaz de revertir la situación”.

“El informe denuncia que en 2021 murieron 9 personas al día esperando por la dependencia, y si no hay cambios en la gestión mucho me temo que los datos de 2022 pueden ser peores pues sólo en los cinco primeros meses han muerto 3.226 personas, lo que supone una media de 21 personas al día, el triple que el años pasado”, alertó Suárez.

Sobre las recomendaciones realizadas por el Diputado del Común sobre el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, el incremento de la cuantía de las ayudas o la colaboración de ayuntamientos y cabildos, Poli Suárez espera que “tenga mucha más suerte que las propuestas del Partido Popular, que hasta ahora o bien se han ignorado o bien se han aprobado pero no se han llevado a cabo”.

El diputado popular citó, como ejemplos, las propuestas para reformular el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias “para permitir que se incorporen aquellas que ya cuenten con proyectos y suelo disponible y no se nos ha escuchado”; o para aumentar las prestaciones económicas para los dependientes, “una medida que se aprobó por unanimidad y sigue sin materializarse”.

Asimismo, Suárez recordó que “desde principios de 2020 también planteamos la creación de un plan de empleo específico para Dependencia, con convenios con ayuntamientos y cabildos, colegios de Enfermería, Medicina y Trabajo Social, con ficha financiera y con el objetivo de determinar el número de profesionales necesarios por cada municipio y disminuir así los plazos de los informes evaluadores y las listas de espera, y tampoco se nos hizo caso”.

Para el diputado popular, “el presidente Torres tiene la obligación de ofrecer respuestas y aportar soluciones ante la nefasta gestión de su consejera. Hasta el momento se ha mostrado indiferente porque ha preferido asegurar la estabilidad de su Gobierno antes que la calidad de vida de los dependientes, y creemos que ya es hora de que cambie sus prioridades”, concluyó.