• La diputada popular reprocha al consejero de Transición Ecológica que tenga la vista permanentemente puesta en 2030 mientras se olvida de solucionar los problemas medioambientales reales que tenemos hoy en las islas como los vertidos incontrolados
• Reverón indica que “a pesar de los discursos y la propaganda medioambiental de este gobierno no ha hecho nada para evitar que el número de vertidos de aguas residuales al mar sin depurar han aumentado un 10%, pasando de 394 puntos en 2017 a los 434 de 2021”

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, reprochó al consejero de Transición Ecológica que tenga la vista permanentemente puesta en 2030 mientras se olvida de solucionar los problemas medioambientales reales que tenemos hoy en las islas como los vertidos incontrolados, por lo que le pidió que ponga los pies en el suelo y haga políticas basadas en evidencias y no en ideologías.

Reverón, tras escuchar las excusas del Gobierno de Canarias en el último pleno ante la ausencia de planes para atajar los vertidos al mar de aguas residuales sin tratar, acusó al responsable de las políticas medioambientales del Ejecutivo autonómico de “echar balones fuera y esconderse detrás de los ayuntamientos” al culparles de no tener una adecuada red de saneamiento.

“El silencio y los pretextos injustificados, como el de esperar ahora a tener completado el proceso de transferencias de las competencias de costas, son el reconocimiento del fracaso y la desidia del Gobierno autónomo en la gestión de un grave problema, tanto para el medio ambiente como para la salud de los ciudadanos”, apostilló.

En este sentido, le recordó que contar con infraestructuras en condiciones para evitar estos vertidos “es una responsabilidad de todas las administraciones y, en primer lugar, de la consejería de Transición Ecológica” por lo que le recriminó que “lleven más de tres años en el gobierno, tres años conociendo los delitos medioambientales que se están cometiendo con los vertidos incontrolados y el peligro para la salud que provocan y no han hecho nada”.

La diputada popular consideró “inadmisible” la inacción del Gobierno de Canarias ante un problema real “que ha ido a peor en los últimos cinco años” mientras se gastan recursos económicos en elaborar estrategias y planes para dentro de ocho o diez años, ”olvidándose de poner solución a los problemas medioambientales que ya padecemos”.

“Está muy bien todas las estrategias que ha preparado pero éstas abordan cuestiones que a día de hoy no son un problema inmediato, o mejor dicho, no son un problema que acarreen perjuicios sobre el ecosistema y en nuestra salud, ni conlleva sanciones económicas, sin embargo los vertidos ilegales mar sí que es problema actual, un problema que sí genera efectos negativos en el ecosistema, en  nuestra salud y cuyo incumplimiento sí generan sanciones económicas millonarias, pero ustedes prefieren mirar para otro lado porque les resulta incómodo afrontarlo”.

En esta línea, la presidenta de los populares en la Cámara regional, recordó al consejero que “debería saber que las políticas deben hacerse basadas en evidencias. Estará de acuerdo conmigo que los vertidos ilegales al mar son una evidencia, por lo que ante esta situación no debería diseñar políticas públicas en función de ideologías ya preestablecidas, sino en evidencias, en un análisis serio de los problemas, considerando todas las variables y priorizando las soluciones”.

«Y la evidencia, agregó Reverón, es que el número de los vertidos de tierra al mar han pasado de los 394 puntos detectados en 2017 a los 434 en 2021, de los cuales, el 52% se localizan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 48% restante en Las Palmas”.

“Es indefendible que, además de este incremento, más del 70% de los vertidos que se realizan en nuestras playas no tengan autorización, bien porque están en trámite, porque se han caducado o porque directamente carecen del correspondiente permiso”, concluyó.

• El portavoz adjunto, Poli Suárez, reprocha al Gobierno que priorice las prestaciones económicas vinculadas al cuidado familiar frente a las de servicios, “las más bajas que contempla la Ley y que se deberían dar de forma excepcional”
• “Los dependientes y sus familiares han sido testigos de que ha sido incapaz de revertir la situación en estos casi tres años y medio, pese a ser el Ejecutivo que ha contado con más recursos técnicos, materiales y de personal de toda la historia”
• Recuerda que el Partido Popular no sólo ofreció un gran pacto por la Dependencia sino que además propuso aumentar la cuantía de estas prestaciones, “y son otros los que no han cumplido”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, lamentó que “la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, prefiera maquillar las listas de espera antes que cumplir con los derechos de los dependientes” y para ello “priorice las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar frente a las de servicios, las más bajas que contempla la Ley y que se deberían dar de forma excepcional”.

Suárez solicitó la comparecencia de la responsable del área para hablar sobre la denuncia realizada por ACUFADE respecto al posible fraude a la ley de dependencia al priorizar estas prestaciones, “no sólo para disfrazar los datos sino también para abaratar la deuda que tiene la administración en relación con la retroactividad de las prestaciones y que, en muchos casos, supone un ahorro para la Consejería de más de 20.000 euros, por dependiente”, añadió.

“En Canarias seguimos teniendo un problema con la dependencia, pues además de precarizar el sistema somos la comunidad autónoma que más tarda en dar una valoración hasta alcanzar los 1.080 días”, indicó el portavoz adjunto, quien sentenció que “los dependientes y sus familiares han sido testigos de que este Gobierno ha sido incapaz de revertir la situación en estos casi tres años y medio, pese a contar con más recursos técnicos, materiales y personal de toda la historia”.

En este sentido, explicó que no sólo existe una instrucción técnica por parte de la Dirección General de Dependencia para priorizar estas prestaciones que suponen 387 euros “una cantidad que no da para atender dignamente a un dependiente”, sino que además los datos así lo confirman pues de las nuevas altas, si comparamos los meses de enero a septiembre de los dos últimos años, las prestaciones económicas vinculadas al entorno familiar aumentan un 177% mientras que las de servicio caen un 26%.

Asimismo, Poli Suárez recordó las propuestas realizadas por el Partido Popular como el gran pacto por la Dependencia, “un pacto que debería reunir y aglutinar a las diferentes fuerzas políticas, al Tercer Sector y a los agentes implicados con el fin de mejorar la calidad de vida de los dependientes y sus familiares, pero no hemos obtenido respuesta”.

También hizo referencia a la moción aprobada hace más de una año por unanimidad, en la que los populares solicitaban recoger en los presupuestos una partida adicional para incrementar las prestaciones económicas de la dependencia “y tampoco han cumplido”.

“Es una pena que ahora que contamos con más fondos y más personal hayamos perdido una oportunidad para dar un salto cualitativo, para redoblar esfuerzos en los servicios y para ofrecer a los dependientes la atención que merecen”, concluyó.

• El portavoz adjunto, Poli Suárez, defenderá las 67 enmiendas presentadas al texto que tienen como prioridad agilizar el proceso para los futuros beneficiarios y definir una línea de trabajo clara para los equipos sociales
• Contar con un plan de atención personalizado, con itinerarios de inclusión individualizados y bonificaciones a empresas para la contratación de beneficiarios de esta renta son algunas de las novedades que quiere incluir el Partido Popular
• El diputado popular pretender incorporar a los principios básicos que debe contemplar la futura ley, la protección a la infancia, el reconocimiento del empleo y la transparencia y la publicidad activa

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, remarcó hoy que la intención del Partido Popular es posibilitar la inclusión social y/o laboral a todos aquellos casos que sea posible a través de sus enmiendas al Proyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias. “La renta ciudadana debe convertirse en una herramienta fundamental con un doble objetivo: paliar la pobreza y favorecer la reinserción de las personas más vulnerables”.

Suárez, que defenderá las 67 enmiendas presentadas por el Grupo Popular a esta futura norma, insistió en que “la mejor política social que se puede implantar es la creación de empleo” por lo que hizo hincapié en que “tenemos que lograr que esta ley ofrezca una ruta de inserción viable y sencilla, aprovechando los recursos de una manera óptima y eficiente que garanticen una aplicación justa y responsable de las políticas de inclusión social”.

Tras la primera sesión de los trabajos de ponencia de este Proyecto de Ley que ha tenido lugar hoy en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez enumeró algunas de las mejoras que pretenden incorporar al texto para “agilizar el proceso para los futuros beneficiarios y definiendo una línea de trabajo clara para los equipos sociales de las diferentes administraciones, que deberá contar como mínimo con un trabajador social”.

En este sentido, el diputado popular resaltó, entre las propuestas populares, la introducción de un plan de atención personalizado que “contará con un informe técnico que incluya los objetivos, las intervenciones y las acciones específicas, tanto de carácter individual como para el conjunto de la unidad de convivencia, con el fin de promover la inclusión social y/o laboral de las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía”.

Así mismo, los populares abogan por incluir también los itinerarios de inclusión individualizados en el que se establecen las acciones específicas que deberán realizar las partes intervinientes, tanto la administración como los perceptores de la renta de ciudadanía, en los procesos de inserción tanto social como laboral.

Un itinerario, explicó el portavoz popular de Políticas Sociales, que podrá incluir prácticas en empresas o contrataciones por empresas de inserción.

Por otro lado, Suárez destacó, como incentivo al empleo, la propuesta para bonificar las cuotas de la seguridad social, hasta un máximo de tres años, a las empresas que contraten indefinidamente a desempleados que tengan reconocido el derecho a la renta ciudadana.

Entre el paquete de enmiendas del PP, Suárez pretende incorporar a los principios básicos que debe contemplar la nueva ley la protección de la infancia, el reconocimiento del empleo, y dotar a la renta ciudadana de trasparencia y publicidad activa “con el fin de que los beneficios que otorga esta norma llegue a las personas que realmente lo necesiten”.

En la misma línea, el portavoz adjunto se refirió a la enmienda número 66 con la que se pretende que la consejería competente en materia de servicios sociales evalúe cada año el grado de cumplimiento de los objetivos contemplados en esta ley, dando cuenta al Gobierno de Canarias, al Parlamento y a los ayuntamientos”.

“Vamos a trabajar para mejorar esta futura norma que es vital para Canarias, máxime cuando somos la región con mayor pobreza severa del país y, porque la misma está recogida en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía”, apuntó Suárez, quien recordó que “Podemos votó en contra, tanto en el Congreso como en el Senado, y nuestra carta magna sólo salió adelante gracias al impulso de las mayorías del Partido Popular en la Cortes Generales durante la anterior legislatura”, concluyó.

• Juan Manuel García Casañas denuncia que a dos meses de finalizar el año, las partidas previstas en el Plan de Viabilidad de Cofradías y Asociaciones de Pescadores aún no se han ejecutado
• “A los problemas crónicos que sufre este sector hay que añadir los derivados del aumento de los costes de materias primas que hacen imposible la rentabilidad de una profesión dura”
• El diputado popular denuncia que “la falta de estas inversiones, que se necesitaban para ayer, pone en jaque la supervivencia, independencia y desarrollo de esta actividad”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, aseguró hoy que “el Gobierno de Canarias ha dejado huérfanas a las cofradías y asociaciones de pescadores de las islas” y afirmó que “el retraso en la ejecución de las partidas contempladas en los presupuestos para 2022 está poniendo en jaque la supervivencia, la independencia y el desarrollo de esta actividad”.

Casañas, que preguntó a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la situación del Plan de Viabilidad de Cofradías y Asociaciones de Pescadores previstos en las cuentas de este año, denunció que “a dos meses de finalizar este 2022, las partidas previstas en dicho plan aún no se han ejecutado”.

“Los cofrades demandan infraestructuras y modificaciones normativas de reglamentos que les permita desarrollar su actividad con normalidad y mantener un sector estratégico para Canarias, pero sobre todo celeridad en la ejecución de las inversiones prometidas y previstas en los presupuestos”, indicó.

En este sentido, el diputado popular recordó que “a los problemas crónicos que sufre este sector hay que añadir los derivados del aumento de los costes de materias primas, fundamentalmente el combustible, la luz y el acero, que hacen imposible la rentabilidad de una profesión dura”.

“Además de agilizar las inversiones para equipamiento o funcionamiento, el sector necesita un plan que dote de recursos, de autonomía y de seguridad jurídica a cada una de las cofradías”, indicó el diputado popular, para quien “solo así evitaríamos situaciones como que alguna cofradía lleve dos años esperando por un trávelin, cinco por una máquina de hielo o por la cesión de determinadas instalaciones que les permitiría poder cubrir sus gastos de personal y mantenimiento sin necesidad de subvenciones”.

Por último, Juan Manuel Casañas insistió en que “la política pesquera de este gobierno ha sido desastrosa y año tras año el sector se ha ido reduciendo como consecuencia de la falta de planificación, pero sobre todo por la falta de comunicación con las cofradías que ha impedido dotarlas de lo que necesitan para que no dependan de la administración”.

• La portavoz de popular en esta comisión parlamentaria, Luz Reverón, considera un “fiasco” que la ejecución de las inversiones en infraestructuras apenas llegue al 30% en ocho meses
• Reverón consideró “indignante” que la consejería responsable de impulsar la obra pública para generar empleo y riqueza sea el cuarto departamento del gobierno con peor grado de ejecución por la incapacidad de sus dirigentes
• “Una incompetencia que, entre otras cosas, ha dejado sin alternativa a 18.000 familias que creyeron en la palabra del presidente Torres y ahora se encuentran que el Pacto por el acceso a una vivienda digna ha quedado en papel mojado”

La portavoz del Partido Popular en la comisión parlamentaria de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Luz Reverón, advirtió hoy que la mala gestión de los responsables de esta consejería está poniendo en peligro la inversión en infraestructuras de los fondos europeos y la recuperación de Canarias.

“Esta incapacidad, junto con el exceso de burocracia, para invertir en el sector de la obra pública, está poniendo en jaque no sólo obras de vital importancia con cargo a los fondos europeos, sino también la recuperación del Archipiélago, la reactivación económica y la generación de empleo”, apuntó la diputada popular.

Reverón, que preguntó hoy al consejero de Obras Públicas en la comisión parlamentaria correspondiente sobre la baja ejecución del presupuesto de inversiones de este departamento, calificó como un “auténtico fiasco” que la inversión en infraestructuras apenas llegue al 30% en los primeros ocho meses de 2022.

“De los casi 250 millones que tiene para inyectar a la economía canaria, y ser generador de empleo y riqueza, usted sólo ha puesto al servicio de los canarios 64 millones, mientras que en lo que resta de año tendrá que gastar si quiere cumplir con sus previsiones casi 3 veces más de lo que ha gastado en 8 meses”, explicó la representante popular quien consideró “indignante” que la consejería que estaba llamada a convertirse en el motor de la recuperación “ni siquiera haya llegado a arrancar y sea el cuarto departamento del gobierno con peor grado de ejecución presupuestaria”.

VIVIENDA

Así mismo, Reverón puso como ejemplo de la incapacidad gestora de los responsables de Obras Públicas el incumplimiento de los objetivos marcados en el pacto firmado al inicio de la legislatura por el derecho al acceso a una vivienda digna.

“Lo peor, señaló, no es que el gobierno de Torres haya convertido, una vez más, otro de sus compromisos en papel mojado, sino que ha defraudado las expectativas de más de 18.000 familias que esperaban por una vivienda y a las que ha dejado sin alternativas”.

Por último, la diputada del Partido Popular acusó al Gobierno autónomo de crear una Canarias de dos velocidades: “la velocidad imaginaria, que se encuentra en la propaganda gubernamental y la velocidad real, que es en la que se encuentran todas las familias, las empresas y los autónomos que no solo pagan sus impuestos sino también la campaña política de Torres ante las próximas elecciones”.