• La portavoz popular de Educación en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández, pedía al Ejecutivo que arbitrara las medidas necesarias para dar estabilidad a un colectivo “que corre evidente peligro de perder sus puestos de trabajo” por la ley Celáa
• Para Hernández choca que en un momento en el que se está impulsando la estabilización del personal docente en la comunidad autónoma se excluya del proceso a estos profesores
• “Es lamentable que los partidos de izquierda se opongan a buscar soluciones a un colectivo que lleva ejerciendo su trabajo más de 40 años”

La portavoz en materia educativa del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández, acusó hoy al pacto de gobierno de “olvidarse de los profesores de religión y querer liquidarlos por la puerta de atrás” al rechazar una propuesta en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que arbitrara las medidas necesarias para dar estabilidad a un colectivo “que corre evidente peligro de perder sus puestos de trabajo por la conocida ley Celáa”.

Hernández, que defendió la iniciativa ante el pleno de la Cámara, destacó que el profesorado de religión, en las etapas de Educación Infantil y Primaria, es un colectivo de docentes que ha ido perdiendo derechos a lo largo de la aprobación de las diferentes leyes educativas y manifestó su extrañeza de que “cuando se está impulsando desde las administraciones públicas la estabilización del personal docente, se excluya del proceso a este colectivo”.

Por esta razón, apunto Hernandez, el objetivo de la proposición no de ley era garantizar el mantenimiento de unos puestos de trabajo que tienen carácter indefinido, respetando la carga docente de un personal que lleva ejerciendo su labor en los centros educativos de Canarias durante muchos años y que, debido a la nueva Ley Orgánica de Educación 3/2020 “pueden perder su trabajo o quedarse en una situación absolutamente precaria”.

“Pedíamos que se buscara una solución, sin perjuicio de la libertad que tienen los centros educativos para hacer uso de su autonomía organizativa, a un colectivo que en muchos casos lleva ejerciendo su profesión más de 40 años y no puede perder derechos consolidados en la última etapa de su vida laboral y acabarla de forma precaria cuando no abruptamente”, insistió.

Recordó que en Canarias existen aproximadamente unos 500 docentes de Infantil y Primaria que imparten clases de religión en la educación pública afectados por esta situación, con una media de edad entre los 40 y 60 años y con unos 20 o 30 años de media trabajados para la administración “que tendrían un verdadero problema para reincorporarse al mercado laboral, sobre todo aquellos con edades próximas a la jubilación, si no se busca una solución”.

Por último, la diputada popular manifestó su esperanza de que la transferencia de este profesorado a la comunidad autónoma, como solicitó el Parlamento de Canaria, “marque un antes y un después para las aspiraciones de este colectivo” y se desarrolle un marco normativo que deje claro la habilitación del profesorado de religión”.

“Una capacitación que les de estabilidad al permitirles realizar actividades educativas en los centros donde imparten la enseñanza de religión como pueden ser por ejemplo guardias de recreo, coordinadores de ciclo, apoyo en la organización y funcionamiento de la biblioteca, coordinador de actividades complementarias y extraescolares, etcétera”, concluyó.

• El presidente de los populares canarios criticó que el PSOE, con el visto bueno del presidente Torres, votaran en contra de las propuestas del PP y de otras formaciones para reducir el IRPF a los palmeros o incluir la gratuidad de las guaguas y tranvías en el bono anunciado para los trenes en la península
• Considera extremadamente perjudicial para los intereses de Canarias el excesivo “servilismo” del gobierno formado por PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Socialistas Gomeros “incapaz de arrancar ni una sola mención a las islas después de haber sufrido la peor catástrofe natural”

El presidente del Partido Popular de Canarias y del grupo parlamentario en la Cámara autonómica, Manuel Domínguez, echó en cara hoy a Angel Víctor Torres su “silencio” ante el ninguneo del presidente Sánchez a Canarias en el reciente Debate del Estado de la Nación y su “sometimiento” ante la falta de medidas concretas del Gobierno de España para el Archipiélago.

Domínguez, que realizó estas manifestaciones hoy en el transcurso de la sesión de control al gobierno en la que preguntó la valoración del presidente ante esta falta de medidas, justificó la desaparición de Canarias del discurso de Sánchez por el nulo peso político del secretario general del PSOE canario y “porque cuenta en las islas con un gobierno servil”.

En este sentido, consideró extremadamente perjudicial para los intereses de Canarias el excesivo “servilismo” del gobierno formado por  PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Socialistas Gomeros que es “incapaz de arrancar ni una sola mención a las islas después de haber sufrido la peor catástrofe natural”.

El presidente de los populares canarios criticó que el PSOE, con el visto bueno del presidente Torres, no solo permitiera que se ignorara a las islas si no que “en el colmo del despropósito llegaran a votar en contra de las propuestas del PP y de otras formaciones políticas” beneficiosas para el Archipiélago como reducir el IRPF a los palmeros o incluir la gratuidad de las guaguas y tranvías en el bono anunciado para los trenes cercanías y media distancia en la península.

Al respecto recordó que “quince días antes del Debate del Estado de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) puso de relieve la precaria situación de Canarias al informar que el 40% de la población vive en riesgo de pobreza y el 13% de los canarios no pueden permitirse un plato de pescado o de pollo una vez a la semana”.

Una realidad, dijo, que ignoró Sánchez que solo se acordó de las islas para anunciar que Canarias será cien por cien renovable en 2040, “mientras usted asentía con la cabeza y aplaudía”. “Una auténtica vergüenza”, apostilló.

Finalmente recordó a Torres “que le quedan unos meses como presidente de Canarias” y le pidió que “los aproveche e intente pasar a la historia como alguien que defendió, aunque sea al final de mandato, a esta tierra por encima de todo y de todos”.

• La diputada popular, Luz Reverón, denuncia las múltiples irregularidades en las contrataciones realizadas por RTVC
• Reverón discrepa con la conclusión de ambos informes y considera que la falta de un Mandato Marco no justifica el incumplimiento reiterado de la ley de contratos
• La diputada popular se pregunta qué interés puede tener la Audiencia de Cuentas para desviar al Parlamento las responsabilidades sobre las contrataciones del Ente

La diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, criticó hoy que el Gobierno de Canarias “no ponga coto a la nefasta gestión en la Radio Televisión Canaria; una gestión basada en múltiples irregularidades en la contrataciones que llevamos dos años denunciando, mientras que el administrador único y los grupos que apoyan al Ejecutivo miraban para otro lado y justificaban lo injustificable”.

Así se expresó Reverón durante la comparecencia del presidente de la Audiencia de Cuentas sobre la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público durante los años 2019 y 2020, al tiempo que agradeció el contenido de los informes, “pues certifican las constantes anomalías en el Ente Público, advertidas años tras año por Partido Popular”.

Pese a ello, la diputada popular mostró su discrepancia con la conclusión de ambos informes que consideran que la falta de definición de un modelo de gestión por parte del Parlamento de Canarias ha impedido una planificación eficaz y eficiente de la contratación a realizar, “pues la ausencia de un Mandato Marco no justifica este irregular proceder en la contratación”, aclaró.

“Nos parece una afirmación totalmente falsa y que no se puede permitir porque el hecho de no contar con un Mandato Marco no exime al administrador único de sus competencias ni del hecho de que las contrataciones se lleven a cabo incumpliendo la ley de contratos”, incidió Reverón, quien se preguntó qué interés puede tener la Audiencia de Cuentas para desviar al Parlamento las responsabilidades sobre las contrataciones del Ente.

En otro orden de cosas, Luz Reverón manifestó que ambos informes se pone de manifiesto que el número de salvedades, reparos e ilegalidades es “elevadísimo” y verifica el mal proceder respecto a los contratos menores donde en algunos ni consta el informe motivado de la necesidad, ni existe aprobación del gasto, ni se cumple con la obligación de publicar los expedientes y, lo que es peor, otros se trocean en partes “lo que es ilegal según la normativa vigente”.

La diputada popular enumeró otros ejemplos de irregularidades como el hecho de que “se insiste en la utilización de las órdenes de continuidad en lugar de llevar a cabo una nueva licitación; en los derechos de explotación de determinadas producciones no se acredita la propiedad intelectual y en algunas subrogaciones de personal no se solicitaron los informes preceptivos establecidos en la Ley de Presupuestos por lo que serían nulos de pleno derecho”.

Por último, Luz Reverón mostró su asombro y escepticismo por el hecho de que los grupos que apoyan al Gobierno empiecen ahora a pedir responsabilidades, “por lo que estaremos muy pendientes de ver cómo lo hacen, para que no se queden solo en anuncios cargados de buenas intenciones”, concluyó.

• El portavoz parlamentario de Sanidad cree que este asunto es la punta del icerberg de una manera de actuar “imprudente y atolondrada”
• Ponce preguntó a Conrado Domínguez si sus discrepancias con la entonces consejera de Sanidad en los controles a aplicar en el material sanitario fueron las causas del cese de Teresa Cruz
• “Lo único cierto es que como resultado de esta gestión ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor el Gobierno se sigue lavando las manos”

El diputado y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Ponce consideró hoy que la intervención del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en el Parlamento ha sido “una pérdida de tiempo” y lamentó que “la Consejería de Sanidad no aportara nada nuevo y siguiera eludiendo su responsabilidad en el pufo del caso mascarillas”.

Ponce, que realizó estas manifestaciones tras la comparecencia a petición propia del Gobierno, criticó que el gobierno continúe sin explicar el escándalo de la compra de mascarillas y por qué la Fiscalía Anticorrupción investiga al Servicio Canario de la Salud (SCS) por una presunta malversación y prevaricación.

En este sentido, manifestó que el “obstinado silencio” de los responsables apunta a que “este caso es la punta del iceberg de una manera de actuar imprudente y atolondrada que nos ha costado un agujero de 4 millones de euros, más otro millón en intereses y el pago de comisiones millonarias”.

Para Ponce, “es inexplicable que el Gobierno siga defendiendo su gestión cuando el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias ante una posible irregularidad contable y la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por prevaricación y malversación al SCS, citando en calidad de investigados a dos altos cargos del Ejecutivo autonómico”.

En su turno de palabra Ponce interpeló a Domínguez, entre otras cuestiones, por el motivo por el que se contrató a una empresa de coches y sin solvencia acreditada para la adquisición de material sanitario como demuestra el hecho de que las mascarillas recibidas y pagadas como FFP3 fueron, en realidad, 3M modelo 1860 que equivalen a una quirúrgica o FFP2 de menor coste ”por lo que el precio pagado fue superior”, apostilló.

“Por ello, añadió, cobra más relevancia si hubo o no supervisión del mismo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evitar que viniera material que no reuniera las condiciones técnicas”.

Al respecto, recordó las declaraciones de la que fuera consejera de Sanidad sobre la obligatoriedad de ejercer una vigilancia estricta acerca de las especificaciones técnicas del material sanitario y preguntó “si estas discrepancias en los controles a aplicar fueron las causas del cese de Teresa Cruz”.

Asimismo, hizo hincapié en la gravedad de los calificativos vertidos en el informe de la Fiscalía e inquirió al director del Servicio Canario de la Salud si coincidía con la opinión del Fiscal al considerar su modo de proceder indicativo de una deficiente y desleal gestión del patrimonio público al no prever un riesgo de engaño que le fue advertido.

“Lo único cierto es que como resultado de este grave caso es que ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor es que el Gobierno se sigue lavando las manos y nadie asume responsabilidades por este feo procedimiento”, concluyó Ponce.

• El diputado popular, Carlos Ester, defiende que ayuntamientos, cabildos y Puertos de Canarias armonicen unas normas “sensatas, específicas y similares” en todos las islas
• Considera que en vez de cobrar una cantidad al día se debería ir hacia una tarifa plana, como ya se hace en otros puntos del país
• “Canarias es un paraíso para la práctica de cualquiera deporte y actividad náutica, por tanto debemos lograr una entrada al mar accesible y asequible para todos”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Ester, pidió al Gobierno de Canarias que lidere un grupo de trabajo, donde estén presentes ayuntamientos, cabildos y Puertos Canarios para regular precios y horarios de acceso al mar para las embarcaciones de recreo, “con el fin de establecer una normas sensatas, específicas y similares en todas las islas”.

Carlos Ester hizo esta propuesta en la pasada comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en la que intervinieron, a petición del Partido Popular, representantes de la Asociación de Navegantes de Recreo (ANARVE) para exponer los problemas a los que se enfrentan a la hora de practicar esta actividad.

En este sentido, el diputado popular explicó que los propietarios de pequeñas y medianas embarcaciones en Canarias tienen que pagar 10 euros diarios cada vez que quieren salir al mar, y muchas veces por rampas que no están en las mejores condiciones.

“Entendemos que para mantener unos servicios mínimos se tenga que cobrar, pero las administraciones competentes deberían repensar otros modelos”, insistió Carlos Ester, quien puso como ejemplo que en Palma de Mallorca se abona una tarifa plana de 60 euros al año para acceder al mar.

Para el diputado popular, “una cosa es cobrar por estos servicios y otra bien distinta es cometer un atropello, pues la náutica no solo es un atractivo turístico y económico sino también es un escape y un desahogo para muchas personas que viven en Canarias y que, tras cumplir con sus obligaciones, solo quieren disfrutar con su familia y amigos de esta actividad, aprovechando el clima del que gozamos todo el año y el mar del que estamos rodeados”.

Asimismo, Carlos Ester aboga por “armonizar” los requisitos y exigencias en toda Canarias para que “no haya diferentes horarios, cierres injustificados o reglas en un municipio que son completamente diferentes al que se aplica en otros municipios colindantes”.

“Canarias no puede seguir viviendo de espaldas al mar más aún cuando, por nuestro clima, somos un paraíso para la práctica de cualquier deporte y actividad náutica todo el año”, aseguró el diputado popular, quien pidió “poner todos los instrumentos y herramientas necesarias para lograr una entrada al mar accesible y asequible para todos”, concluyó.