9 de julio de 2014.- La nueva Ley de Armonización y Simplificación “ni armoniza el planeamiento ni simplifica los procedimientos”, según explicó el  portavoz en asuntos medioambientales y del territorio del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Jorge, quien calificó el texto aprobado por CC y PSOE como “un nuevo disparate intervencionista del Ejecutivo de Rivero”.

“No hay una sola persona o institución en Canarias, pública o privada, que respalde esta iniciativa del Gobierno”, aseguró Miguel Jorge en la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por los populares solicitando la devolución del texto. En este sentido, se refirió al “durísimo” dictamen emitido por el consejo Consultivo de Canarias, que plantea serias dudas incluso sobre la constitucionalidad de la nueva norma.

El parlamentario popular advirtió que la Ley complicará todavía más la posibilidad de realizar inversiones productivas en las Islas, “al añadir más trabas, rigideces innecesarias e inseguridad jurídica, a la actual legislación”.

Miguel Jorge acusó al Ejecutivo de Rivero de “romper las reglas del juego cada vez que presenta un Proyecto de Ley, con un planteamiento cada vez más centralista, que pretende perpetuar el poder absoluto en el Gobierno de Canarias y la COTMAC, un sistema de planificación y desarrollo que ha resultado un absoluto fracaso”.

Para los populares supone “un auténtico desastre” que ninguno de los municipios turísticos del Archipiélago tenga actualizado su planeamiento, y recuerdan que solo 25 de los 88 municipios de Canarias lo tienen en vigor. “De hecho, en los últimos tres años el Gobierno de Canarias solo ha sido capaz de aprobar los planes urbanísticos de tres municipios, lo que supone un verdadero desastre para nuestra economía y para la protección del medioambiente”, afirmó Miguel Jorge.

Como ocurriera con la Ley de Renovación Turística, la nueva “imposición legislativa” del Gobierno regional margina la intervención de cabildos y ayuntamientos en el desarrollo del planeamiento, “insistiendo en un modelo centralista que ignora la realidad territorial del archipiélago y desprecia las peculiaridades socio-económicas de los diferentes modelos de desarrollo que conviven en las Islas”.

El Partido Popular muestra también su rotundo rechazo al sistema de acreditación profesional que quiere imponer el Gobierno a los técnicos para intervenir en el desarrollo del planeamiento urbanístico, una exigencia que abre la puerta a la arbitrariedad de la Administración autonómica, y que atenta con el libre ejercicio profesional garantizado en todo el ámbito de la Unión Europea.