El PP trasladará al Gobierno su preocupación por la paralización de obras e inversiones públicas en las islas no capitalinas

viernes 5 de abril de 2024
  • Las continuas derivaciones de pacientes de otras islas a los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, las repercusiones sobre el cierre del anillo insular tras la sentencia del TSJC y las claves para regular el uso de la vivienda turística serán otras de las preguntas en la sesión de control
  • Asimismo, pedirán información sobre el incremento en la atención a las personas más vulnerables y sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Justicia en Canarias
  • Presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas para garantizar el control de seguridad alimentaria en los productos procedentes de terceros países

El Grupo Parlamentario Popular trasladará al Gobierno de Canarias su preocupación por los problemas que sufren las islas no capitalinas con la paralización constante de obras e inversiones públicas y preguntará al presidente Clavijo por las medidas que piensa poner en marcha para solucionarlo.

Asimismo, en la sesión de control al Gobierno, los populares se interesarán por los motivos de las continuas derivaciones de pacientes de otras islas a los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, por las repercusiones que tendrá para la ejecución del cierre del anillo insular la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por las claves del nuevo anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso de la vivienda turística.

En el apartado de comparecencias, los diputados del PP solicitarán información sobre el incremento en la atención a las personas más vulnerables y sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Administración de Justicia de Canarias.

Por último, los populares defenderán dos Proposiciones No de Ley (PNL): la primera, conjuntamente con el resto de los grupos parlamentarios, para la puesta en marcha de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad; y la segunda, en la que se insta al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas para garantizar el control de seguridad alimentaria en los productos procedentes de terceros países.

 

 

 

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