El PP exige la puesta en marcha de la Ley de autónomos aprobada en 2014

jueves 20 de octubre de 2016

El diputado Jorge Rodríguez denuncia que el Gobierno de Canarias lleva dos años ignorando el mandato unánime del Parlamento. 

20 de octubre de 2016.- El Partido Popular exigió hoy al Gobierno de Canarias la inmediata puesta en marcha de la Ley de apoyo a los autónomos, aprobada hace más de dos años en la Cámara regional, y acusó a la consejera de empleo, Patricia Hernández, de ignorar el mandato unánime del Parlamento.

El portavoz del Partido Popular en asuntos económicos, Jorge Rodríguez, recordó que en Canarias hay más de 116.000 autónomos esperando por el desarrollo de esta ley, que prevé medidas de formación, apoyo económico e incentivos fiscales para este colectivo, así como la creación de una Consejo de Apoyo al Emprendimiento y un Plan cuatrienal de intervención.

“Los autónomos canarios son auténticos héroes, que cada día arriesgan sus recursos y dedican su tiempo a crear riqueza, son el auténtico tejido productivo de las Islas, y hasta ahora lo único que han encontrado en la Administración regional son obstáculos para sacar adelante sus actividades”, afirmó Jorge Rodríguez.

El portavoz popular aseguró no entender por qué esta competencia no se enmarca en el ámbito de la Consejería de Economía, “como sería más razonable”, y lamentó que la vicepresidenta Patricia Hernández se haya atribuido unas políticas “que en lugar de impulsar ha paralizado en el último año”.

La Ley 5/2014 de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las PYMES en la Comunidad Autónoma de Canarias, fue aprobada en la anterior legislatura con el voto unánime de toda la cámara regional, aunque transcurridos dos años sigue sin desarrollarse.

Durante la comparecencia de Patricia Hernández en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a instancias del Grupo Popular, Jorge Rodríguez destacó que uno de cada cuatro empleos lo generan los emprendedores y autónomos de las Islas, e insistió en la necesidad de “cumplir con el mandato parlamentario y dar respuesta a las justas demandas de un colectivo imprescindible para consolidar la recuperación económica en Canarias”.

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