Víctor Moreno exige al Gobierno canario que sancione esta infracción grave de la Ley, que podría multarse con 500.000 euros

11 de marzo de 2013.- El diputado autonómico del Partido Popular, Víctor Moreno, criticó hoy la “deriva amarillista y sensacionalista” de Radiotelevisión Canaria, que le ha llevado a emitir en su programación de tarde, en pleno horario infantil, imágenes del cuerpo descuartizado de la víctima mortal de un accidente de tráfico, incumpliendo gravemente la Ley General Audiovisual.

El pasado jueves, 7 de marzo, el programa “En Abierto”, que se emite diariamente a partir de las 19,25 horas, ofreció imágenes del cuerpo mutilado de la víctima de un atropello en el sur de Tenerife. “Es una clara violación, no solo de la intimidad del fallecido y sus familiares, sino de los derechos de los menores, y encima por la cadena pública que sostenemos todos los canarios”, dijo Moreno, quien señaló que RTVC podría afrontar sanciones de hasta 500.000 euros.

“Ya va siendo hora de poner coto a esta tendencia peligrosa de Guillermo García desde que está al frente de RTVC, con una programación literalmente trufada de todo tipo de sucesos e imágenes duras que dañan la sensibilidad del espectador de cualquier edad, y prima el sensacionalismo a la información veraz”, afirmó.

El diputado popular exigió al presidente del Gobierno que tome las medidas que establece la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, cuyo artículo 7 prohíbe expresamente la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y determina que su emisión en abierto se ceñirá a la franja entre las 22 y las 6 horas, y siempre precedidos por un aviso acústico y visual.

Según el artículo 58 de la citada norma, la infracción de este artículo es considerada grave, y requiere que la comunidad autónoma ejerza sus competencias para sancionar estos hechos y garantizar el respeto a la integridad de los menores. Estas infracciones, según el artículo 60.2, acarrean una sanción de entre 100.000 y 500.000 euros, y ha de imponerlas la Comunidad autónoma.

Moreno recordó que el pasado año el Gobierno aprobó la creación de la Inspección de Medios de Comunicación, con el cometido de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia audiovisual. “Es hora de que Rivero de algún uso a alguno de estos organismos que articula y terminan siendo totalmente improductivos”, concluyó.