Jorge Rodríguez considera “erróneo” prescindir de 30 sedes de atención al ciudadano, lo que podría incrementar el fraude fiscal

13 de marzo de 2013.- El diputado autonómico del Partido Popular, Jorge Rodríguez, manifestó hoy que la decisión “unilateral y errónea” del Gobierno de Canarias de cambiar el método de recaudación de los impuestos cedidos podría suponer una merma de 90 millones de euros anuales para la comunidad autónoma, e incrementar el fraude fiscal en las islas.

“El Ejecutivo regional se escuda en un supuesto ahorro de unos diez millones para suprimir 30 sedes de atención al ciudadano, para no renovar el Convenio con el Colegio Profesional de Registradores de la Propiedad, lo que constituye un acto abusivo y de desviación de poder”, afirmó Rodríguez, quien justificó la oposición del Grupo Popular a esta decisión, que “elimina un sistema que se ha desarrollado con excelentes resultados y se mantiene en prácticamente toda España”.

“Además del perjuicio económico por no seguir investigando la lucha contra el fraude con los medios personales y materiales con que contaban las oficinas, el  Archipiélago afronta una importantísima pérdida, de la que ya advierte el informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda”, aseguró.

El diputado del PP dijo no comprender el sentido de una decisión “que supone una disminución de los ingresos, un aumento del déficit y una reforma administrativa de calado no prevista en el plan de ajuste aceptado para la concesión de apoyo del Fondo de Liquidez Autonómico”. Según apuntó, se desvirtúa el consenso alcanzado con el Gobierno de la Nación, “desconocedor de unos cambios que afectan a la previsión mensual de los tributos cedidos”.

Sistema menos eficaz

En este sentido, se refirió al cierre de siete sedes comarcales, ocho oficinas descentralizadas y quince oficinas de extensión, en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Palma, con servicio público al 70% de la población y atención personalizada a 15.000 canarios. “El sistema que propone el Gobierno canario es mucho menos eficaz”, apostilló.

Rodríguez concluyó indicando que “el trabajo material y llevanza ordinaria implica una alta especialización por parte de los empleados que no puede improvisarse en tan breve espacio de tiempo, y pretender suplirlo con un servicio web o con oficinas insulares supondrá un grave perjuicio y dificultará el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas con la Hacienda canaria”.