La diputada autonómica Milagros Bethencourt, reveló hoy en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias va a dejar desamparados al 85% de los propietarios de las viviendas afectadas en las riadas del mes de febrero de 2010 en las islas, que afectaron muy especialmente al núcleo de Tabaiba (Tenerife). “Tan solo 90 de los 601 solicitantes percibieron ayuda, lo que evidencia el serio problema de liquidez y la desidia del Gobierno regional”, argumentó.

La diputada del PP considera “especialmente grave” que la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, “haya demostrado que no solo incumple, sino además desconoce el contenido de sus propios decretos, pues argumentó que las 500 solicitudes se denegaron por ser segundas viviendas, cuando el artículo 4.B del Decreto 12/2010 reconoce ayudas de hasta 12.000 euros por daños en vivienda no habitual”.

“Ignoramos en qué piensa el Ejecutivo autonómico cuando diseña estos decretos de ayuda que desprotegen a más de 500 canarios, una verdadera tomadura de pelo a personas en una situación desesperada que han perdido parte de sus pertenencias en una catástrofe natural, y tres años después no han percibido ni un euro”, denunció Bethencourt.

En este sentido, recordó que el Ejecutivo regional debe aún 567.000 euros a las 321 familias canarias a las que se concedió una ayuda de emergencia por la riada, y que llevan tres años esperando. “La consejera no dio explicaciones, y encima nos llamó “cansinos” por reclamar el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló.

Años sin pagar

En la actualidad, permanecen vivos cinco decretos del Gobierno regional con ayudas por siniestros acaecidos en las islas, dos de ellos desde 2009, con más de 500 expedientes aprobados e impagados.

“Estos expedientes, algunos con casi 5 años de antigüedad no pueden quedarse eternamente sin abonar, causando un perjuicio irreparable a personas con nombres y apellidos”, aseguró la diputada del PP, quien animó a Rojas a tomar ejemplo del Gobierno de la Nación, “que pagó en tiempo y forma desde hace meses, por ejemplo, las ayudas de los incendios de 2012”.

Milagros Bethencourt, concluyó recordando que los propios decretos prevén la posibilidad de realizar modificaciones inmediatas en el presupuesto cuando suceden situaciones de emergencia de esta naturaleza, por lo que “alargar la resolución de estos problemas solo demuestra insensibilidad y pésima gestión”.