Australia Navarro: “Los Derechos Sociales siguen siendo la asignatura pendiente del gobierno de Torres”

lunes 26 de octubre de 2020
  • La presidenta popular lamenta que Canarias sea la tercera comunidad de toda España con peor desarrollo del sistema de Servicios Sociales y que la cobertura efectiva de prestaciones y servicios siga siendo una de las más bajas con relación a la media estatal
  • “En Derechos Sociales, Dependencia y Discapacidad, la realidad  choca frontalmente con el escudo social que el Gobierno se empeña en vendernos y un espejismo en una comunidad con el 35% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social”
  • Poli Suárez reclama al Gobierno de Canarias la gestión del Ingreso Mínimo Vital, “como lo hacen Navarra y el País Vasco”
  • El portavoz popular de Derechos Sociales en el Parlamento autonómico reclama  la puesta en marcha de diversos planes que mejoren la situación en materia de Discapacidad, Igualdad, Dependencia y Juventu

La presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, ha afirmado hoy que, en el área de Derechos Sociales, el Gobierno de Canarias viene realizando en los últimos 15 meses una gestión “caótica, con falta de previsión y con nefastas consecuencias para el tejido social del Archipiélago, que deja en absoluto desamparo a las personas más desfavorecidas y vulnerables de nuestra sociedad”.

Así se expresó hoy Australia Navarro durante una rueda de prensa para valorar la gestión del Ejecutivo regional en materia de Derechos Sociales, en la que estuvo acompañada del presidente del Partido Popular de Gran Canaria y portavoz popular de Derechos Sociales en el Parlamento autonómico, Poli Suárez.

La dirigente del PP canario acusó al gobierno de Ángel Víctor Torres de  no haber sido “capaz” de cumplir con las expectativas y con las necesidades reales de Canarias, “agravadas en los últimos meses por las severas consecuencias que nos está dejando la pandemia del coronavirus”, indicó.

“El desarrollo de los Derechos Sociales en Canarias sigue siendo la gran asignatura pendiente del gobierno de Torres”, sentenció Australia Navarro, quien explicó que la crítica que realiza su formación política no es “gratuita, está más que fundamentada”, añadió.

Sobre este aspecto, la presidenta popular hizo referencia a la Ley de Servicios Sociales “que desde hace 15 meses permanece en el cajón de los asuntos pendientes de la Consejería, esperando a que la consejera o el propio presidente del Gobierno decidan qué hacer con ella”.

La portavoz del PP en el Parlamento regional lamentó que Canarias sea la tercera comunidad de toda España con “peor desarrollo” del sistema de Servicios Sociales y que la cobertura efectiva de prestaciones y servicios siga siendo “una de las más bajas” con relación a la media estatal. “Además, los solapamientos y las ineficiencias actuales son un lastre para el desarrollo de los Derechos Sociales de los canarios, por la incapacidad del Gobierno para eliminar las duplicidades y coordinar la prestación de los servicios con los Cabildos y ayuntamientos”, añadió.

“Ante estos hechos, podemos afirmar con rotundidad que el Gobierno autonómico actúa con negligencia e irresponsabilidad. Negligencia e irresponsabilidad que pagamos todos los canarios; especialmente los menos favorecidos”, subrayó Australia Navarro.

 “Desde el Partido Popular nos preguntamos, sin obtener respuesta alguna, qué más tiene que ocurrir, qué más nos queda por ver y padecer para que el Gobierno de Canarias comience a actuar con eficacia, porque el panorama en las Islas es desolador y ahí están los datos, 86.000 hogares con todos sus miembros en paro y más de 2.600 mayores fallecidos en las Islas, entre marzo y julio, esperando por las ayudas a la dependencia a las que tenían derecho. Un 20% de exceso de mortalidad, según el Imserso”.

 Durante su intervención, Australia Navarro hizo referencia a la situación de las Islas en materia de Dependencia. “Seguimos en el pelotón de los rezagados”, señaló. “Canarias es la comunidad autónoma con peor tasa de cobertura de todo el país. Un dependiente tiene menos de la mitad de posibilidades de recibir una prestación que una persona dependiente en cualquier otra comunidad”.

“Seguimos sin reducir la alta tasa de personas desatendidas – denunció la presidenta popular- un 23% de los canarios con derecho a una prestación no la reciben y continúa la trampa estadística de dejar de valorar a las personas solicitantes para no aumentar la lista de espera. Cuando la media estatal de personas sin valorar es del 8%, en Canarias es del 31%; 17.196 solicitantes enredados en la maraña burocrática a la espera de valoración”.

Para Australia Navarro la gestión del Gobierno en el ámbito de la Discapacidad también suspende. “Que, a día de hoy, 15.000 canarios estén esperando por un reconocimiento de discapacidad supone un auténtico fracaso, como tampoco es de recibo el tiempo de espera desde la solicitud hasta la resolución, más del doble que la media nacional. Es incomprensible que un canario tarde 8 veces más en obtener el reconocimiento oficial que un ciudadano de Castilla y León, que apenas espera tres meses”, comentó.

 “La realidad –continuó la portavoz del PP-  choca frontalmente con el escudo social que el Gobierno se empeña en vendernos y un espejismo en una comunidad con el 35% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social y con 335.000 canarios que sobreviven en situación de pobreza severa. Un escudo social, en definitiva, invisible y reducido a fines propagandísticos”.

 Por último, Australia Navarro denunció que el Ingreso Canario de Emergencia solo haya llegado a 3 de cada 10 familias vulnerables que lo han solicitado y que  el Ingreso Mínimo Vital haya dejado fuera a casi 70.000 solicitantes. “Por todo ello, desde el Partido Popular exigimos al Gobierno y a la Consejería acción inmediata, que reaccione, que se ponga de una vez manos a la obra y que esclarezca salidas, posibilidades que garanticen todo lo necesario para que esta terrible situación no melle aún más el futuro de nuestras Islas y de nuestra gente”, concluyó.

Propuestas

Por su parte, el presidente del PP de Gran Canaria y portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular en el Parlamento regional, Poli Suárez, aseveró que su formación ha aportado una serie de medidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la situación social de Canarias. Propuestas que, a día de hoy, “no ha tenido en cuenta” la Consejería de Derechos Sociales.

Entre las aportaciones del PP de Canarias, Poli Suárez destacó la necesidad de desarrollar un plan de empleo específico para el área, valorado en 10 millones de euros, en el que participen los ayuntamientos, cabildos y los distintos colegios sociales, con el objetivo de reducir las listas de espera en el ámbito de los servicios sociales en el Archipiélago y corregir las actuales deficiencias.

Poli Suárez hizo hincapié en la necesidad de crear un plan de empleo para los jóvenes que contribuya a mejorar la empleabilidad; además de garantizar a los menores de 30 años una oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo o acción formativa.

En este sentido, el portavoz parlamentario popular reclamó a la Consejería de Derechos Sociales un plan de formación para jóvenes desempleados y para aquellos que no hayan completado la formación obligatoria o carezcan de titulación. “La mejor política social es el empleo y por tanto crear las condiciones necesarias para que los sectores productivos puedan hacerlo es la clave”, afirmó.

El diputado autonómico del PP insistió en la necesidad de reforzar las políticas públicas y las inversiones que promuevan un marco efectivo de protección social para la infancia. “Canarias es la segunda comunidad de España donde existe mayores riesgos de pobreza entre la población infantil. A esta realidad no podemos dar la espalda, es hora de actuar”, comentó.

Suárez también requirió al Gobierno autonómico la puesta en marcha del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, así como la Ley para el Tercer Sector y el Plan Canario para la Igualdad e insistió en la necesidad de que Canarias pueda gestionar directamente el Ingreso Mínimo Vital, como así lo hacen otras comunidades autónomas como Navarra y el País Vasco.

 

 

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