La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Turismo, Astrid Pérez, manifestó hoy que el Gobierno de Canarias pretende ocultar las discrepancias del Estado respecto a la constitucionalidad de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y la prohibición de construir hoteles de menos de cinco estrellas.

El Gobierno de la Nación ha manifestado sus dudas respecto a la validez del artículo 4.2 de esta Ley, “dando la razón al Grupo Popular cuando advirtió durante el trámite parlamentario sobre el intervencionismo de Paulino Rivero, y asumiendo los argumentos que también han defendido el Cabildo de Gran Canaria y un nutrido grupo de empresarios de las islas, respecto a que se obstaculiza la inversión y la construcción de establecimientos hoteleros”, declaró Pérez.

Dos meses después de haberse comunicado estas discrepancias, que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias acordó remitir al Tribunal Constitucional, el Gobierno regional ha incumplido su obligación de publicar esta discrepancia en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

“En lo que va de año, el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, ha publicado hasta cuatro acuerdos similares en el BOC –argumentó la diputada del PP-, y ahora parece que quieren ocultar que una de sus normas estrella en esta legislatura podría ser inconstitucional”.

Según los términos del acuerdo, firmado el 25 de julio de 2013 por el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, y el Ministro Cristóbal Montoro, se decidió designar un grupo de trabajo para proponer la solución que proceda, “a la vista de que las tesis de CC son un claro obstáculo al crecimiento y el empleo en las islas a través de la renovación de la planta hotelera obsoleta”, insistió.

“Estos visos de inconstitucionalidad se unen a las críticas que ya habían expresado el Consejo Económico y Social, las Universidades y hasta los sindicatos”, concluyó Pérez, para quien Rivero “está cada vez más solo en su defensa de la moratoria”.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Canarias del vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, para que “en su condición de consejero de Sostenibilidad, aclare los controles medioambientales realizados a la Refinería de Santa Cruz”.

“El Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Canarias son las administraciones competentes para vigilar la calidad del aire que respiramos y actuar en consecuencia”, aseguró Cristina Tavío, “y mientras la Justicia no diga lo contrario, debemos entender que han hecho bien su trabajo”.

La diputada popular, y también portavoz en el Ayuntamiento de Santa Cruz, aseguró no entender “el silencio oficial y las evasivas, ante las alarmantes noticias que venimos conociendo últimamente, desde que la semana pasada la Fiscalía decidió investigar un posible delito contra el medio ambiente”.

“El Gobierno y el Ayuntamiento disponen de medios para el control de las emisiones contaminantes, y no parece muy responsable permitir que se alarme a la población de esta forma, en lugar de informar y aclarar las cosas”, aseguró Cristina Tavío.

Tavío consideró “una irresponsabilidad mezclar este serio asunto con el de la continuidad de la Refinería, porque en los ochenta años que lleva funcionando, no ha existido peor momento que este para plantear un hipotético desmantelamiento, dada la grave crisis económica que vive Santa Cruz, con casi 30.000 ciudadanos sin empleo”.

La diputada popular pidió “prudencia y sensatez” a la hora de abordar este asunto, y aunque aseguró a ella “tampoco” le gusta la Refinería en la entrada de la capital, “esta industria tiene un valor fundamental en el desarrollo económico y social de Santa Cruz y su puerto, en el abastecimiento energético de Canarias y en los intereses geoestratégicos de nuestro país”.