La diputada del PP afirma que el retraso de 20 años en esta obra evidencia que con CC y PSOE hay “islas de primera y de segunda”

6 de marzo de 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular por Lanzarote, Astrid Pérez, criticó hoy “la demagogia con que el Gobierno de Canarias toma el pelo a nuestra isla, postergando injustificadamente el proyecto del Palacio de Congresos de Arrecife, que acumula más de 20 años de retraso”.

La parlamentaria popular criticó en Comisión parlamentaria la insuficiente respuesta del Ejecutivo regional, “que sigue desviando culpas hacia el Gobierno de la Nación, con el único fin de justificar el desequilibrio inversor en Lanzarote y la nula financiación en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2013 para una obra que cuenta con proyecto aprobado y suelo disponible”.

“El desinterés mostrado por CC y PSOE, evidencia que para este Gobierno sigue habiendo islas de primera y de segunda, por más que contemos con dos millones de turistas anuales y un desempleo que afecta al 40% de nuestra población activa”, denunció.

Pérez relató que el Ayuntamiento de Arrecife cedió en 2009, gobernando el Partido Popular, cerca de 16.000 metros cuadrados de terreno, valorado aproximadamente en dos millones de euros, y en apenas dos años adjudicó el proyecto, efectuó las modificaciones necesarias en el planeamiento urbanístico y recabó de la Demarcación de Costas las autorizaciones oportunas.

Financiación público-privada

La diputada popular por Lanzarote recordó que durante décadas se contempló esta obra en el Presupuesto de la comunidad autónoma, “pero estos fondos que el Gobierno preveía para acallar su conciencia, siempre terminaban desviándose a otras islas como consecuencia de la falta de voluntad y compromiso del Ejecutivo regional con los conejeros”.

En este sentido, recomendó al Gobierno regional que cambie sus prioridades, que le han llevado a destinar cantidades millonarias “a programas de dudosa calidad” en la Televisión Canaria, y a sostener “lujos que no nos podemos permitir, como el Diputado del Común, las embajadas en el Exterior o el Comisionado para el Autogobierno”.

“Con los 70 millones que RTVC gastará entre 2012 y 2013, hubiera bastado para financiar dos auditorios”, declaró Astrid Pérez, quien recordó al Gobierno que hay decenas de empresarios “deseando invertir en el sector y participar en la financiación de este tipo de proyectos, como reiteradamente han recordado las patronales de la construcción de las dos provincias”.

Emilio Moreno reconoce que “1.586 quejas al año no justifican una institución que nos costó casi 3 millones de euros en 2012”

5 de Marzo de 2013.-  El diputado autonómico del Partido Popular de Canarias, Emilio Moreno, reveló hoy que “cada queja ciudadana presentada a lo largo de 2012 al Diputado del Común representó un gasto público de 1.828 euros” según el informe anual presentado por esta institución al Parlamento esta semana.

Moreno señala que “el informe del Diputado del Común reconoce que en los 12 meses del año pasado sólo recibió 1.586 quejas de los más de 2.216.000 ciudadanos canarios, mientras que los canarios se gastaron en el mismo periodo 2,9 millones de euros públicos para mantener la institución”.

“Año tras año, el Partido Popular viene advirtiendo que el mantenimiento del Diputado del Común es un lujo para la sociedad canaria y que sus funciones deberían ser asumidas por el propio Parlamento de Canarias y por sus 60 diputados, ofreciendo el mismo servicio y ahorrando mucho dinero al contribuyente”.

Emilio Moreno indicó que “el informe anual del Diputado del Común confirma, año tras año, que es una institución ajena a los canarios -apenas el 0,07% de la población presenta alguna queja- y no se sostiene que siga gastando millones de euros cada año en una red propia de asesores y oficinas en las 7 islas de la Comunidad”.

El diputado popular reitera que “el ciudadano canario no necesita el Diputado del Común. Dispone de registros en todas las sedes de las administraciones públicas canarias que están habilitados para dirigir sus quejas; cuenta con la vía de dirigirse al Parlamento regional, y, en última instancia, como todos los españoles, tiene a su servicio al Defensor del Pueblo”.