• Para la presidenta del Partido Popular de Canarias, “las cuentas de Sánchez ignora nuestro Estatuto de Autonomía y se burla de nuestro fuero”
•  Guillermo Mariscal: “Estos presupuestos no generan confianza, no atraen inversiones y no contemplan las peculiaridades de Canarias”
•   Ana Zurita: “Son irreales, están desfasados y no responden al momento que vive Canarias. Nos condena a la miseria y a la pobreza”

• “Durante unos 20 días las Islas habrán recibido a miles de visitantes sin ningún tipo de garantía, procedentes de la Península y Europa, donde la pandemia está descontrolada”
• El PP considera un error trasladar a los establecimientos turísticos la verificación de los test, y cuestiona qué ocurrirá con quienes no se alojen en ellos

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta de los populares canarios, Australia Navarro, insistió hoy en que “el Gobierno de Ángel Víctor Torres está jugando con fuego en el control sanitario de los visitantes que llegan a Canarias”, y aseguró que el decreto aprobado en el Consejo de Gobierno de ayer “es una medida insuficiente, que entrará en vigor demasiado tarde, y que no garantiza la salud de los canarios ni de quienes llegan a nuestras Islas”.

Una semana después de la reapertura de los mercados británico y alemán, el decreto regulador todavía no aparece hoy viernes en el Boletín Oficial de Canarias, y sus medidas no entrarán en vigor hasta diez días hábiles después de su publicación.

“En la práctica, esto supone que durante un período de unos veinte días las Islas habrán recibido a miles de visitantes de zonas donde el contagio está descontrolado, moviéndose por el archipiélago sin ningún tipo de control sanitario”, afirmó Navarro, lo que a su juicio representa “una absoluta irresponsabilidad y un serio riesgo epidemiológico, porque la pandemia nos ha demostrado que bastan un par de días para que todo cambie y los buenos resultados se vengan abajo”.

Los populares canarios recuerdan que en Alemania la incidencia acumulada de casos prácticamente duplica a la de las Islas, con 148 casos por cada cien mil habitantes, mientras en Reino Unido la tasa se multiplica por cinco con respecto a la canaria, con 394 casos, y en la Península se supera los 450 casos.

“No parece muy sensato ni prudente que mientras en el continente europeo todas las regiones y países blindan sus territorios ante el descontrol de los contagios, aquí nos dediquemos a recibir a miles de visitantes procedentes de esas zonas sin ningún tipo de garantía, porque el gobierno del señor Torres no hizo los deberes correctamente en su momento”, afirmó Australia Navarro.

El Partido Popular considera un acierto exigir los test en origen antes de viajar a las Islas, como venía pidiendo desde hace meses en el Parlamento de Canarias, pero no comparten la decisión de trasladar la responsabilidad de su control a los empresarios y trabajadores del sector turístico, pues no es su competencia ni tienen los medios para verificar la autenticidad o calidad de los resultados de un test. Además, advierten que los visitantes que no utilizan un alojamiento turístico seguirán estando fuera de control.

“Además del riesgo sanitario, la apertura de los mercados turísticos de la que tanto presume el presidente Torres puede convertirse también en una trampa para el propio sector, al que terminará de arruinar si vuelven a aumentar los contagios y nos obligan a un nuevo aislamiento del archipiélago”, concluyó Australia Navarro.

La incidencia acumulada por cien mil habitantes en Canarias se sitúa actualmente en 77 casos, y viene registrando una notable mejoría desde principio del pasado mes de septiembre, cuando se alcanzó un pico estadístico cercano a los 200 casos.

• “Las reformas del REF y del Estatuto aprobadas con el último Gobierno del PP en 2018 no son negociables, son Ley, y el Gobierno del PSOE y Podemos tiene que cumplir la ley con Canarias”.
• Las cuentas sitúan a Canarias como la penúltima comunidad en gasto por habitante, no incluyen los principales convenios y condicionan buena parte de los recursos a fondos europeos que están en el aire.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta de los populares en Canarias, Australia Navarro, aseguró hoy que “los presupuestos de Pedro Sánchez son una auténtica estafa que no podemos consentir, son unas cuentas que no cumplen con las Islas y nos condenan al paro, la pobreza y la miseria”, al tiempo que exigió al presidente “más respeto” por el fuero económico y fiscal canario y su “cumplimiento íntegro”.

“Las reformas del REF y del Estatuto aprobadas con el último Gobierno del PP en 2018 no son negociables, son ley, y el Gobierno del PSOE y Podemos tiene que cumplir la ley con Canarias, como hace con los fueros vasco o navarro”, aseguró la líder de los populares en las Islas.

“Seguro que ni Sánchez ni Iglesias tienen el valor para hacerle esto mismo al País Vasco, a Navarra o a los independentistas catalanes, que es a donde irán a parar los recursos que el Gobierno pretende ahorrarse en Canarias”, afirmó Australia Navarro.

Los populares consideran inadmisible que, tres años después de la aprobación del nuevo REF y la reforma del Estatuto, Canarias siga figurando como la penúltima comunidad en gasto por habitante, con 168 euros, cuando el Gobierno de la Nación está obligado por ley a igualarnos como mínimo a la media del país, que se sitúa en 258 euros.

“Las cuentas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son una tomadura de pelo  para las Islas, no contemplan los principales convenios con Canarias, rebajan nuestra financiación autonómica respecto a 2018, y condicionan buena parte de los recursos asignados a un Fondo de Recuperación y Resiliencia que a estas horas está en el aire, porque dependerá de Europa y de los proyectos presentados”, denunció Australia Navarro.

Los populares canarios recuerdan que, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno del Partido Popular en 2018, la economía de las Islas crecía al 2´4% y se creaban más de 41.000 empleos al año, mientras hoy el paro alcanza al 25% de la población y nuestro PIB se ha desplomado más de un 20%.

“Somos la economía más castigada de todo el país por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y ahora también nos castiga el gobierno de Sánchez y Podemos, quitándonos hasta el Plan de lucha contra la pobreza, más necesario hoy que nunca”, aseguró Australia Navarro.

• El presidente del Grupo Popular, Manuel Domínguez, señala que Canarias es la tercera comunidad donde más han subido este tipo de denuncias
• Pide la creación de una oficina de atención a las víctimas de este delito que traslade los casos a la Fiscalía o a la Delegación del Gobierno
• “Los datos muestran que se trata de un problema creciente en las Islas, con más de 300 denuncias en el primer semestre del año”

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, acusó hoy a PSOE y a Podemos de “respaldar” la ocupación ilegal de viviendas tras votar en contra de una Proposición No de Ley donde se instaba al Gobierno de Canarias a comprometerse con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra este tipo de delitos.

La iniciativa, debatida en el Pleno del Parlamento y que también fue rechazada por Nueva Canarias y la Asociación Socialista Gomera, solicitaba además la creación de un oficina de atención a los canarios víctimas de ocupación ilegal con un teléfono gratuito, que trasladara los casos a la Fiscalía o la Delegación del Gobierno, que informara sobre los pasos a seguir ante esta realidad y que estuviera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante su intervención, Domínguez señaló su extrañeza por la negativa de los partidos del pacto a defender el derecho constitucional a la propiedad privada y recordó que “en el primer semestre del año, en Canarias se han contabilizado más de 300 denuncias, lo que supone un 15% más con respecto al año anterior y nos sitúa en la tercera comunidad dónde más han aumentado estos casos, sólo por detrás de Galicia y Murcia”.

“Las cifras demuestran que se trata de un problema creciente en las Islas al que hay que ponerle freno, y que nada tiene que ver con el apoyo y la protección de aquellas familias que se encuentran en situación de emergencia social y vulnerabilidad”, explicó Domínguez, quién requirió también “una estrategia conjunta de las áreas de Vivienda y Justicia que permita coordinar las actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales”.

El diputado popular condenó el rechazo tanto a esta iniciativa como a la ley  antiokupa presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados que, además de garantizar los desalojos en 12 horas, incluía “definir la ocupación como delito, prohibir el empadronamiento de los okupas, facultar a las comunidades de propietarios para que pudieran ejercer la denuncia y luchar contra las mafias”.

Por último, Domínguez lamentó “el posicionamiento de aquellos que, por un lado, quieren regular los alquileres en nuestro país, y por otro, no ofrecen garantías y seguridad a los propietarios de estas viviendas ni se comprometen con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal”, concluyó.

• La presidenta popular lamenta que Canarias sea la tercera comunidad de toda España con peor desarrollo del sistema de Servicios Sociales y que la cobertura efectiva de prestaciones y servicios siga siendo una de las más bajas con relación a la media estatal
• “En Derechos Sociales, Dependencia y Discapacidad, la realidad  choca frontalmente con el escudo social que el Gobierno se empeña en vendernos y un espejismo en una comunidad con el 35% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social”
• Poli Suárez reclama al Gobierno de Canarias la gestión del Ingreso Mínimo Vital, “como lo hacen Navarra y el País Vasco”
• El portavoz popular de Derechos Sociales en el Parlamento autonómico reclama  la puesta en marcha de diversos planes que mejoren la situación en materia de Discapacidad, Igualdad, Dependencia y Juventu

La presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, ha afirmado hoy que, en el área de Derechos Sociales, el Gobierno de Canarias viene realizando en los últimos 15 meses una gestión “caótica, con falta de previsión y con nefastas consecuencias para el tejido social del Archipiélago, que deja en absoluto desamparo a las personas más desfavorecidas y vulnerables de nuestra sociedad”.

Así se expresó hoy Australia Navarro durante una rueda de prensa para valorar la gestión del Ejecutivo regional en materia de Derechos Sociales, en la que estuvo acompañada del presidente del Partido Popular de Gran Canaria y portavoz popular de Derechos Sociales en el Parlamento autonómico, Poli Suárez.

La dirigente del PP canario acusó al gobierno de Ángel Víctor Torres de  no haber sido “capaz” de cumplir con las expectativas y con las necesidades reales de Canarias, “agravadas en los últimos meses por las severas consecuencias que nos está dejando la pandemia del coronavirus”, indicó.

“El desarrollo de los Derechos Sociales en Canarias sigue siendo la gran asignatura pendiente del gobierno de Torres”, sentenció Australia Navarro, quien explicó que la crítica que realiza su formación política no es “gratuita, está más que fundamentada”, añadió.

Sobre este aspecto, la presidenta popular hizo referencia a la Ley de Servicios Sociales “que desde hace 15 meses permanece en el cajón de los asuntos pendientes de la Consejería, esperando a que la consejera o el propio presidente del Gobierno decidan qué hacer con ella”.

La portavoz del PP en el Parlamento regional lamentó que Canarias sea la tercera comunidad de toda España con “peor desarrollo” del sistema de Servicios Sociales y que la cobertura efectiva de prestaciones y servicios siga siendo “una de las más bajas” con relación a la media estatal. “Además, los solapamientos y las ineficiencias actuales son un lastre para el desarrollo de los Derechos Sociales de los canarios, por la incapacidad del Gobierno para eliminar las duplicidades y coordinar la prestación de los servicios con los Cabildos y ayuntamientos”, añadió.

“Ante estos hechos, podemos afirmar con rotundidad que el Gobierno autonómico actúa con negligencia e irresponsabilidad. Negligencia e irresponsabilidad que pagamos todos los canarios; especialmente los menos favorecidos”, subrayó Australia Navarro.

 “Desde el Partido Popular nos preguntamos, sin obtener respuesta alguna, qué más tiene que ocurrir, qué más nos queda por ver y padecer para que el Gobierno de Canarias comience a actuar con eficacia, porque el panorama en las Islas es desolador y ahí están los datos, 86.000 hogares con todos sus miembros en paro y más de 2.600 mayores fallecidos en las Islas, entre marzo y julio, esperando por las ayudas a la dependencia a las que tenían derecho. Un 20% de exceso de mortalidad, según el Imserso”.

 Durante su intervención, Australia Navarro hizo referencia a la situación de las Islas en materia de Dependencia. “Seguimos en el pelotón de los rezagados”, señaló. “Canarias es la comunidad autónoma con peor tasa de cobertura de todo el país. Un dependiente tiene menos de la mitad de posibilidades de recibir una prestación que una persona dependiente en cualquier otra comunidad”.

“Seguimos sin reducir la alta tasa de personas desatendidas – denunció la presidenta popular- un 23% de los canarios con derecho a una prestación no la reciben y continúa la trampa estadística de dejar de valorar a las personas solicitantes para no aumentar la lista de espera. Cuando la media estatal de personas sin valorar es del 8%, en Canarias es del 31%; 17.196 solicitantes enredados en la maraña burocrática a la espera de valoración”.

Para Australia Navarro la gestión del Gobierno en el ámbito de la Discapacidad también suspende. “Que, a día de hoy, 15.000 canarios estén esperando por un reconocimiento de discapacidad supone un auténtico fracaso, como tampoco es de recibo el tiempo de espera desde la solicitud hasta la resolución, más del doble que la media nacional. Es incomprensible que un canario tarde 8 veces más en obtener el reconocimiento oficial que un ciudadano de Castilla y León, que apenas espera tres meses”, comentó.

 “La realidad –continuó la portavoz del PP-  choca frontalmente con el escudo social que el Gobierno se empeña en vendernos y un espejismo en una comunidad con el 35% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social y con 335.000 canarios que sobreviven en situación de pobreza severa. Un escudo social, en definitiva, invisible y reducido a fines propagandísticos”.

 Por último, Australia Navarro denunció que el Ingreso Canario de Emergencia solo haya llegado a 3 de cada 10 familias vulnerables que lo han solicitado y que  el Ingreso Mínimo Vital haya dejado fuera a casi 70.000 solicitantes. “Por todo ello, desde el Partido Popular exigimos al Gobierno y a la Consejería acción inmediata, que reaccione, que se ponga de una vez manos a la obra y que esclarezca salidas, posibilidades que garanticen todo lo necesario para que esta terrible situación no melle aún más el futuro de nuestras Islas y de nuestra gente”, concluyó.

Propuestas

Por su parte, el presidente del PP de Gran Canaria y portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular en el Parlamento regional, Poli Suárez, aseveró que su formación ha aportado una serie de medidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la situación social de Canarias. Propuestas que, a día de hoy, “no ha tenido en cuenta” la Consejería de Derechos Sociales.

Entre las aportaciones del PP de Canarias, Poli Suárez destacó la necesidad de desarrollar un plan de empleo específico para el área, valorado en 10 millones de euros, en el que participen los ayuntamientos, cabildos y los distintos colegios sociales, con el objetivo de reducir las listas de espera en el ámbito de los servicios sociales en el Archipiélago y corregir las actuales deficiencias.

Poli Suárez hizo hincapié en la necesidad de crear un plan de empleo para los jóvenes que contribuya a mejorar la empleabilidad; además de garantizar a los menores de 30 años una oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo o acción formativa.

En este sentido, el portavoz parlamentario popular reclamó a la Consejería de Derechos Sociales un plan de formación para jóvenes desempleados y para aquellos que no hayan completado la formación obligatoria o carezcan de titulación. “La mejor política social es el empleo y por tanto crear las condiciones necesarias para que los sectores productivos puedan hacerlo es la clave”, afirmó.

El diputado autonómico del PP insistió en la necesidad de reforzar las políticas públicas y las inversiones que promuevan un marco efectivo de protección social para la infancia. “Canarias es la segunda comunidad de España donde existe mayores riesgos de pobreza entre la población infantil. A esta realidad no podemos dar la espalda, es hora de actuar”, comentó.

Suárez también requirió al Gobierno autonómico la puesta en marcha del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, así como la Ley para el Tercer Sector y el Plan Canario para la Igualdad e insistió en la necesidad de que Canarias pueda gestionar directamente el Ingreso Mínimo Vital, como así lo hacen otras comunidades autónomas como Navarra y el País Vasco.