• La presidenta del PP de Canarias urge a poner en marcha este protocolo, “con todas las garantías judiciales que requiere”
• “No podemos seguir esperando por el PSOE ni por el Gobierno de Pedro Sánchez que sigue sin tomar medidas mientras bloquea en el Senado la ponencia sobre el fenómeno migratorio”
• Insiste en que Canarias no puede asumir en solitario la incesante llegada de embarcaciones ni la tutela de más de 2.700 menores

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y  presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha exigido al presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, que reclame la activación del Acuerdo, suscrito en 2007, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada.

Navarro consideró que el presidente Torres “no puede esperar más por el Gobierno de Sánchez y debe tomar la iniciativa con la adopción, dentro de nuestro ámbito competencial, de iniciativas que contribuyan a paliar las consecuencias de este fenómeno”. “Desde luego, resaltó, el compromiso del PSOE con la crisis humanitaria que están viviendo las islas desde 2019 es cero como demuestra, entre otros temas, la negativa durante 3 años a instalar el SIVE en Lanzarote, desatender la petición de ayuda en la gestión de los menores no acompañados y, por último, la injustificable e inexplicable suspensión sine die de la comisión de estudio en la Cámara Alta que deja sin respuestas a las islas en inmigración”.

“La irresponsabilidad y la desidia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido en una de las peores etapas del fenómeno migratorio en las Islas contrasta con la rápida respuesta que sí se ofreció en Ceuta, donde se puso en marcha este protocolo, algo que puede servirnos de ejemplo para aplicarlo con todas las garantías judiciales que requiere”, recordó Australia Navarro.

En este sentido, Australia Navarro entiende que “el presidente Torres debe plantarse ya ante su jefe de filas en Madrid y exigir con contundencia medidas certeras y soluciones inmediatas, no sólo ante el repunte en la llegada de inmigrantes sino también para atender la ‘emergencia migratoria’ que está suponiendo para Canarias la atención de más de 2.700 menores migrantes no acompañados en solitario”.

“Así lo ha advertido hasta la propia consejera de Derechos Sociales quién solicitó recientemente una reunión de urgencia con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sin que hasta la fecha sepamos si esta solicitud ha sido atendida”, indicó Navarro, quién añadió “la única actuación de la que sí tenemos constancia es la del bloqueo de la ponencia en el Senado sobre el fenómeno migratorio”.

Para la popular, “el tiempo, la falta de medidas y los hechos nos demuestra que no podemos seguir esperando por el PSOE ni por el Gobierno de Pedro Sánchez, pues ha quedado claro que ni le importa ni le interesa Canaria y que su prioridad no pasar por establecer una hoja de ruta en materia de migración para evitar que Canarias sea el tapón de la inmigración irregular de Europa y la cárcel flotante para miles de seres humanos”.

“Desde que comenzó este año, 8 personas migrantes al día han muerto o desaparecido en la ruta canaria buscando una vida mejor; una tragedia humanitaria que el gobierno de PSOE y Podemos ha tenido ante sus ojos y no han hecho nada por impedir”, relató Australia Navarro, quién sentenció que “el PP no consentirá que el gobierno vuelva a convertir a Canarias, como ya hizo en 2020, en otra frontera europea sin derechos para las personas migrantes”.

• El diputado y portavoz de Derechos Sociales, Poli Suárez, aseguró que el informe realizado por el Diputado del Común sobre los centros de atención residencial para mayores en Canarias evidencia la inacción de la Consejería, que tiene la responsabilidad de la supervisión, control e inspección de estos recursos.
• Antes de analizar el documento, pidió disculpas a la sociedad canaria, al entender que esta situación “jamás debió producirse”. “Todos los presentes tenemos nuestra parte de responsabilidad: unos por haber permitido que sucediera; otros por no haber corregido estas deficiencias con premura; y nosotros por no haber traído antes el informe a esta Comisión”.
• Destacó la ignominia que se ha cometido sobre las personas mayores afectadas y sus familiares y pidió resolver urgentemente las lamentables deficiencias detectadas con el fin de restablecer el honor a esas personas, “por responsabilidad política y, sobre todo, por humanidad”.
• “Desde procedimientos administrativos incompletos o que no existen, hasta asuntos más graves como la falta de salubridad e higiene, en algunos casos alarmantes”, enumeró.
• Consideró que las prioridades deben ser velar para que todas las residencias de Canarias cumplan con la normativa vigente y garantizar que todos los mayores estén bien atendidos y en unas condiciones dignas.
• Sobre las justificaciones de la consejera de la herencia recibida, respondió que “si dos años no es tiempo suficiente para saber la responsabilidad que uno tiene entre manos; y si dos años no les parece tiempo suficiente para ejercer la supervisión, control e inspección de las residencias, quizá el problema es que no estén capacitados para hacerlo”.
• “Llega un momento en el que la excusa de la herencia recibida se agota y empiezas a generar tu propia herencia, tu cuota de responsabilidad”·
• Afirmó que el documento debe hacernos reflexionar a todos sobre las condiciones de vida de los mayores pero, muy especialmente, de cómo afrontar la mejora de los Servicios Sociales en Canarias.
• Para Poli Suárez, el informe evidencia la insuficiencia en el número de inspectores, las carencias en materia de Dependencia, y el déficit de “al menos doce mil plazas sociosanitarias”.
• Destacó que un 12% de las personas residentes en estos centros no disponen del dictamen de dependencia por retrasos en el procedimiento y recordó que actualmente hay más de 26.000 canarios en listas de espera, “enredados en la maraña burocrática”.
• Recordó asimismo que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor déficit de plazas sociosanitarias en relación con el número de habitantes y reclamó al Ejecutivo regional ejecutar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que “si avanza, lo hace a una lentitud extrema”.
• Ante estas situaciones “a todas luces insostenibles”, urge a la Consejería de Derechos Sociales a buscar soluciones inmediatas “si de verdad quiere mejorar los indicadores y si de verdad le importa el bienestar de los ciudadanos, en este caso de las personas mayores”.
• Reclamó al equipo de la Consejería “no atacar al mensajero”, recoger el guante ofrecido con este informe y valorar las propuestas, sugerencias y recomendaciones realizadas a todos los actores implicados en los centros de atención residencial.
• Volvió a tender la mano a la Consejería para ayudar. “Tienen nuestras propuestas, como el plan de empleo específico para Servicios Sociales o las medidas contenidas en la proposición no de ley para potenciar una vejez activa y saludable. Utilícenlas si con ellas podemos garantizar el bienestar de los ciudadanos y mejorarles la vida”.

• Lorena Hernández lamenta que la falta de planificación del Gobierno de Canarias y su incapacidad para llegar a acuerdos haya dejado hoy a cerca de 5.000 alumnos sin este servicio
• La diputada pregunta por qué la consejera esperó hasta el último momento para atender las demandas del sector y comenzar las negociaciones
• Insta a De Armas a buscar una solución urgente “ante el riesgo de que la huelga paralice todo el transporte regional y pueda afectar a 30.000 escolares”

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, reprochó hoy a la consejería de Educación el “caos” generado en el primer día del inicio escolar, “al haber dejado sin transporte escolar a cerca de 5.000 alumnos, tras confirmarse la huelga de transportistas en 400 de las 1.500 rutas que se cubren en Canarias para los centros públicos de enseñanza”.

Hernández lamenta que “la falta de planificación” del Gobierno de Canarias, y la “incapacidad” de la consejera de Educación, Manuela de Armas, para llegar a acuerdos con el sector “haya provocado un quebradero de cabeza para miles de familias y menores que hoy no han contando con este servicio esencial”.

En este sentido, la diputada popular se pregunta por qué la consejera esperó hasta el último momento para avisar al sector del transporte escolar de la bajada del precio del servicio y por qué no atendió sus demandas, como la actualización del IPC de los últimos seis años, el sueldo de los acompañantes escolares o el abono de las mensualidades pendientes del curso pasado.

“Sentarse a negociar días antes del inicio escolar es totalmente inadmisible, y las consecuencias las están pagando las familias y los menores que hoy han sido abandonados a su suerte por la nula capacidad de gestión de la consejera”, criticó Hernández, quien insta a De Armas a “buscar una solución urgente ante el riesgo de que la huelga sea total, afecte a las 1.500 rutas y se queden sin servicio más de 30.000 alumnos”.

La diputada popular condena que “la improvisación y la desorganización siga campando a sus anchas en la Consejería, y el sector y las familias vuelvan a sufrir errores del pasado” al tiempo que exige al Gobierno de Torres y a la consejera de Educación que “pongan fin a este caos y trabajen para garantizar este servicio esencial a las familias y los alumnos de Canarias”, concluyó.

• La portavoz popular cree que algunos artículos del texto “podrían vulnerar derechos fundamentales” de los canarios
• A juicio de la presidenta de los populares canarios parece que el decreto del gobierno canario “genera más inseguridad jurídica e incurre en una invasión de competencias de ámbito estatal”
• Advierte que no estaríamos de nuevo en esta tesitura si el presidente Torres hubiera exigido a Sánchez tomar en consideración la “Ley de Pandemias propuesta hace más de un año por el PP”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, dudó de la “efectividad” del decreto ley que establece el régimen jurídico y las medidas para el control y la gestión del COVID-19, publicado ayer, por ser “extremadamente ambiguo y estar repleto de generalidades”. “Y parece que está, criticó, exclusivamente preparado para sortear las autorizaciones de los tribunales de Justicia”.

Navarro, que realizó estas manifestaciones tras una primera evaluación de la norma, señaló que “a falta de un análisis más exhaustivo estamos ante un texto apresurado, tras los sucesivos varapalos judiciales, que no ofrece garantías jurídicas suficientes para combatir la pandemia con eficacia”.

Para la dirigente de los populares canarios “prueba de las prisas y la  improvisación” del Ejecutivo es que algunas de las exigencias establecidas en el texto legal “podrían estar incurriendo en una afección a derechos fundamentales y restricciones de la libertad individual”.

“Así mismo, lamentó, que el gobierno imponga determinadas obligaciones y posibles sanciones sin argumentos ni fundamentos científicos que sostengan y avalen dichas medidas”.

Por último, Navarro alertó de que nos encontramos, además, ante un decreto que en algunos aspectos puede estar invadiendo competencias de ámbito estatal “con disposiciones que van en contra de normas de rango superior”.

LEY DE PANDEMIAS

“Los gobiernos de las comunidades autónomas no son los que tienen que hacer normas excepcionales para combatir la pandemia y es lamentable que el presidente Torres haya tenido que recurrir a este decreto ley, pese a las dudas jurídicas que genera, por no haber exigido al gobierno de Sánchez tomar en consideración la Ley de Pandemias propuesta hace más de una año por el Partido Popular”.

Al respecto, destacó la plena vigencia todavía de la propuesta de los populares para elaborar una ley que proteja y ampare a todas las comunidades con plenas garantías legales y constitucionales “porque las libertades públicas y los derechos fundamentales no se pueden conculcar”.

“Actuaciones como la llevada a cabo por el Gobierno de Canarias, ponen en evidencia el vacío legal en el que Sánchez ha dejado a las autonomías tras el cese del estado de alarma y demuestran que España sigue necesitando urgentemente un marco legal para contener los contagios de esta pandemia. Llevamos más de un año pidiéndolo, lo hemos registrado dos veces en el Congreso, hemos seguido las recomendaciones de la UE y de los tribunales y contamos con el aval del Consejo de Estado”, concluyó.

• La portavoz popular insiste en la necesidad de que los próximos presupuestos incluyan una bajada de impuestos
• “Con el aumento de la luz o el combustible y su repercusión en los precios, las familias y pymes canarias están teniendo serias dificultades”
• Pide al Gobierno de Canarias que evite un “atraco fiscal” como el realizado por el Ejecutivo de Sánchez “en el peor momento posible”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, censura que el Gobierno de Canarias se oponga a una rebaja fiscal en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma, “teniendo en cuenta que la presión fiscal en el archipiélago es casi 3 puntos superior a la media de la Unión Europea según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), lo que certifica que hay margen de maniobra”.

En este sentido, Australia Navarro recuerda que “el modelo fiscal que quiere el Partido Popular es el de bajar impuestos y pasa por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada de los impuestos de Patrimonio, de la Renta en el tramo autonómico o de Actos Jurídicos Documentados; además de compensar ciertos impuestos nacionales”

“Bajar impuestos es generar empleo, rescatar familias y pymes, y propiciar la inversión y el consumo, más aún en un momento tan complicado donde los costes de producción, como la luz o el combustible, y su repercusión en los precios se han disparado y los canarios están teniendo serias dificultades para hacerles frente”, indicó.

“Es una lástima que tengamos un gobierno que dé la espalda a los canarios y que sólo piense en recaudar después de un año de cero turístico, que ha dejado a nuestro tejido empresarial totalmente devastado y a miles de familias pasando por apuros económicos”, indicó la portavoz popular, quién entiende que “el modelo fiscal de Torres está agotado y caduco, y su única receta es freír a impuestos a los canarios, entorpeciendo así la reactivación de la economía y del empleo”.

Tal y como recoge el Informe de competitividad fiscal elaborado y publicado por el IEE, a medida que una región es más competitiva, mayor es su capacidad para generar empleo y menor su tasa de paro, mejorando también su calidad de vida y su nivel económico. Por el contrario, aquellos territorios con mayor presión fiscal normativa y, por tanto, una fiscalidad “menos favorable” son, en general, los que presentan mayores ratios de economía sumergida.

“Teniendo en cuenta estas variables, y a pesar de los discursos populistas del consejero de Hacienda, Román Rodríguez, lo cierto es que Canarias ingresa en impuestos por habitante un 35% menos que la media del país, y un 98% menos que Madrid, mantiene una presión fiscal casi un 3% superior a la media de la UE y es la cuarta comunidad con mayor porcentaje de economía sumergida, un 26% de nuestro PIB”.

Australia Navarro recordó que el Gobierno Torres dejó de gastar más de 273 millones de los presupuestos de 2020, “todo un insulto en el peor momento de la crisis económica, que bien hubieran servido para ayudar a reactivar la economía y salvar todos los empleos posibles, lo que demuestra que este Gobierno no ha trabajado lo suficiente para ayudar a quiénes peor lo están pasando”.

Según Navarro, “pedimos al Gobierno de Torres que no se sume al atraco fiscal que ha perpetrado el Gobierno de Pedro Sánchez subiendo los impuestos a todos en el peor momento posible, un sablazo fiscal que retrasará la recuperación económica y terminará de ahogar a la clase media y trabajadora, también la de Canarias”, concluyó.