Los sindicatos demandan al Gobierno medidas «urgentes»
(El DÃa) El orden del dÃa del Consejo Asesor del Presidente -que incluye al Gobierno regional, los principales sindicatos y las patronales canarias- contemplaba ayer la modificación de la Ley de Vivienda para incluir la paralización de los desahucios de los más desfavorecidos cuando el propietario sea una entidad bancaria; la sensibilización contra la economÃa sumergida y la lucha contra el fraude fiscal. Pero los agentes sociales llevaron su propia agenda y, al margen de lo que el Ejecutivo les comunicó, plantearon la necesidad de un cambio urgente de rumbo que incluya medidas a poner en práctica cuanto antes.
Tanto el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, como el de CCOO Canarias, Juan Jesús Arteaga, rechazaron que el presidente regional, Paulino Rivero, planteara por «enésima vez» que el Ejecutivo autonómico no tiene margen para actuar ante el paro tras conocerse que, según el Ministerio de Empleo, Canarias es casi la única región en la que aumentó en abril en comparación con marzo y que afecta ya a 295.824 personas.
Santana y Arteaga criticaron que el Ejecutivo persista en esa postura y le recordaron las propuestas que ya le habÃan planteado en ocasiones anteriores para rectificar un rumbo que, de no corregirse, implica el riesgo de una explosión social en el Archipiélago.
Pero ambos se mostraron decepcionados ya que el Gobierno «no se comprometió a nada», sino que se limitó a escuchar sus advertencias. Acerca de la posibilidad de que se produzca un estallido social, ambos señalaron que los sindicatos intentan encauzar el descontento de la calle a través de mecanismos legales, como la posibilidad de convocar una huelga general contra el Gobierno de Rivero que ya anunciaron la semana pasada.
Mientras las patronales dejaron clara su oposición a esa medida en el encuentro, el Ejecutivo insistió -otra vez- en que no cuenta con herramientas ni recursos suficientes para cambiar la situación.
Asà las cosas, Arteaga advirtió al equipo que preside Rivero de que ya tiene «agotado» el crédito de confianza de los ciudadanos y que impera un gran descontento que ya no se puede contener con promesas de iniciativas que darán sus frutos en años posteriores.
«Ya nadie cree ese tipo de cosas, se necesitan medidas para ahora porque, al contrario de lo que dice el Gobierno, sà hay alternativa», urgió Arteaga.
La eventual convocatoria de la huelga general, explicó, más que una posibilidad es una «responsabilidad» para los sindicatos -si no se produce el cambio de rumbo que exigen-.
Sobre los asuntos del orden del dÃa, UGT y CCOO formularon observaciones que ambos dudan que el Gobierno vaya a tomar en cuenta.
