Ley de transparencia: Cuando el ciudadano es el que exige saber

«Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia (…)».

(El Mundo) Esta frase es uno de los puntos básicos que se recogen en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que desde hace más de un año prepara el Gobierno y el resto de partidos políticos, y que en la actualidad se encuentra parado en la comisión Constitucional de Enmiendas del Congreso de los Diputados.

Un Proyecto de Ley tan esperado como sometido a examen que desde su aprobación en el Consejo de Ministros ha pasado por las valoraciones de los ciudadanos y que ha vivido decenas de cambios hasta llegar al documento que se encuentra ahora en trámite y que tampoco satisface demasiado a los expertos.

«Los ciudadanos tenemos que tener el derecho de estar informado. Para saber quién nos gobierna, qué ganan nuestros gobernantes. Tenemos que tener acceso a cualquier tipo de información», afirma un taxista madrileño, que cree que con la nueva Ley de Transparencia se frenarían muchos de los casos de corrupción que vive España.

Otros ciudadanos comparten esta misma opinión y aseguran que «ahora hay mucha opacidad» y con la nueva norma estaría «todo más claro (…) Las cuentas claras». Aun así hay voces discordantes que no creen que la nueva Ley ponga freno a la corrupción. «Mientras la justicia no funcione bien seguirá habiendo la misma corrupción», afirma otra ciudadana.

«Tendría que haber una inspección e intervención para controlar a todos los diputados. Que haya transparencia pero que se actúe«, añade otra.

España, a la cola en transparencia

«España es el único país de Europa (junto con Chipre y Luxemburgo) con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública», denuncia Access Info Europe cuando el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley el pasado julio. El grupo de expertos que configuran Acces Info aseguran que el primer error que tiene la Ley es que no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental.

«Se debe vincular el derecho de acceso a la información al artículo 20 de la Constitución Española, así como el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Para ello el Congreso de los Diputados debería tramitar este proyecto como Ley Orgánica».

Añaden que el alcance de la Ley debe ser mucho más amplio. Es decir dirigido a más instituciones. «El artículo 2 debe extender el alcance de la ley y reconocer la publicidad de toda la actividad pública, sin excluir ninguna institución. Dicho precepto debería ordenarse en función de la importancia de la institución, comenzando por la Jefatura del Estado, el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial… e incluir a partidos políticos y sindicatos».

La OSCE también ha sido muy crítica con la norma al asegurar que el texto normativo «no cumple con los principios y normas establecidas por los tribunales de derechos humanos o las organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales».

A quién se aplica

Ahora mismo las disposiciones de la Ley se aplican a todas las Administraciones Públicas, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, el Senado, el Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social. Además todas las personas «que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria».

De hecho, es este apartado del Proyecto el que más polémica ha suscitado ya que no se hace referencia a instituciones como la Corona, los sindicatos, la Iglesia Católica o los partidos políticos. En el caso de la Corona, ha sido a raíz de la implicación de los duques de Palma en el caso Nóos cuando se ha conocido que la Casa Real ha estado negociando con el Gobierno la inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia, aunque de momento se desconoce si la Ley se aplicará por completo al Rey y su familia o se establecerá alguna disposición en particular referida a éstos.

La mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con que la Casa Real forme parte de la Ley de Transparencia y que se le aplique como a cualquier ciudadano. Sin embargo, son también muchos los que creen que la Corona debe tener su parcela de privacidad.

«Yo soy monárquica y no creo que se deba juzgar al Rey por lo que ha hecho alguien de su familia. El Rey no debería estar incluido en la Ley de Transparencia», explica una ciudadana. De la misma opinión es un trabajador del Metro de Madrid que asegura que «si no fuera por los tiempos de crispación que se viven actualmente nadie se preocuparía de saber qué ganan nuestros políticos o nuestro Rey. Todo seguiría como antes».

«Con Franco también había todo este tipo de cosas. Siempre han existido. No soy partidario de que se tenga que conocer qué hace el Rey con su dinero. Tampoco vamos a señalarle con el dedo. Para eso es el Rey, pero sí me gustaría saber qué hacen nuestros políticos, a qué se dedican en el Congreso, en el Senado, si proponen cosas. No estar viendo todo el día como se tiran los trastos a la cabeza», añade.

Cierto es que el acceso a la información de la Casa Real es muy limitado si se compara con otras casa europeas que cuentan con monarquías parlamentarias que, de facto, son mucho más transparentes que la Corona española. Es el caso por ejemplo de la Casa Real sueca que responde a solicitudes de información realizadas por sus ciudadanos. O el caso de la monarquía británica que en su página web ofrece información muy detallada sobre su funcionamiento, su patrimonio, sus gastos o su agenda.

La Ley tampoco obliga de momento a sindicatos y partidos políticos a ser más transparentes. Es decir, se seguirá sin saber en qué se gastan los sindicatos las cantidades percibidas de los Presupuestos Generales del Estado o cuánto cobran sus líderes. Y lo mismo con la Iglesia y sus bienes. De hecho es este punto el que más está retrasando la aprobación de la norma, tal y como ha explicado el Gobierno.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sostiene que la decisión de incluir en la Ley de Transparencia a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales (que se regulan en los artículos 6 y 7 de la Constitución) está ralentizando la tramitación de esta norma, ya que, tendrán una «regulación específica» y eso añade más complejidad. Y en cuanto a la Iglesia se ha limitado a recordar que la Ley incorpora «aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público», sin dar más detalles.

En su defensa el Gobierno argumenta que con la nueva ley se pondrá coto a la corrupción. «A partir de ahora una serie de documentos y expedientes tan importante como contratos, subvenciones, currículos o sueldos serán públicos», ha asegurado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. «Ésa es la mejor lucha contra la corrupción porque ya no habrá filtraciones; serán filtraciones oficiales de publicidad activa de las administraciones».

Habrá sanciones

Pese a las críticas, la Ley supone un gran avance, ya que España es, junto a Chipre y Luxemburgo los únicos países de nuestro entorno que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información pública.

De hecho, la norma supone que nuestros representantes estén obligados a informar de en qué cosas se gastan el dinero público, así como los contratos, subvenciones, salarios públicos. En definitiva, saber en parte qué se hace con el dinero de todos.

«El sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad». Y es con esta premisa, recogida en el Proyecto de Ley, es con la que también se establecen sanciones «en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario».

Así, «los autores de infracciones graves y muy graves no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años».

Además, la comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.

¿Y en el resto de Europa?

Pese al avance, España seguirá muy lejos de conseguir un hueco entre los países más transparentes. Según Global Right to Information Rating, hay 93 países que poseen normativas de transparencia sobre los gobiernos y sus cargos públicos.

En su ránking sorprende comprobar como en el puesto número 1 y 2 (de un ránking de 150) se encuentra Serbia y La India, respectivamente. El primero de ellos dispone de una Ley de Libre Acceso a la Información Relevante para el Público aprobada en el año 2004 cuyo interés es «conocer y alcanzar un orden libre y democrático, y una sociedad abierta. La Ley permite al ciudadano, incluso, recurrir con celeridad y de forma gratuita la información que se requiera. [Consulte la ley de Serbia]

En el caso de La India, su ley es también una de las más completas del mundo, aunque su aplicación de forma práctica no es tanta. De hecho, la exigencia para aplicar la ley ha provocado asesinatos en algunos casos. Aun así la norma india recoge que «la transparencia de información es vital para el funcionamiento y también para contener la corrupción», de manera que los gobiernos rindan cuentan de sus responsabilidades «ante los gobernados». [Consulte la Ley de La India]

Países más cercanos a España, como son Francia, Grecia o Reino Unido, ocupan los puestos 73, 91 y 25. Nuestros vecinos franceses poseen una norma que recoge diversas «medidas para mejorar las relaciones entre la administración y orden público», entre las que se encuentran la libertad de acceso a documentos administrativos, dictámenes del Consejo de Estado, documentos sobre las cuentas del Estado… [Consulte la ley francesa]

Por su parte, Grecia establece que cualquier persona interesada tiene derecho a ser informado sobre documentos realizado por los servicios públicos, tales como informes, estudios, datos estadísticos, circulares… Este derecho no es aplicable en los caso en los que el documento se refiera a la vida privada o familiar de un tercero o si se viola el principio de confidencialidad. [Consulte la Ley de transparencia de Grecia]

Reino Unido obliga a sus diputados a publicar lo que gastan desde el año 2005 en que se aprobó la ley. Una disposición que generó mucho revuelo en el país cuando el diario ‘The Guardian’ publicó que había diputados que compraban artículo personales con dinero público. Además, ofrece una web en la que se puede consultar las solicitudes y en qué estado se encuentran.