El PP sugiere la dimisión de Rivero por el lío de CajaCanarias

La tutela de la transformación de CajaCanarias en fundación por parte del Ejecutivo canario llegó ayer por primera vez al Parlamento y lo hizo con gran fuerza. El Partido Popular (PP) conminó al jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, a dimitir si la Justicia anula definitivamente lo que considera una «intervención política» del Gobierno.

En el pleno, el presidente del grupo parlamentario popular, Asier Antona, dijo que el acuerdo de intervenir CajaCanarias «huele mal», la gestora política puesta al frente «huele peor» y la judicialización del asunto «huele a podrido», al tiempo que acusó a Rivero de actuar en este asunto «con una absoluta y profunda cobardía política», igual que un niño ruin que «tira la piedra y esconde la mano».

«¿Está en condiciones de anunciar su dimisión en el caso de que la Justicia desautorice su intervención política en CajaCanarias?», preguntó Antona a Rivero.

El diputado conservador apuntó que tanto el PP como los ciudadanos de Canarias están «profundamente preocupados» por el nivel intervencionista del Ejecutivo, a su juicio achacables a la clara «debilidad política» de su presidente. «Toma decisiones por ajustes de cuentas en su partido -Coalición Canaria- que luego traslada al Gobierno», añadió el diputado conservador.

Como ejemplo de ello citó el reparto de las frecuencias de radio, la designación de los integrantes de los órganos dependientes del Parlamento y ahora el proceso de transformación de CajaCanarias en fundación.

El presidente, por su parte, justificó esta última iniciativa por el «cumplimiento de la ley por encima de todos y de todo y la defensa del interés general», y negó que en el nombramiento de la gestora haya habido algún tipo de intervención o control. «Solo ha habido un objetivo: aprobar la creación de la gestora», precisó.

Rivero avanzó que una vez puesta en marcha la fundación, la gestora «habrá terminado» su trabajo, y remarcó que en este asunto el Gobierno ha trabajado «con toda la diligencia necesaria».

Además, sostuvo que uno de los motivos que llevaron a la tutela de CajaCanarias tuvo que ver con la valoración del patrimonio, que ronda los 160 millones, pero de los que solo 20 fueron destinados al fondo dotacional. «140 quedaban fuera del control público», precisó el presidente, quien insinuó que el PP defiende intereses particulares. «En Tebeto, con Repsol y ahora se les ha visto la patita», sentenció el presidente canario.

Informe en un día que «no es habitual»

Paulino Rivero reconoció ayer que «no es habitual» que un día como el 2 de enero, los Servicios Jurídicos del Ejecutivo emitan un informe «tan importante» como el que realizaron ese día sobre CajaCanarias. Documento que, según detalló, es -fue- «contrario» a autorizar la inscripción de la Fundación. Rivero recordó que la Ley estatal fijaba el 3 de enero como fecha tope para que CajaCanarias se inscribiera como Fundación. «La documentación se remitió al Ejecutivo el día 21 de diciembre, y el documento que faltaba, del Banco de España, llegó el 28 -viernes- por la noche», detalló Rivero, quien incidió en que cinco días después, el día 2 de enero -el primer día hábil- se emitió el citado informe contrario de los Servicios Jurídicos.

Consejo el 3 de enero

Un día después de que se emitiera ese documento, 3 de enero, el Consejo de Gobierno se reunió en Tenerife. Fuentes populares se preguntaron ayer por qué en esa reunión no se dio cuenta de los reparos, si los había, y, si no los había, por qué no se avaló y apoyó la transformación de CajaCanarias en Fundación. Son cuestiones que tendrá que aclarar la Justicia.