El PP denuncia que Rivero intervino CajaCanarias para lograr su reelección

(El Día) ¿Por qué el Gobierno canario decidió intervenir la Fundación CajaCanarias? Porque el presidente regional, Paulino Rivero, necesita controlarla para asegurarse, a través de los recursos de la obra social y de su propia labor, los apoyos necesarios entre los líderes locales de CC para lograr otra reelección. «Mantenerse en el poder es todo lo que le interesa al presidente», criticó con fuerza la diputada popular Cristina Tavío ayer en el transcurso de su intervención en el pleno parlamentario.

En una comparecencia que impulsó el PP sobre este asunto, el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, hizo frente a las acusaciones de Tavío, que desde el primer momento dejó claro que tenía dudas acerca de las actuaciones del Ejecutivo en todo este asunto.

Por una parte, Ortíz se ratificó en que uno de los reparos principales que vieron los servicios jurídicos en el proceso es que la dotación fundacional solo contó con 20 millones de casi 160 millones con que cuenta la entidad, pero Tavío lo cuestionó.

En cambio, la diputada popular recordó que la Fundación CajaCanarias aportó una valoración independiente de su patrimonio y aseguró que, «por supuesto», estaba todo destinado a garantizar la obra social.

Mientras que el consejero insistió en que la fundación pretendía dejar casi 140 millones sometidos a un control menor que los 20 millones restantes, Tavío replicó que la Fundación CajaCanarias presentó sus cuentas debidamente auditadas, dando a entender que no cabían dudas al respecto y que el Ejecutivo solo buscó un «pretexto» para poder constituir una gestora de carácter político.

En todo caso, el Gobierno canario «nunca» notificó a los responsables de la entidad de los «supuestos» defectos que encontró en el proceso, por lo que Tavío concluyó que el móvil político es el único que tenía el Ejecutivo en estas actuaciones que, una vez más, calificó como una «expropiación forzosa».

Ortiz refutó que la auditora que contrató CajaCanarias salvó su responsabilidad al dejar claro que, de los datos a los que tuvo acceso, «no podía garantizar» la veracidad de la información. «Saquen ustedes sus conclusiones», espetó.

El Gobierno ve inviable la Fundación

El consejero explicó que, de las propias memorias de CajaCanarias, la Fundación cuenta para este año con un presupuesto de gasto de nueve millones de euros, de los que siete van a la obra social y los restantes dos, al gasto de personal y su estructura.

Los ingresos para sostener esa cifra de gasto salen de los dividendos de las acciones de CajaCanarias en CaixaBank, pero esta última entidad ha visto recortar en casi un 70% los beneficios entre 2011 y 2012, al pasar de unos 838 millones a 272 millones entre ambos periodos.

Esta sola situación, explicó Ortiz, ya hace inviable el gasto previsto por la Fundación CajaCanarias, a lo que se suma que de los 272 millones de beneficios de 2012 «muy probablemente» CaixaBank solo repartirá 50 millones para destinar el resto a la dotación de reserva, por lo que la parte proporcional de las acciones solo producirá unos ingresos de 400.000 euros, cifra claramente insuficiente para ese gasto.

Desde la Fundación CajaCanarias se replicó que la ley no habilita al Gobierno para decidir una intervención de una fundación privada en base a previsiones económicas a futuro de su actividad, extraídas de conclusiones «sin ninguna base».

Además, critica que Ortiz confunde «de manera interesada» los beneficios de CaixaBank y el reparto de dividendos y adelanta que, previsiblemente, lo que habrá es un aumento de los ingresos con respecto al año anterior.

las claves

La gestora tampoco escapó a las críticas del PP, que calificó de «política» y de cuyos miembros duda que puedan ser independientes. Tavío dejó claro que dos miembros de esa gestora «militan» en CC y otros dos, en el PSC, por lo que habló de un reparto «partidista» con el fin de controlar los fondos de la obra social.