El PP avisa de que el nuevo concurso de hemodiálisis induce al monopolio

(La Provincia) El Partido Popular advirtió ayer de que el nuevo concurso convocado por el Gobierno de Canarias para el servicio de hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín de Gran Canaria y Doctor José Molina Orosa en Lanzarote fomenta el «monopolio». Los populares cuestionan que entre los requisitos de solvencia técnica que deben cumplir las empresas interesadas figure haber gestionado servicios de esta naturaleza, en el sector público o privado, durante al menos tres años.

La Consejería de Sanidad anunció este martes en el BOC la licitación de esta actividad, dos años y medio después de que saliera a la luz pública el caso Lifeblood, vinculado a presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato a la empresa del mismo nombre por 124 millones de euros. Sin embargo, la justicia archivó la causa en octubre de 2012. La anulación de este controvertido concurso en diciembre de 2010 por el Gobierno entonces de CC en solitario -tras la ruptura del pacto con el PP- propició que la empresa Baxter, la anterior concesionaria, haya continuado con contratos prorrogados.

El nuevo procedimiento planteado por el Servicio Canario de Salud, que se tramitará de forma ordinaria, endurece las exigencias a las licitadoras y contempla un presupuesto estimado de 35 millones hasta el año 2018 y un importe global de 105 millones de euros durante 15 años, incluyendo prórrogas del contrato.

La exconsejera de Sanidad, Mercedes Roldós -que aprobó la adjudicación anterior a Lifeblood- avisó ayer de que jurisprudencia del Tribunal Supremo y la directiva europea de Servicios avalan que no se puede impedir que una empresa opte a un concurso por carecer de años de actividad. «Entonces siempre se presentarían los mismos, nuevas empresas no se podrían presentar y, al final, la administración quedaría en manos de monopolios», apostilló la dirigente popular, que insistió en que la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 sólo reclama dos garantías, una técnica y otra económico-financiera.

Roldós interpreta que esta cláusula corta las alas a las compañías que, con escasa experiencia, quisieran acceder al concurso en la actual coyuntura económica. Ante ello, Sanidad argumenta que esta condición cumple la legalidad y evita problemas como el originado con Lifeblood, una inmobiliaria que cambió su objeto social coincidiendo con la polémica convocatoria de octubre de 2010.

Los precios ofertados por el contratista y por los que se acordó la adjudicación provisional de este concurso ascendían a 139,65 euros por paciente , mientras que en la actualidad el Gobierno paga a Baxter 137 euros por la asistencia a cada enfermo del riñón en los centros periféricos dependientes de los hospitales Doctor Negrín y Doctor José Molina Orosa, donde son atendidos 243 y 65 personas respectivamente, según fuentes de la Consejería que dirige Brígida Mendoza.

Baxter lleva a cabo el tratamiento de hemodiálisis en estos puntos desde 2002. Su contrato vencía el 31 de diciembre de 2010, pero a raíz de su ampliación, el Ejecutivo regional le abonó en 2011 unos 7 millones de euros y un importe similar para 2012, mientras que para 2013 tiene prevista una cuantía análoga, que se irá costeando hasta que finalmente se adjudique el nuevo concierto. Por tanto, Sanidad ha pagado desde 2011 más de 14 millones a Baxter.

El SCS rechaza haber gastado más dinero en extender el contrato que si se hubiera aprobado antes otro concurso, tal como sostiene el PP. Sanidad justificó que el retraso de más de dos años se debe a «la revisión de los pliegos y su ajuste a la situación actual de las unidades hospitalarias».

Asimismo, el Ejecutivo mantiene también prórrogas de contratos en los centros de diálisis en Tenerife, Braun Avitum Canarias y Acj Diálisis Tenerife.