El Parlamento suaviza el fuera de ordenación a los edificios legales
(Diario de Avisos)El Parlamento canario aprobó ayer por unanimidad suavizar el régimen de fuera de ordenación para las viviendas construidas legalmente en su día pero disconformes con el planeamiento que entró en vigor posteriormente. Es el caso de unos 1.500 edificios de la capital tinerfeña que tienen más plantas de las que permite el Plan General, asunto que, pese a datar de 1992, salió a la luz en 2009 provocando una intensa polémica y manifestaciones ciudadanas, motivo por el cual el grupo CC-CCN-PNC presentó una iniciativa parlamentaria para modificar el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Protegidos.
La propuesta, que ayer recibió el visto bueno definitivo, supone cambiar el artículo 44 para otorgar a estos edificios una nueva figura jurídica, inédita en España, denominada “de consolidación”, de modo que se distingan de las construcciones que se encuentran fuera de ordenación por infracciones urbanísticas.
Sus propietarios podrán “con carácter general” realizar “ cuantas obras de consolidación, rehabilitación o remodelación sean necesarias para mantener y alargar la vida útil del inmueble” aunque sin aumentar su volumen o edificabilidad”.
El otro artículo de la ley del territorio modificado ayer por el Parlamento es el 34, de forma que se eleva de 400 a 500 el número de habitantes máximo por hectárea así como de 12.000 a 15.000 los metros cuadrados de edificación por hectárea, “en el caso de suelos urbanos de renovación o rehabilitación y en áreas urbanas consolidadas por la edificación, concretamente delimitadas, cuando no esté previsto la sustitución de la edificación preexistente por determinación expresa durante el plazo de vigencia del Plan General”.
La propuesta inicial era la de eliminar la obligatoriedad de estos topes, para que solo tuvieran carácter de recomendación, aunque finalmente no hubo consenso, en especial por las reticencias de PSOE, Nueva Canarias y un sector de CC. Del nuevo régimen en consolidación no se podrán beneficiar las viviendas en fuera de ordenación que deban ser expropiadas para una finalidad pública o cuando sean demolidas, pues en este último caso el nuevo proyecto deberá tener menos plantas, si así lo estableciera el planeamiento.
Este requisito, sin embargo, no se aplicará cuando la demolición se deba a “circunstancias catastróficas o por órdenes de ejecución para evitar riesgos o daño o por cualquier otra necesidad de interés general”, en cuyo caso “se permitirá la reconstrucción con la misma edificabilidad del inmueble sustituido”. De hecho, en una disposición adicional del texto sometido ayer a debate se deja constancia de que la nueva redacción de la ley del territorio debe respetar la legislación estatal, en especial en lo referido a “las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo”.
Cabe recordar que las respectivas leyes estatales hipotecaria y del catastro afectan a las viviendas fuera de ordenación, en el primer caso impidiendo hipotecarlas y en el segundo reduciendo su valor, si bien el diputado del CCN, Ignacio González, impulsor de la propuesta aprobada ayer, considera que con esta nueva regulación autonómica a las edificaciones en régimen de consolidación no se les aplicarán ambas normas nacionales. Opinión con la que discrepa la plataforma de afectados por el fuera de ordenación en la capital tinerfeña, colectivo que, además, siempre ha sostenido que la solución al fuera de ordenación es viable en el propio Plan General sin cambiar la ley.
GONZÁLEZ: “LA SOLUCIÓN PARA SANTA CRUZ”
El diputado del CCN Ignacio González, integrado en el Grupo Nacionalista, expresó ayer su satisfacción por que “al fin” el Parlamento canario haya dado luz verde a lo que, desde su punto de vista, “soluciona definitivamente el problema del fuera de ordenación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife”.
González recuerda que, como concejal de la capital tinerfeña en el pasado mandato, “vivió personalmente la alarma social que se generó en la tramitación del Plan General de Ordenación, por la constatación de la existencia de miles de casas construidas legalmente que quedarían fuera de ordenación, por su altura, y por tanto se les aplicaría el mismo régimen jurídico que a las viviendas ilegales, lo que les haría perder parte de su valor”. Fue la Plataforma contra el PGO la que primero sacó a relucir este hecho masivo, confirmado luego por el propio Ayuntamiento al realizar en el actual mandato un censo de edificaciones afectadas.
El líder del CCN señaló en un comunicado que la proposición de ley aprobada ayer es resultado de una moción suya aprobada en 2010 en el Consistorio santacrucero, con los votos del CCN, CC y PP, y la abstención del PSOE y Ciudadanos, para instar al Parlamento a modificar la ley del territorio. El político centrista agradeció a todos los grupos parlamentarios el apoyo a su iniciativa legislativa, que, según expresó anoche en su nota, “tranquilizará a muchas miles de familias en Santa Cruz de Tenerife y en toda Canarias y desbloqueará definitivamente el resto de los planes generales que se encuentran en tramitación”.
