Canarias modifica la ley para poder confiscar a la banca las casas vacÃas
(La Opinión) Canarias se sube al carro impulsado por la Junta de AndalucÃa para expropiar, de modo temporal, las viviendas vacÃas en manos de financieras e inmobiliarias. El objetivo es dotar de un lugar en que vivir a las familias que peor lo pasan por la crisis y de forma especial a las que han sido expulsadas de sus viviendas. Asà lo anunció ayer en el Parlamento el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, que avanzó que la cobertura legal de la medida vendrá dada por una modificación, que se tramitará por la vÃa de urgencia, de la ley de vivienda de Canarias de 2003.
Las expropiaciones, que durarán tres años, afectarán a las viviendas adquiridas por bancos por vÃa judicial. Será un «tribunal» el encargado de fijar un «justiprecio», avanzó el presidente canario.
Según el censo de 2011, el Archipiélago cuenta con un parque de 1.040.956 viviendas, de las que el 4% –138.262– están vacÃas. Rivero quiere datos más frescos y anunció la creación de un registro de casas sin uso. La modificación de la norma en vigor incluirá medidas que garanticen a los propietarios la ausencia de sobresaltos en el alquiler.
Habrá sanciones para las personas jurÃdicas –bancos e inmobiliarias principalmente– que se nieguen a alquilar. Sin embargo, ese castigo «no afectará a las personas fÃsicas», explicó el presidente, quien añadió que se trata de que asuman la penitencia solo quienes «tienen viviendas retenidas para especular».
La reacción en los colectivos de afectados no se hizo esperar. Una de las abogadas de la plataforma Stop Desahucios en las Islas, Isabel Saavedra, elogió al Gobierno regional por tomar el ejemplo de AndalucÃa. «Aunque no resuelve el problema, provisionalmente da una cierta esperanza a las familias», aseveró. «Es una medida positiva, pero no deja de ser un pasito», agregó.
Los plazos
Paulino Rivero subrayó que su Gobierno no puede emitir decretos, como sà hizo el Ejecutivo andaluz, lo que le permitió tener en vigor la medida en cuestión de dÃas. En esencia, las actuaciones adelantadas beben del decreto andaluz.
En las Islas el camino será más largo. Según fuentes consultadas, es muy probable que se declare hábil el mes de junio para sacar adelante la norma y concluyeron en que si existe voluntad polÃtica es factible tenerla en vigor este verano.
A la vista de cómo se desarrolló ayer el debate falta por conocer la postura que adoptará el PP. Su portavoz, Australia Navarro, aseguró que el presidente «improvisa» y le acusó de no haber hecho «nada» contra los desahucios desde 2007.
Paulino Rivero entró en el cuerpo a cuerpo asegurando que Navarro faltaba al respeto a los «4.100 desahuciados de 2012 y a los 9.400» que en la actualidad viven pendientes de la decisión de un juez.
El resto de grupos aplaudieron el paso al frente dado por el Gobierno canario. Dolores Padrón, presidenta del grupo Socialista, lamentó que hayan tenido que ser los jueces quienes alertaran de la gravedad de la situación, pero celebró el anuncio de Rivero. «Cuando una persona pierde el trabajo, tiene un problema, pero cuando pierde la vivienda, lo pierde todo», sentenció.
Por su parte, el portavoz del grupo Mixto, Román RodrÃguez, animó al presidente de Canarias a seguir adelante «aunque le digan comunista», en referencia a unas declaraciones de Australia Navarro del pasado lunes. «Ayer nos enteramos de que el Partido Popular se ha hermanado con el Partido Comunista Chino», zanjó refiriéndose al viaje girado por la secretaria general popular, MarÃa Dolores de Cospedal al gigante asiático.
Los promotores canarios calcularon hace meses en 7.000 las viviendas en manos de las entidades financieras. El 95% de ellas ya están manos del banco malo (Sareb).
La próxima comunidad autónoma en sumarse a las politicas antidesahucios puede ser Cataluña, donde sus polÃticos parecen decidirse por la vÃa anglosajona y perfilan un impuesto para gravar los pisos vacÃos que están en manos de la banca y otras empresas. Eso sÃ, con la diferencia de que en el Reino Unido la citada presión fiscal opera también sobre los particulares.
