El Grupo Popular exige devolver el Proyecto de Ley de Vivienda por carecer de medidas y recursos, y posible inconstitucionalidad  (Enmienda)

El Ejecutivo regional mantiene un importante stock de inmuebles vacíos y cerrados, mientras 36.500 canarios esperan por una VPO

6 de febrero de 2014.- El Grupo Parlamentario Popular anunció hoy la presentación de una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, y de Medidas para garantizar el Derecho a la Vivienda, que según el diputado Felipe Afonso, “solo sirve para ocultar la ineptitud del Gobierno autonómico, y su incapacidad para solucionar un problema que afecta a miles de canarios”.

“Pese a su título grandilocuente, podemos afirmar que esta norma no tiene ni una sola medida que permita ejercer este derecho a los canarios, y solo es una excusa para desviar la atención de una política fracasada”, afirmó el diputado popular, para quien “no necesitamos una nueva Ley de Vivienda, sino un gobierno que se ponga ya a trabajar”.

Afonso destacó que el Archipiélago necesita medidas coordinadas de ayudas públicas, y que se agilice la adjudicación de un importante stock de casas vacías y cerradas que se encuentran en la esfera del Instituto Canario de Vivienda y la empresa pública Visocan. “Mientras, 36.500 solicitudes de vivienda protegida se acumulan en el registro del Gobierno regional, 10.000 más que el año pasado”, denunció.

Para el Grupo Popular, se trata de “una copia descarada” de otras iniciativas legislativas de Andalucía y de Navarra, “que el Tribunal Constitucional ha suspendido porque hay dudas más que razonables respecto a su constitucionalidad, y a su adecuación al principio de libertad, el derecho de propiedad privada y hasta la posibilidad de incluir sanciones discrecionalmente”.

“De hecho –prosiguió Felipe Afonso-, el Gobierno hace caso omiso de todos los informes negativos cosechados por este proyecto durante su tramitación”, y citó a la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social de Canarias, y al Consejo Consultivo de Canarias.

“Es más, constan hasta tres informes negativos del propio Gobierno, que advierten a Rivero que esta Ley nace sin financiación alguna, que aumentaría la burocracia en la comunidad autónoma, y que podría terminar generando un agujero de unos 20 millones de euros”, añadió.

El diputado del PP concluyó señalando que Rivero solo está buscando una nueva excusa para mantener al Parlamento con este Proyecto de Ley que tiene todas las papeletas para terminar en el Tribunal Constitucional, mientras él renuncia a adoptar medidas alguna a favor de los 36.500 canarios que esperan por una vivienda protegida.