Pérez advierte intereses ocultos en la pasividad para ajustar el decreto a los requerimientos de la Comisión de Competencia

13 de febrero de 2016.- La diputada del Partido Popular por Lanzarote y portavoz de Turismo en el Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, manifestó hoy que es “vergonzoso el maltrato que el Gobierno de Canarias da al alquiler vacacional pasando de resolver los problemas que afectan a este sector”.

Astrid Pérez denunció que el Ejecutivo autonómico no tiene ninguna prisa en modificar el reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias y, menos, siguiendo los requerimientos del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. “Más bien al contrario, da la sensación que quiere dar marcha atrás y volver a situar al sector en el limbo jurídico en el que se encontraba a principios del pasado año”.

Por ello, pidió a los socios de gobierno que reaccionen y modifiquen urgentemente el Decreto que regula el alquiler vacacional en Canarias para favorecer el interés general y dar cobertura jurídica a una realidad existente como es la vivienda vacacional.

La diputada lanzaroteña hizo hincapié en que manteniendo la situación actual “el propio gobierno fomenta la economía sumergida al impedir a miles de propietarios pagar impuestos, a pesar de ejercer una actividad tan respetable  como es el alquiler de sus viviendas y apartamentos”.

“No se entiende, argumentó, la falta de voluntad política de nacionalistas y socialistas para solucionar de verdad y de una vez por todas esta problemática modificando el actual decreto en la dirección marcada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Da la impresión de que existen intereses ocultos que están frenando cualquier modificación que sirva para eliminar los obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el sector turístico”.

Finalmente, exigió al Presidente del Gobierno canario que cumpla su promesa electoral de modificar el Decreto de alquiler vacacional y no se convierta este asunto “en uno más en su ya larga lista de incumplimientos de compromisos electorales.