• El portavoz adjunto, Poli Suárez, apuesta por potenciar el envejecimiento activo con planes para prevenir la dependencia
• La futura norma contendrá una estrategia sociosanitaria para blindar la protección de las personas mayores

El portavoz adjunto y de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, anunció hoy en el Parlamento de Canarias que el Partido Popular está elaborando una Proposición de Ley para establecer un “estatuto de protección de los derechos de las personas mayores”.

Según Suárez, “es incomprensible que nuestros mayores, que tanto han aportado al desarrollo de esta sociedad, no estén en la agenda del Gobierno de Canarias” y abogó por la necesidad de impulsar una de las leyes que todavía faltan en nuestro ordenamiento autonómico.

En este sentido, el portavoz popular ha dado un paso adelante para actuar ante las situaciones de abandono e indefensión que a menudo viven muchos de nuestros mayores. “Una vulnerabilidad que se ha visto amplificada como consecuencia de la pandemia, que se ha cebado especialmente con este colectivo”.

Canarias, recordó Suárez, con 316.800 personas de 65 años, el 14,7% de la población y con unas perspectivas de que este porcentaje se duplique en los próximos 15 años hasta alcanzar el 20% de la población total del Archipiélago, “no puede seguir dando de lado a este colectivo, por lo que es imprescindible dar prioridad a la atención de las necesidades sociales y sanitarias de nuestros mayores”.

Suárez avanzó que los ejes sobre los que pivotará la norma que preparan son prestar atención integral y continuada; promover el desarrollo personal y social; potenciar la integración social; prevenir situaciones de riesgo social; y promover las condiciones precisas para que las personas mayores puedan llevar una vida autónoma.

“Pero sobre todo, destacó, la prioridad será que la norma contendrá una estrategia sociosanitaria para blindar la protección de las personas mayores”, y recordó que “Canarias tiene un déficit de más de 7.500 plazas en residencias de mayores, y es una de las cuatro comunidades autónomas que no superan el 3% de plazas por cada 100 personas mayores”.

Para Suárez, “el proyecto de Ley establecerá criterios homogéneos de actuación para todas las administraciones competentes – comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos- con medidas de innovación social y tecnológica, vivan donde vivan, en su hogar, en su centro asistencial o en el entorno urbano o rural, pero siempre apoyándolos con una atención cercana y de calidad”.