• “Si el presidente Ángel Víctor Torres devolviese todas las competencias que su gobierno no sabe gestionar, Canarias dejaría de ser una autonomía”.
• El PP considera “una grave irresponsabilidad” seguir reteniendo en centros de menores a inmigrantes que podrían no serlo.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta de los populares canarios, Australia Navarro, exigió hoy al presidente Torres “menos improvisación y más medios humanos y materiales para determinar el número real de menores no acompañados”, y rechazó la supuesta amenaza esgrimida desde el Ejecutivo autonómico de devolver al Estado las competencias en la materia.

Muy al contrario, la líder de los populares en las Islas plantea la necesidad de desarrollar con urgencia las nuevas competencias establecidas en la reforma del Estatuto de Autonomía, “que está plenamente vigente desde hace más de dos años, y que en su artículo 144 plantea, entre otras cosas, la participación de nuestra Comunidad Autónoma en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, a través de los órganos de coordinación previstos y de los que hasta hoy nada sabemos”.

“Lo que debe hacer Ángel Víctor Torres es dejar de improvisar con la inmigración y asumir su responsabilidad, que en el caso de los menores es exclusivamente suya; si la única solución que se le ocurre al presidente a estas alturas es devolver las competencias que no sabe gestionar tendría que devolverlas prácticamente todas y Canarias dejaría de ser una autonomía”, ironizó Australia Navarro.

La líder de los populares canarios coincide con el reciente análisis de la Fiscalía de Menores, que ha advertido del colapso que sufre la dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, donde se acumulan más de 2.000 pruebas forenses para confirmar la edad de los supuestos menores inmigrantes no acompañados.

“Es una grave irresponsabilidad seguir reteniendo en centros de menores a inmigrantes no acompañados que podrían no serlo”, aseguró Australia Navarro, para quien “el Gobierno de Canarias tiene que poner en marcha un plan de choque urgente, para determinar en el menor tiempo posible la edad de todos estos chicos y actuar en consecuencia”.

Según los cálculos de algunas organizaciones no gubernamentales, de los más de 2.600 menores no acompañados acogidos en la actualidad por el Gobierno de Canarias, unos 2.000 tienen todavía pendiente la realización de las pruebas forenses para determinar su edad.

En este sentido, el PP pide al Gobierno de Canarias absoluta transparencia con los datos y el procedimiento, pues algunas fuentes apuntan la posibilidad de que unos 600 jóvenes acogidos no sean menores, y que unos 300 sean claramente adultos.

Según los cálculos de la propia Fiscalía de Menores en Canarias, la presión sobre los recursos asistenciales podría reducirse en un 35% si se realizaran todas las pruebas de edad.

Además, desde el Partido Popular se apunta que la confirmación forense de la condición de menor de edad, sería imprescindible para descongestionar los centros de acogida con derivaciones a otras comunidades autónomas.