Cristina Tavío exige al Gobierno que facilite el acceso de su stock de viviendas vacías a los 36.000 solicitantes registrados en las islas 

19 de marzo de 2014.- El Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad, a propuesta del Grupo Popular, instar al Gobierno de Canarias a poner su stock de viviendas deshabitadas a disposición de los demandantes de VPO de las islas, aligerando todos los trámites administrativos que sean de su competencia, y colaborando en su caso con las corporaciones locales que lo requieran.

Con la aprobación de esta iniciativa defendida por la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cristina Tavío, la Cámara requiere al Gobierno por vez primera a atender a los más de 36.000 canarios solicitantes de una VPO que se acumulan en sus registros, utilizando las viviendas desocupadas de promoción pública que mantiene cerradas y pendientes de adjudicación.

Asimismo, el acuerdo instado por el Partido Popular pide garantizar la urgente ocupación de una promoción de 35 viviendas de protección oficial construidas en La Camella, Arona, hace tres años, en coordinación con el Ayuntamiento y el Cabildo Insular de Tenerife, estudiando en cada caso las condiciones estipuladas para que los ciudadanos puedan optar por acceder a ellas en régimen de propiedad o alquiler.

Según puso de manifiesto Cristina Tavío, se trata de 35 casas construidas a partir de un convenio suscrito en 2006 entre el Ayuntamiento, el Cabildo insular de Tenerife y Visocan, empresa pública del Gobierno de Canarias. “Es inconcebible que esto suceda en una isla con cerca de 18.000 personas inscritas en los registros de la comunidad autónoma, esperando por una vivienda protegida”, dijo.

El convenio inicial se suscribió sobre una parcela ubicada en el núcleo de La Camella, que no reunía las condiciones necesarias y no tenía con la calificación de solar, pues contaba con informes negativos al respecto por parte de técnicos del Ayuntamiento de Arona.

“Han pasado diez años desde que el Pleno de la Corporación cedió ese suelo, y desde entonces todo han sido incumplimientos por parte del Gobierno y del resto de instituciones implicadas, que están tardando en asumir su responsabilidad y agilizar la recepción parcial de la obra por vía de urgencia”, apuntó Tavío.

La portavoz adjunta del Grupo Popular concluyó recordando que entre el Instituto Canario de la Vivienda y la empresa pública Visocan podríamos estar hablando de más de 1.500 inmuebles pendientes de entrega en todo el Archipiélago, en la misma situación que las 35 viviendas de Arona.