• El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular quiso conocer las medidas que se pueden llevar a cabo desde el Gobierno de Canarias, junto con el Gobierno Central, para resolver un problema que afecta a obras e infraestructuras educativas, sanitarias, viarias, entre otras
• Según Casañas, los procedimientos de tramitación electrónica y el uso de la plataforma de contratación del Estado permiten el acceso a empresas de todo el territorio nacional y europeo que, en la mayoría de los casos, desconocen los sobrecostes y los problemas logísticos que supone trabajar en estas islas

El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, achacó a los costes de la doble insularidad la paralización constante de obras e inversiones públicas en las islas no capitalinas que frenan su desarrollo.

El diputado herreño, que preguntó en el pleno del Parlamento al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por esta cuestión, quiso conocer las medidas que puede llevar a cabo desde el Ejecutivo Autonómico, junto con el Central, para resolver un problema que afecta a obras e infraestructuras educativas, sanitarias, viarias, entre otras.

“Las condiciones limitantes de mano de obra, del transporte y del alto coste de materiales, unido a la mayor afluencia de empresas procedentes fuera de nuestra comunidad autónoma que desconocen las realidades insulares, está propiciando que se dilaten en el tiempo la ejecución de obras importantes con la consecuente paralización de las mismas”, aseguró.

El centro de FP de Majada Marcial en Fuerteventura, la ampliación del Mirador Juan Rejón en La Gomera, el techado del CEIP de Barlovento en La Palma, o las obras del CEIP Valverde, son algunos de los ejemplos que Casañas enumeró durante su pregunta.

Asimismo, el diputado popular apuntó en esta problemática detallando los problemas de las obras de ampliación del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, paralizadas desde el año 2020. “Estamos ante otro ejemplo de obras adjudicadas que no contemplan los costes reales y las singularidades a las que se enfrentan las empresas a la hora de contratar personal, transportes, viviendas, etcétera”.

Según el diputado herreño, los procedimientos de tramitación electrónica y el uso de la plataforma de contratación del Estado permiten el acceso a empresas de todo el territorio nacional y europeo que, en la mayoría de los casos, desconocen los sobrecostes y los problemas logísticos que supone trabajar en estas islas.

“Si al desconocimiento del terreno, le sumamos que no se contemplan los sobrecostes, tenemos como resultado dificultades de ejecución en obras diseñadas para mejorar la calidad de vida de los canarios, sobre todo de los que viven en islas no capitalinas”, finalizó.

• La portavoz del Grupo Parlamentario Popular indica que estamos ante un nuevo ejemplo de la “peculiar” forma de gestionar del anterior Gobierno presidido por Torres
• Asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma “el arbitrario cambio de criterio” de los gestores socialistas
• Lamenta que quién fuera responsable de la Consejería de Obras Públicas, el socialista Sebastián Franquis, no haya dado ninguna explicación sobre este desaguisado

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, avisó hoy que las indemnizaciones por la “chapuza” del PSOE por la decisión de cambiar la adjudicación de la obra para el cierre del anillo insular de Tenerife las pagaremos todos los canarios.

Reverón, que preguntó al consejero de Obras Públicas por las repercusiones que tendrá para la ejecución de esta obra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aseguró que dicha sentencia confirma “el arbitrario cambio de criterio” de los gestores del PSOE.

Para la portavoz popular, “estamos ante un nuevo ejemplo de la peculiar forma de gestionar del anterior Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, y que no sólo puede suponer un retraso en una obra vital para el desarrollo de Tenerife, sino que además supondrá indemnizaciones millonarias por cortesía de los socialistas”.

“Conociendo quién estaba al frente de la Consejería de Obras Públicas, quién estaba a cargo de la Secretaría General Técnica y que una funcionaria que nada tenía que ver con el expediente fue la que informó para justificar este caprichoso cambio de criterio van quedando pocas dudas de qué fue lo que pasó y por qué”, señaló.

En este sentido, Reverón aclaró que “soy consciente de que quién debería haber dado ya explicaciones sobre los rocambolescos manejos que han dado lugar a la sentencia del TSJC sobre la obra del cierre del anillo insular debería ser el anterior responsable”.

“Lamentablemente el que fuera responsable de la Consejería de Obras Públicas, el socialista Sebastián Franquis, no ha dado ninguna explicación sobre este desaguisado, algo lógico teniendo en cuenta la fobia que últimamente ha desarrollado el PSOE para dar cuenta de sus dudosas actuaciones”, añadió.

Por último, Luz Reverón reprochó al Partido Socialista que “sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias dejan más sombras que luces y, sobre todo, dejan facturas millonarias de euros que tendremos que pagar los canarios por sus continuas y conocidas chapuzas”.

• Las continuas derivaciones de pacientes de otras islas a los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, las repercusiones sobre el cierre del anillo insular tras la sentencia del TSJC y las claves para regular el uso de la vivienda turística serán otras de las preguntas en la sesión de control
• Asimismo, pedirán información sobre el incremento en la atención a las personas más vulnerables y sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Justicia en Canarias
• Presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas para garantizar el control de seguridad alimentaria en los productos procedentes de terceros países

El Grupo Parlamentario Popular trasladará al Gobierno de Canarias su preocupación por los problemas que sufren las islas no capitalinas con la paralización constante de obras e inversiones públicas y preguntará al presidente Clavijo por las medidas que piensa poner en marcha para solucionarlo.

Asimismo, en la sesión de control al Gobierno, los populares se interesarán por los motivos de las continuas derivaciones de pacientes de otras islas a los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, por las repercusiones que tendrá para la ejecución del cierre del anillo insular la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por las claves del nuevo anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso de la vivienda turística.

En el apartado de comparecencias, los diputados del PP solicitarán información sobre el incremento en la atención a las personas más vulnerables y sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Administración de Justicia de Canarias.

Por último, los populares defenderán dos Proposiciones No de Ley (PNL): la primera, conjuntamente con el resto de los grupos parlamentarios, para la puesta en marcha de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad; y la segunda, en la que se insta al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas para garantizar el control de seguridad alimentaria en los productos procedentes de terceros países.

• El presidente del Grupo Parlamentario, Juan Manuel García Casañas, lamenta que las ayudas vinculadas al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para compensar los sobrecostes no llegaran a sus destinatarios finales
• ¿Cómo es posible que se dejara de utilizar esta cantidad de dinero para impulsar las producciones agrarias pesqueras mientras el sector agonizaba?, pregunta
• El diputado popular también se interesa por las conclusiones de la primera mesa sectorial vinculada al REA celebrada el pasado mes de febrero para valorar y ajustar el balance que permita optimizar los recursos y aumentar el nivel de ejecución

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, condena que “en los últimos cuatro años el Gobierno de Torres devolviera 22 millones vinculados al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) destinados a impulsar el sector primario y a paliar los sobrecostes que tienen los productores canarios por la lejanía con el continente europeo».

Casañas preguntó al consejero de Agricultura, en la comisión del Parlamento, por los motivos por los que se dejaron de percibir estos 22 millones de euros cuando gobernaba el PSOE en Canarias al tiempo que lamentó que “estas ayudas europeas no llegaran a sus destinatarios finales que son los hombres y mujeres del sector agrícola y ganadero”.

“¿Cómo es posible que el Gobierno de Torres dejara de utilizar esta cantidad de dinero mientras el sector agonizaba y se hundía agobiado por el incremento de los costes de explotación?”, interpeló Casañas, quién recordó que “mientras se dejaban de utilizar esos 22 millones de euros vimos a agricultores abandonando sus fincas o a ganaderos sacrificando sus animales porque los gastos superaban con creces lo que ingresaban”.

Según Casañas, que el Gobierno de Torres se dedicara a devolver estos 22 millones de euros no sólo supuso que “dejáramos en el camino a productores que estaban pasando apuros, sino que además envía un mensaje a Europa de que nuestro sector primario no necesita ayudas y, por tanto, puede poner en riesgo no sólo la continuidad de estos fondos sino la cuantía de la ficha financiera”.

Por esta razón, el diputado popular valoró que el actual Gobierno ya haya celebrado, el pasado mes de febrero, la primera mesa sectorial vinculada al REA “pues con ello conseguiremos no sólo ajustar este balance sino optimizar la ficha financiera y aumentar los niveles de ejecución”.

“Así evitaremos repetir los errores del pasado, dar más tiempo a los agricultores y ganaderos para poder usar estas ayudas e impulsar un sector vital no sólo para la economía de Canarias sino para la conservación del medio ambiente y las tradiciones ligadas al mundo rural”, concluyó.

• El diputado popular, Jacob Qadri, recuerda el “abandono” que sufren estos colectivos a los que el presidente Pedro Sánchez “sigue dando la espalda”
• Salvo la abstención del Grupo Socialista, toda la Cámara votó a favor de la Proposición no de Ley que da respuesta a una demanda histórica de los colectivos

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Qadri, logró ayer el apoyo de la Cámara, salvo la abstención del Grupo Socialista, para declarar a la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo. Una “demanda histórica” afirmó el diputado, que “desafortunadamente se ha puesto de manifiesto con los trágicos sucesos ocurridos recientemente en las aguas de Barbate y en Sevilla”.

Qadri agradeció “las propuestas presentadas por otros grupos, que mejoran el documento” y se declaró “satisfecho ante la aprobación de esta Proposición no de Ley que viene a hacer justicia y a solventar un agravio comparativo existente con otros cuerpos de seguridad de categoría similar como policías locales, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra”.

El diputado popular incidió en el “abandono” que sufren estos colectivos a los que el presidente Pedro Sánchez “sigue dando la espalda” al negarles la condición de profesión de riesgo cuando “sufren una media de 47 agresiones al día y más de 15.000 agresiones al año”, afirmó.

Qadri denunció también la nefasta gestión del ministro Marlaska “cuyas políticas cada vez se distancian más de las necesidades e intereses de estos cuerpos y se centran en enviar medios y recursos a otros colectivos dirigidos por los que quieren romper nuestro país en detrimento de los que luchan día a día por la seguridad y unidad de España”.

Por último, Jacob Qadri explicó que algunas de las condiciones que podrá mejorar la declaración de profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil es el adelanto de su edad de jubilación, fijada actualmente en los 65 años, “favoreciendo así que desarrollen su actividad y cumplan con los requerimientos físicos propios de su actividad de forma óptima”.