•     Lorena Hernández pide al consejero del Área que aclare si piensa eliminar esta oferta educativa el próximo curso
•     La diputada urge a Valbuena a reunirse tanto con el alumnado como con el profesorado para despejar las dudas suscitadas
•     La portavoz en Educación considera que “en un momento como el actual, la formación es un pilar básico para conseguir un empleo”

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, exigió al Gobierno de Canarias que “la lucha contra el coronavirus no sea la excusa a la que agarrarse para plantear recortes en Educación, un área que debería salir reforzada de esta crisis y no al revés”.

Así se pronunció la diputada popular tras conocer el comunicado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEF-IC) que alerta de la posible supresión de la Formación Básica Inicial (FIB) para el próximo curso.

Ante estas afirmaciones, Lorena Hernández pide al consejero de Educación, José Antonio Valbuena, que aclare si su departamento piensa eliminar esta oferta educativa, impartida por los centros de educación de adultos, “con el fin de ofrecer garantías y seguridad tanto al alumnado como al profesorado y despejar así las dudas suscitadas”.

Para la portavoz parlamentaria en materia de Educación, “según los datos publicados, 4.000 personas adultas podrían quedarse sin esta oferta educativa en un momento crucial, donde la crisis económica y social tras el coronavirus ha provocado miles de ERTE y un aumento en las listas de paro y, por tanto, la formación es un pilar básico para la búsqueda de un empleo”.

“La Formación Básica Inicial está dirigida para aquellas personas que carecen de estudios primarios con el fin de facilitarle los conocimientos y destrezas necesarios para poder acceder a la Formación Básica Postinicial, y conseguir así el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”, explicó Hernández.

En este sentido, Lorena Hernández aseguró que “de suprimirse estos cursos estaríamos dejando sin recursos a muchas personas mayores de 18 años que por diversas razones no pudieron obtener esta titulación en su momento; título que no olvidemos que es indispensable para acceder a otras etapas formativas posteriores”.

Por último, la diputada popular confía en que “esta situación haya sido solamente un malentendido y que las matriculaciones en Formación Básica Inicial sigan su curso pues ahora mismo debe ser una prioridad aumentar la participación de los menos formados en la educación para adultos para lograr que tengan mayor cualificación y así conseguir que mejoren su opciones de conseguir un puesto de trabajo”, concluyó.

• El portavoz adjunto, Poli Suárez, afirma que estos datos nos sitúan como la comunidad autónoma con peor tasa de cobertura de todo el país
• Suárez recuerda que hay más de 8.000 personas que teniendo derecho a una prestación a día de hoy no la reciben
• Vuelve a reiterar la necesidad de contar con un plan de empleo específico que dote a Dependencia de más personal

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, pide a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que “aparque los discursos triunfalistas y deje de presumir de gestión cuando a día de hoy hay casi 25.000 personas en las listas de espera de Dependencia, lo que supone 2.395 canarios más que cuando ella asumió la gestión”.

Ante el comunicado enviado por la Consejería de Derechos Sociales afirmando que Canarias mejora la gestión en esta Área, Poli Suárez recuerda que “los datos de la lista de espera nos sitúan como la comunidad autónoma con peor tasa de cobertura de todo el país, por lo que no entendemos cuáles son los motivos para sacar pecho”.

“Y menos aún, cuando también contamos con más de 8.000 personas que teniendo derecho a una prestación, a día de hoy no la reciben – indicó el portavoz popular- por no hablar de los 1.186 dependientes que han fallecido esperando por este trámite; unas cifras que sonrojarían a cualquiera y que demuestran que la dependencia en nuestras islas está peor que hace un año”.

El portavoz adjunto añadió que según el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, “un dependiente en Canarias tiene menos de la mitad de posibilidades de recibir una prestación que una persona dependiente en cualquier otra comunidad; una afirmación que choca con el triunfalismo mostrado por la consejera Noemí Santana”.

“Nos extraña que la misma persona que estando en la oposición criticaba el elevado número de personas en listas de espera, ahora se resigne y hasta saque pecho de unos datos que han empeorado considerablemente y que nos siguen manteniendo a la cola de la dependencia”, aseguró Poli Suárez.

El portavoz adjunto aseguró que “a los datos de lista de espera y de personas que no reciben su prestación también hay que sumar los que se encuentran en el llamado limbo de la dependencia, que se sitúa en 16.693 personas, más de tres mil respecto a julio de 2019”.

Por esta razón, Poli Suárez volvió a reiterar la necesidad de contar con un plan de empleo específico que dote de más personal al área de Dependencia, “para así disminuir los plazos de los informes evaluadores y las listas de espera”.

“Ya hicimos esta propuesta el pasado mes de febrero, con la intención de que el Gobierno firmara convenios con los Cabildos y Ayuntamientos de Canarias, en el que se incluyera los Colegios de Enfermería y Trabajadores Sociales, con el objetivo de determinar el número de profesionales necesarios por cada municipio para aliviar las listas de espera”.

Para Suárez, “confiamos en que esta vez recojan nuestro guante porque los datos son demoledores y no dejan lugar a dudas: con este Gobierno las listas de espera en Dependencia se han incrementado y se mantiene el tiempo de espera de 785 días para la tramitación de un expediente, cuando la media nacional es de 426 días, es decir, que un canario tarda casi un año de media más en resolver su situación”, señaló Suárez.

Por último, el diputado popular espera que “la consejería de Derechos Sociales no renuncie a mejorar estas cifras, sobre todo por el bienestar de unas personas que necesitan soluciones y no más excusas para tapar la ineficacia de un Gobierno que se ha demostrado hasta ahora incapaz de mejorar la Dependencia en Canarias”, concluyó.

• Australia Navarro, considera “inoportuna y poco meditada” la medida de los gobiernos socialistas al no considerar el perjuicio de esta medida para pymes y autónomos cuando están iniciando la vuelta a la actividad
• La portavoz popular lamenta que la Agencia Tributaria Canaria no haya arbitrado ninguna medida excepcional que permitiera posponer los pagos fraccionados que vencían en el estado de alarma.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara regional y presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, criticó la falta de previsión de la Agencia Tributaria Canaria al no tener en cuenta las condiciones excepcionales, derivadas de la crisis sanitaria, para adoptar medidas que permitieran posponer los vencimientos de los pagos fraccionados ya concedidos, durante el estado de alarma decretado por el Gobierno de España para combatir la pandemia.

Australia Navarro, que criticó la falta de sensibilidad del gobierno autonómico con miles de autónomos y pymes canarias, calificó de “inoportuna y poco meditada” la medida, al no tener en cuenta el perjuicio que puede ocasionar en un momento de escasa liquidez cuando, en el mejor de los casos, nuestras empresas están iniciando la vuelta a la actividad económica.

“Es sorprendente, manifestó, que la Hacienda canaria no haya tenido en cuenta las circunstancias excepcionales que concurrieron como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19 y de sus sucesivas prórrogas que han incidido en la capacidad de los deudores de la Hacienda de la comunidad autónoma para hacer frente a sus obligaciones de pago”.

Una falta de previsión que Navarro achacó a la ausencia de liderazgo y cohesión dentro del Ejecutivo. “Un Gobierno distraído con las luchas de poder entre los distintos grupos que lo apoyan, golpeado por continuos ceses y dimisiones, es difícil que encuentre tiempo para pensar en los problemas a los que se enfrentan muchas familias y emprendedores canarios”.

En este sentido, consideró que el Gobierno de Canarias debía de haber previsto que las medidas adoptadas para la contención del coronavirus, especialmente el confinamiento y el cierre obligatorio de la casi totalidad de negocios y actividades económicas han ocasionado graves problemas de liquidez a autónomos y pequeñas y medianas empresas que, a su vez, han afectado a más de 250.000 trabajadores canarios, incluidos en expedientes de regulación de empleo, o que directamente han ido a engrosar las listas del desempleo.

“Se trata de un problema de liquidez, que no de solvencia, para los que el Gobierno de Canarias debería haber ofrecido una respuesta rápida y efectiva pero que, lamentablemente, no ha brindado”, concluyó la presidenta de los populares canarios.

Por último, el PP solicita que aquellos autónomos que no hayan podido hacer frente por motivos de liquidez a algunas de las cuotas pasadas no se les cobren ni intereses ni recargos y se les faciliten el pago de estas deudas.

• La portavoz del Grupo Parlamentario Popular alertó que si esta situación no se corrige se deja a las finanzas locales “al borde, en muchos casos, del colapso financiero”

• “Si el Gobierno de España no rectifica y da a los ayuntamientos los fondos necesarios, la medida se bloqueará y dejará colgadas a miles de familias canarias que cuentan con ella para su supervivencia”

6 de Junio de 2020.- La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias y presidenta del PP en las islas, Australia Navarro; consideró “un despropósito y una irresponsabilidad” que el Gobierno de España pretenda cargar a los ayuntamientos parte del coste de la gestión del Ingreso Mínimo Vital “sin ninguna contrapartida económica que alivie sus ya maltrechas arcas municipales”.

Australia Navarro alertó que, según se desprende del borrador del convenio de colaboración entre la Seguridad Social (INSS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los consistorios de municipios de más de 20.000 habitantes “tendrán que asumir una parte burocrática de las peticiones, pero no cuentan con ninguna partida para reforzar las plantillas que se ocuparán de ello”.

La presidenta de los populares canarios recordó, en este sentido, las previsiones del Gobierno de Canarias, cuando informó que el ingreso mínimo vital, aprobado a finales del pasado mes de mayo, beneficiaría a unas 90.000 personas en las islas y, aseguró, que “si a los ayuntamientos no se les dan los fondos necesarios para afrontarlo, la medida estrella del Gobierno de España para levantar un escudo social que ayude a mitigar los efectos económicos del coronavirus se bloqueará y dejará colgadas a miles de familias canarias que cuentan con ella para su supervivencia”

“Las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes, unas 30 en Canarias, serán las encargadas de iniciar los expedientes administrativos de cada solicitante, pero en el borrador no se incluye ninguna partida para que los entes locales refuercen y amplíen sus plantillas de servicios sociales para hacer frente a la avalancha de solicitantes” explicó la portavoz popular quien aseguró que “si esta situación no se corrige se deja a las finanzas locales en un complicado escenario al borde, en muchos casos, del colapso financiero”.

El borrador detalla una gran cantidad de tareas de las que se encargarán los ayuntamientos como, por ejemplo, comprobar de oficio el mantenimiento de la unidad de convivencia, gestionar y trasladar a la Seguridad Social todo cambio de las condiciones económicas de cada familia, comprobar el cumplimento de las obligaciones y elaborar informes que servirán para determinar las sanciones de los incumplidores.

Al respecto, Navarro recordó que el decreto-ley que regula la renta mínima ya incluyó una disposición que decía que los gastos que se deriven de la iniciación de los expedientes «deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio».

• Lorena Hernández pregunta por qué las públicas cuentan ya con un protocolo de seguridad mientras se mantiene las restricciones para los centros privados
• Recuerda que en Canarias hay 164 centros de este tipo, que ofertan 8.124 plazas, lo que supone el 80 por ciento de los niños escolarizados en esta etapa educativa
• La portavoz parlamentaria de Educación considera que la medida es discriminatoria y va en contra de la conciliación laboral y familiar tan necesaria en estos momentos

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, lamenta que “el sentido común no haya vuelto a la Consejería de Educación tras el cese de la consejera, pues no tiene ninguna lógica que el próximo lunes vuelvan a abrir sus puertas algunos centros infantiles del Gobierno de Canarias para atender a los niños de 0 a 3 años mientras que se mantiene las restricciones para los de titularidad privada”.

Tras conocer que a partir del 8 de junio se volverá a la actividad en 6 de las 13 escuelas infantiles dependientes del ente público en una primera fase, la diputada popular pregunta por qué estos centros cuentan ya con un protocolo de seguridad “y este documento no se traslada a los centros privados para que puedan retomar su actividad”.

Hernández lamenta que “la improvisación y la desorganización siga reinando en una Consejería crucial en estos tiempos, porque no sólo hablamos de desatender la educación de miles de niños canarios y dificultar la conciliación familiar, sino que además se pone en jaque la continuidad de estas escuelas infantiles que se han visto desamparadas por el Gobierno durante esta crisis sanitaria, como así han denunciado”.

“En Canarias hay 164 escuelas infantiles de este tipo, que ofertan 8.124 plazas, lo que supone que el 80 por ciento de los niños escolarizados en esta etapa educativa siguen sin ser una prioridad para este Gobierno”, indicó Lorena Hernández, quien añadió que “esta medida es discriminatoria y va en contra de la conciliación laboral y familiar tan necesaria en estos momentos”.

Para la diputada Lorena Hernández, “con el desconfinamiento, son muchas las familias con niños que están atravesando serias dificultades al tener que incorporarse a sus puestos de trabajo mientras que los centros infantiles siguen cerrados, y en vez de agilizar la apertura utilizando el mismo protocolo ya aprobado para los públicos, se mantiene las limitaciones, para desesperanza de padres y madres, y del propio sector, del que dependen 1.300 trabajos directos”.

“Si el Gobierno de Canarias no toma medidas de apoyo para estas escuelas infantiles, muchas de ellas estarán abocadas al cierre, lo que supondrá que muchas familias se queden sin un lugar donde dejar a sus hijos cuanto esta situación termine”, manifestó la diputada popular, quién recordó “el déficit que tiene nuestra comunidad en tasa de escolarización de 0 a 3 años, pues de los 88 municipios, 42 no ofertan ni una sola plaza pública”.

Por último, Lorena Hernández urge al consejero de Educación a darle prioridad a este asunto “y a sentarse cuanto antes con toda la comunidad educativa de esta etapa, sin hacer distinciones entre centros privados, públicos y concertados, y establecer un protocolo único en todos los centros infantiles de Canarias, con normas claras y unificadas, para no caer en la descoordinación que reinó durante las primeras semanas tras establecerse el estado de alarma”, concluyó.