• Con esta medida se disminuirían los plazos de los informes evaluadores de los grados de dependencia

• Los populares proponen la creación de convenios con Cabildos y Ayuntamientos que cuente con ficha financiera

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, solicitó al Gobierno de Canarias la creación de un plan de empleo específico para dotar de más personal al área de Dependencia, “para así disminuir los plazos de los informes evaluadores y las listas de espera”.

La propuesta, anunciada durante la comparecencia solicitada por el Grupo Popular a la consejera en funciones de Derechos Sociales, Teresa Cruz, para departir sobre esta materia y que fue debatida en la última sesión plenaria del Parlamento, consiste en firmar convenios con los Cabildos y Ayuntamientos de Canarias, en el que se incluya los Colegios de Enfermería y Trabajadores Sociales, con el objetivo de determinar el número de profesionales necesarios por cada municipio y aliviar las listas de espera.

Para Poli Suárez, “el Gobierno de Canarias se excusa en la falta de financiación y en la falta de personal para justificar el incremento de las listas de espera, por ello, es prioritario agilizar estos convenios que tienen que nacer con ficha financiera y con la voluntad de aliviar y mejorar el trabajo que ya está realizando el personal de Dependencia”.

En este sentido, recordó que los últimos datos correspondientes al último semestre de 2019, “ya son los datos del gobierno del pacto de las flores, y evidencian que la dependencia está en peores condiciones que en la legislatura pasada, pues hay dos mil canarios más en las listas de espera y tenemos que esperar 785 días para la tramitación de un expediente, cuando la media nacional se sitúa en 426 días”.

Para el portavoz adjunto, “los números demuestran que después de estos 8 meses seguimos a la cola, con 24.500 personas que esperan por un reconocimiento como dependientes, con 5.541 que esperan por una plaza en una residencia pública o las miles que esperan por ayudas domiciliarias o teleasistencia”, criticó.

Por último, Poli Suárez agradeció que la consejera haya sido receptiva a esta propuesta y aseguró que “el Partido Popular seguirá tendiendo la mano a este Ejecutivo en beneficio de las personas dependientes que necesitan hechos y soluciones, y no más excusas e improvisaciones que es lo único que ha hecho el Gobierno de Canarias durante estos meses”, concluyó.

• La portavoz de los populares canarios cree que la escalada desmesurada de la presión fiscal resultará letal para la economía de familias y empresas 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias y presidenta autonómica, Australia Navarro, denunció hoy “el apetito fiscal insaciable del Gobierno autonómico con su amenaza de crear nuevas figuras impositivas vinculadas al medio ambiente que pueden resultar letales para muchas familias y empresas del archipiélago” y advirtió que “el medio natural no se protege arruinando a la gente”.

Para Australia Navarro, “la introducción de nuevos impuestos disfrazados de verde en el sistema fiscal, ya de por sí incrementado desde el 1 de enero con el incremento indiscriminado y universal del tipo general del IGIC y de suministros básicos como la electricidad y la telefonía, es un despropósito y una irresponsabilidad”.

La presidenta del PP considera “una temeridad que el Gobierno regional  dirija ahora su codicia fiscal hacia sectores estratégicos en la economía canaria como el turismo, el transporte y la industria, que perderán necesariamente competitividad y trasladarán los incrementos tanto a los clientes como a una menor capacidad de mantener o crear empleo”.

Navarro advirtió que “aunque el Gobierno regional se disfrace de verde y pretenda hacer una campaña de marketing en defensa del medio ambiente, lo que en realidad pretende es subir más y más la recaudación tributaria a costa del bolsillo de las empresas y de las familias canarias”.

La presidenta del PP rechaza igualmente “la improvisación y la falta de rigor del Gobierno al plantear cuestiones de esta naturaleza sin saber a ciencia cierta qué impacto y qué consecuencias producirán sobre la economía real de los canarios”.

Navarro recuerda en este sentido que “en el conjunto de España ya se recaudan más de 22.000 millones de euros al año (dato 2018) a través de la fiscalidad verde y está demostrado que esa presión tributaria recae en un 52% en la economía de los hogares”.

“En un clima de incertidumbre económica como el actual este tipo de impuestos extraordinarios tiene difícil justificación, no resuelve el problema que se pretende justificar con su creación e indudablemente tendrá un  impacto negativo en la actividad económica y en el empleo en las Islas”, agregó.