El diputado autonómico Fernando Enseñat manifestó hoy la preocupación del Grupo Parlamentario Popular “respecto a la intransigencia demostrada por el Gobierno de Canarias en el proceso de negociación con las empresas que prestan el servicio de transporte escolar en las islas, de cuyo mantenimiento depende el traslado de unos 46.200 alumnos canarios”.

“No entendemos el empeño del vicepresidente y consejero de Educación en no aplicar la cordura y prorrogar los contratos en vigor, que finalizan el próximo mes de junio, lo que supondría incumplir la palabra dada a más de 200 empresas familiares de las islas que realizaron inversiones millonarias contando con esta renovación, y poner en peligro unos 5.000 empleos directos”, dijo Enseñat.

“Mucho nos tememos que el objetivo del Gobierno sea esperar a que termine este curso escolar, y que las acciones de protesta que el sector pueda emprender, no tengan efecto por desarrollarse en los meses de verano, y paralelamente, otorgar las concesiones del próximo curso a empresas públicas sin experiencia alguna en un sector tan sensible como el traslado de niños, algunas de ellas en situación ruinosa, con el fin de sanearlas y justificar su utilidad”, denunció.

Quiebra del sector

“Ante todo –prosiguió-, el Ejecutivo regional estaría afectando gravemente a la estabilidad y continuidad del servicio de transporte escolar, pero también a la pervivencia de estas empresas, que calculan que afrontarían reducciones entre el  50 y el 70% de sus ingresos, y estarían directamente abocadas a la quiebra”.

El parlamentario popular recordó que en los contratos suscritos entre los años 2008 y 2009, la Consejería de Educación, acordó con los empresarios hacer efectiva la cláusula de prórroga que prevé un máximo de 25 años de duración. “El objetivo era amortizar las inversiones que el propio Gobierno obligó a realizar a los empresarios”, apuntó el portavoz popular en materia de transportes.

“La postura del vicepresidente del Gobierno es incomprensible, toda vez que los transportistas ya abarataron el pasado verano un 21% el coste de este servicio, y negociaron con Educación la mejora del trazado y la eficiencia de las rutas”, señaló Fernando Enseñat.

El diputado del Partido Popular concluyó recordando que la comunidad autónoma pasó del puesto 14 al primer lugar de España en modernización y seguridad de la flota de transporte escolar, “a pesar de que desde julio de 2012 el sector no cobra la devolución del impuesto especial sobre combustibles que grava el gasóleo profesional”.