• El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, constata que desde su aprobación en 2023 la oferta ha caído un 40% y los precios han subido un 24% y “cada día es más difícil obtener una vivienda a precios asequibles y la oferta de alquileres se ha reducido por desincentivar a los arrendadores”
• Según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), Canarias ha sido la región española donde esta normativa ha perjudicado al sector con mayor intensidad desplomando la oferta de alquiler residencial un 9% más de la media registrada en todo el Estado
• Para Casañas gran parte de los propietarios “ante la indefensión que genera esta ley intervencionista” ha optado por vender sus inmuebles, retirarlos del mercado o sumarse al negocio de la vivienda vacacional

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, señaló a la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023 por el gobierno de Sánchez, como la principal responsable de la caída del mercado del alquiler en las islas. “Una ley -dijo- intervencionista que genera indefensión al no tener en cuenta cómo afecta a los pequeños propietarios que, en definitiva, son los que tienen el grueso del parque inmobiliario”.

Casañas, que solicitó en el último pleno la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para informar sobre la evolución del mercado inmobiliario en las islas, señaló que el Archipiélago ha sido la comunidad “más perjudicada por esta normativa con un desplome de la oferta de alquiler residencial un 9% mayor que la media nacional”, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.

“Desde su aprobación en 2023, la oferta en Canarias ha caído un 40% frente al 31% registrado en el resto del Estado y los precios han subido un 24% y cada día es más difícil obtener una vivienda a precios asequibles y la oferta de alquileres se ha reducido por desincentivar a los arrendadores”, añadió.

Para el diputado popular, “ante la indefensión que genera esta ley intervencionista”, gran parte de los propietarios en Canarias ha optado por vender sus inmuebles, retirarlos del mercado o sumarse al negocio de la vivienda vacacional.

“De esta forma, si la oferta de vivienda ya era escasa en el Archipiélago, ahora se ha reducido muchísimo más y, por ende, los precios se disparan, principalmente en las capitales autonómicas como demuestra que, en los 10 meses de vida de la ley estatal, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria los costes de la vivienda han aumentado en un 16,3%”, agregó Casañas.

Por este motivo advirtió al consejero que, como ya ha ocurrido en otros lugares, la declaración de mercado residencial tensionado que han solicitado algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE tendrá dos consecuencias inmediatas. “En primer lugar, -manifestó- hará que los propietarios de la zona retiren sus pisos del mercado del alquiler para evitar los topes de los precios y en segundo hará que suban los precios en las zonas de alrededor”.

Por último recordó que, frente al fracaso de las políticas de vivienda del PSOE que ha sido incapaz de construir las 6000 viviendas prometidas por Torres ni las 183000 anunciadas por Sánchez; este Gobierno en apenas nueve meses ya ha aprobado un Decreto ley de Vivienda que contempla múltiples medidas para que cada municipio adopte las que considere que más se ajustan a su realidad para dar respuesta a la emergencia habitacional”, concluyó.