• La portavoz popular de Educación en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández, pedía al Ejecutivo que arbitrara las medidas necesarias para dar estabilidad a un colectivo “que corre evidente peligro de perder sus puestos de trabajo” por la ley Celáa
• Para Hernández choca que en un momento en el que se está impulsando la estabilización del personal docente en la comunidad autónoma se excluya del proceso a estos profesores
• “Es lamentable que los partidos de izquierda se opongan a buscar soluciones a un colectivo que lleva ejerciendo su trabajo más de 40 años”

La portavoz en materia educativa del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández, acusó hoy al pacto de gobierno de “olvidarse de los profesores de religión y querer liquidarlos por la puerta de atrás” al rechazar una propuesta en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que arbitrara las medidas necesarias para dar estabilidad a un colectivo “que corre evidente peligro de perder sus puestos de trabajo por la conocida ley Celáa”.

Hernández, que defendió la iniciativa ante el pleno de la Cámara, destacó que el profesorado de religión, en las etapas de Educación Infantil y Primaria, es un colectivo de docentes que ha ido perdiendo derechos a lo largo de la aprobación de las diferentes leyes educativas y manifestó su extrañeza de que “cuando se está impulsando desde las administraciones públicas la estabilización del personal docente, se excluya del proceso a este colectivo”.

Por esta razón, apunto Hernandez, el objetivo de la proposición no de ley era garantizar el mantenimiento de unos puestos de trabajo que tienen carácter indefinido, respetando la carga docente de un personal que lleva ejerciendo su labor en los centros educativos de Canarias durante muchos años y que, debido a la nueva Ley Orgánica de Educación 3/2020 “pueden perder su trabajo o quedarse en una situación absolutamente precaria”.

“Pedíamos que se buscara una solución, sin perjuicio de la libertad que tienen los centros educativos para hacer uso de su autonomía organizativa, a un colectivo que en muchos casos lleva ejerciendo su profesión más de 40 años y no puede perder derechos consolidados en la última etapa de su vida laboral y acabarla de forma precaria cuando no abruptamente”, insistió.

Recordó que en Canarias existen aproximadamente unos 500 docentes de Infantil y Primaria que imparten clases de religión en la educación pública afectados por esta situación, con una media de edad entre los 40 y 60 años y con unos 20 o 30 años de media trabajados para la administración “que tendrían un verdadero problema para reincorporarse al mercado laboral, sobre todo aquellos con edades próximas a la jubilación, si no se busca una solución”.

Por último, la diputada popular manifestó su esperanza de que la transferencia de este profesorado a la comunidad autónoma, como solicitó el Parlamento de Canaria, “marque un antes y un después para las aspiraciones de este colectivo” y se desarrolle un marco normativo que deje claro la habilitación del profesorado de religión”.

“Una capacitación que les de estabilidad al permitirles realizar actividades educativas en los centros donde imparten la enseñanza de religión como pueden ser por ejemplo guardias de recreo, coordinadores de ciclo, apoyo en la organización y funcionamiento de la biblioteca, coordinador de actividades complementarias y extraescolares, etcétera”, concluyó.