• La diputada popular, Astrid Pérez, alerta de que Canarias es la tercera comunidad dónde más han subido este tipo de denuncias
• Pérez explica que durante el primer semestre del año, en Canarias se han contabilizado 300 denuncias, casi dos okupaciones al día
• Pide a los grupos parlamentarios que apoyen la ley antiokupa presentada por el PP en el Congreso de los Diputados que garantiza los desalojos en 12 horas

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Astrid Pérez, pidió hoy al Gobierno de Canarias que ponga en marcha medidas integrales para atajar la okupación ilegal de viviendas, “que deben pasar por acciones para proteger el patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia social, haciendo especial hincapié en políticas reales de viviendas públicas”.

Durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento de Canarias, Pérez alertó de que en el primer semestre del año en nuestro país se han denunciado más de 8.000 okupaciones, a razón de 41 por día, y “concretamente en las Islas se han contabilizado 300 en el mismo periodo, casi dos al día, lo que nos convierte en la tercera comunidad dónde más han subido este tipo de denuncias, lo que supone un aumento cercano al 15 por ciento con respecto a 2019”.

La diputada popular explicó que por provincias, Las Palmas acumula 179 casos mientras que Santa Cruz de Tenerife registra 132, “con estos datos, la isla de Gran Canaria se sitúa como el cuarto territorio de España en el que más ha crecido este fenómeno, sólo por detrás de Ceuta, Huesca y Girona”.

“La lucha sobre la okupación ilegal debe versar sobre dos aspectos fundamentales: por un lado, las reformas legislativas en el Congreso de los Diputados y por otro, la existencia de una serie de actuaciones y políticas encaminadas a la construcción de vivienda pública, que sí es competencia de este Gobierno”, indicó Astrid Pérez.

La diputada popular afeó que Canarias no haya construido ninguna vivienda pública en 20 años, “máxime cuando según el registro público de Canarias, un total de 17.023 personas son demandantes, una cifra escandalosa que debe tenerse en cuenta para acelerar las licitaciones para que estas viviendas sociales, ya planificadas, se empiecen a construir cuanto antes”.

Asimismo, Pérez también urge al Gobierno de Canarias a implicarse en la lucha contra esta realidad y a adoptar “todas las acciones que esté en su mano para contribuir a paliar la usurpación de viviendas así como acelerar las medidas recogidas en el Plan de Vivienda que ayuden a acabar con estas injusticias”.

Ley antiokupa

En este sentido, la diputada popular invitó a todos los grupos parlamentarios a sumarse a la ley antiokupa presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados que, además de garantizar los desalojos en 12 horas, incluye “definir la okupación como delito, prohibir el empadronamiento de los okupas, impedir que los okupas tengan los mismos derechos que quien compra o alquila una vivienda, facultar a las comunidades de propietarios para que puedan ejercer la denuncia y luchar contra las mafias”.

“Confiamos en que la lucha contra la ocupación ilegal sea de todos los partidos y no sólo del PP, porque nosotros no vamos a dejar abandonados a los ciudadanos y a las víctimas de este delito”, indicó Pérez, quién espera que “otros abandonen su filosofía de justificar la okupación como una forma de acceso a la vivienda anulando el derecho constitucional a la propiedad”, concluyó.