“El Gobierno reconoce un agujero de 2 millones en los servicios de recaudación de los alquileres, pero podría ser muy superior”

Bethencourt (PP) revela que el Gobierno regional solo percibe renta de 540 inmuebles sociales arrendados, cuando tiene 17.000

26 de septiembre de 2014.- La portavoz de Políticas Sociales y Viviendas del Grupo Parlamentario Popular, Milagros Bethencourt, denunció hoy que la deuda acumulada por la empresa que prestaba el servicio de recaudación por alquileres sociales del Parque Público de Viviendas, podría ascender a 86 millones de euros. “El Gobierno solo reconoce un agujero de dos millones de euros, pero todo indica que la cantidad no cobrada o perdida podría ser bastante superior”, denunció.

La empresa Hermanos Alonso Garrán, S.L. prestó este servicio desde el año 1985 hasta mayo de 2013, en que el Gobierno de Canarias decidió no prorrogar el contrato de servicio. La liquidación del mismo arroja un saldo a favor la comunidad autónoma de 1,8 millones, cuya reclamación está dilatando la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda “a pesar de su conocida falta de liquidez”.

La diputada popular, además, preguntó a la consejera del Área, Inés Rojas, por qué el Instituto Canario de Vivienda percibe solamente rentas de 540 inmuebles sociales arrendados, cuando tiene 17.000 viviendas en su parque público. “Con independencia de que haya excepciones con algunas familias necesitadas que no puedan pagar el alquiler, con lo que estamos totalmente de acuerdo, sorprende la absoluta falta de control sobre el dinero público”.

La consejera del Área no supo aclarar la situación en el Parlamento a preguntas de Bethencourt, quien planteó “cómo es posible que no haya un control administrativo respecto a los ingresos de los alquileres, que iban a una cuenta bancaria directa y exclusiva de la empresa deudora y hoy declarada en concurso”.

“Hay muchas sombras en este procedimiento desde el inicio, y queda claro que el Gobierno de Canarias no tiene voluntad de recuperar este dinero, y mucho menos de contar cuánto debe realmente Hermanos Alonso Garrán, S.L.”, aseguró.

Por si fuera poco, la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias asume ahora la recaudación y gestión de los alquileres sociales, a través de una encomienda de gestión por dos millones. “Nos sale lo comido por lo servido”, ironizó Bethencourt.

La diputada popular concluyó señalando que el caos reina en el Instituto Canario de Vivienda y en Visocan, convertidas en “un verdadero saco sin fondos que acumulan el escándalo de las subvenciones que se adeudan tanto a la Hipoteca Joven como a las Viviendas de Protección Oficial, el desvío de 6 millones del Sistema de Atención a la Dependencia, la parálisis en la rehabilitación de viviendas y la cantidad de VPO cerradas a cal y canto pese a haber 37.000 canarios en lista de espera, aguardando para recibir una casa”.