Los populares preguntarán a Rivero su opinión ante las sentencias del TS favorables a la autorización de los  sondeos

 

El PP también quiere conocer los planes del Gobierno en materia de prevención de incendios “para saber si está preparado”

 

6 de julio de 2014.- El Grupo Parlamentario Popular preguntará al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias, que se celebrará esta semana, sobre su valoración de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que desestiman los recursos contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalidan los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias. «Queremos saber, señaló el presidente del Grupo Parlamentario, Asier Antona, si Rivero es capaz de acatar y respetar públicamente nuestro ordenamiento jurídico tal y como juró o prometió cumplir o hacer cumplir en su toma de posesión».

 

El Gobierno comparecerá también, a petición del Grupo Popular, para detallar el plan de prevención y extinción de incendios previstos para la actual campaña de verano. Para el PP, es incomprensible que el Ejecutivo regional no haya tomado la iniciativa de informar a petición propia a la Cámara del dispositivo, los medios humanos y materiales disponibles y la coordinación con cabildos, ayuntamientos y Gobierno de la Nación.

 

Para la responsable de la iniciativa, Milagros Bethencourt, “los canarios tenemos todo el derecho a saber si el Gobierno de Canarias ha cumplido con su obligación, y está preparado ante una campaña que comenzó con muy altas temperaturas el 1 de julio, y se prolongará hasta septiembre”.

 

En este sentido, justificó la solicitud de los populares porque  “este Gobierno de CC y PSOE, que tanto esfuerzo dedica a otras cuestiones que no son su competencia, se ocupa poco de la prevención de incendios forestales, que es su responsabilidad directa e ineludible, y de la que siempre acaba culpando a otro”.

 

RECHAZO LEY TERRITORIO Y MEDIDAS TRIBUTARIAS

 

En otro orden de cosas, el Partido Popular defenderá en el Pleno una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales solicitando su devolución. “El texto propuesto por el Gobierno ni armoniza ni simplifica, sino todo lo contrario, complica todavía más la maraña legislativa en la que se mueve actualmente la gestión del territorio”, según explicó el diputado Miguel Jorge.

 

Los populares son especialmente críticos con la absoluta falta de consenso con la que se ha tramitado este proyecto legislativo, y destacan que “no existe una sola administración, institución o colectivo en las Islas que respalde su contenido”.

 

Como ocurriera con la Ley de Renovación Turística, la nueva propuesta legislativa del Gobierno regional margina la intervención de cabildos y ayuntamientos en el desarrollo del planeamiento, “insistiendo en un modelo centralista que ignora la realidad territorial del archipiélago y desprecia las peculiaridades socio-económicas de los diferentes modelos de desarrollo que conviven en las Islas”.

 

El Partido Popular muestra también su rotundo rechazo al sistema de acreditación profesional que quiere imponer el Gobierno a los técnicos que intervengan en el desarrollo del planeamiento urbanístico, una exigencia que abre la puerta a la arbitrariedad de la administración autonómica, y que el propio Consejo Consultivo califica de inconstitucional.

 

Así mismo, el Grupo Popular solicitará la devolución al Gobierno de Canarias de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales al considerar con carácter general que “es un cajón de sastre que solo genera incertidumbre e inseguridad jurídica”.

 

Para el diputado popular, Jorge Rodríguez, “se comprueba, además, en su contenido normativo, que la política tributaria impulsada por el Gobierno de Canarias es la peor de las posibles para apoyar a las familias y a la creación de empleo en el archipiélago”.

 

“Si a todo ello, insistió, añadimos que el Proyecto de Ley contempla un incremento de algunos impuestos, más tasas y más intervencionismo público con más concentración de poder para algunas decisiones en materias de sensibilidad estratégica para el desarrollo de Canarias, la justificación de esta Enmienda a la Totalidad es más que evidente”.