Felipe Afonso tacha de “paripé” la norma, y recuerda que es una copia de la andaluza y la navarra suspendidas por el TC 

Para el diputado popular “el Gobierno regional ya ha tirado por la borda la legislatura y solo actúa para esconder su falta de ideas”

26 de febrero de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, manifestó hoy durante el debate parlamentario del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Vivienda, que esta norma “no ayudará a ninguno de los 37.000 canarios demandantes de una vivienda de protección oficial”, y la tachó de “paripé del Gobierno regional para ocultar su incompetencia y falta de políticas serias que atajen el problema”.

“El Ejecutivo autonómico parece que ya ha tirado por la borda la legislatura y se dedica a proponer medidas como esta, o el nuevo estatuto de autonomía, para esconder su falta de ideas”, aseguró Afonso, para quien la norma es “una chapuza que no ayuda a los canarios sin ingresos a cubrir el coste de una casa, ni facilita la obtención de un préstamo”.

El diputado popular enfatizó que la norma es “una burda copia de los proyectos legislativos de Andalucía y Navarra, ambos suspendidos por el Tribunal Constitucional, y se presenta ignorando multitud de informes negativos, tres de ellos elaborados por la Dirección General de Planificación y Presupuestos del propio Gobierno, que advierte que no hay dinero para ponerla en marcha”.

En este sentido, Afonso señaló que la nueva norma “es la excusa perfecta para este Gobierno, pues se dicta a sabiendas de su posible inconstitucionalidad, y siempre les quedará seguir acusando al Partido Popular de paralizarla como justificación para no hacer nada por resolver los problemas de los canarios”.

“Gran Hermano”

Felipe Afonso apuntó que, además de las intromisiones en el derecho de la propiedad privada o su regulación de las expropiaciones, “el Gobierno pretende ejercer de Gran Hermano de los ciudadanos canarios, convirtiéndose en una especie de asesor inmobiliario discrecional y a la fuerza”.

“De aprobarse esta norma –aseguró-, la  privacidad e intimidad personal o familiar es violentada y queda subordinada a la discrecionalidad de la administración canaria, que pretende saber dónde realizan los ciudadanos sus comunicaciones telefónicas o las informáticas, dónde reciben el correo o cuál es su consumo de agua o luz sin su consentimiento ni conocimiento”.

“Da la impresión que el Gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyan desconocen la realidad de numerosas personas que ponen sus viviendas en venta o alquiler, y que tardan muchos años en conseguir quién se las compre o arriende, pues no existe tanto un problema de oferta, como de financiación de la demanda o falta de recursos de esta, y la ley no aborda estos problemas”, destacó.

El diputado popular concluyó recomendando al Ejecutivo regional la adopción de líneas públicas de apoyo a la compra o alquiler de vivienda, a optimizar las viviendas del parque público actualmente vacías y deshabitadas, y el suelo disponible, “medidas para las que no necesita aprobar ninguna ley”.