Artículo de la Portavoz del Grupo Popular del Parlamento de Canarias y presidenta del Partido Popular de Gran Canaria.

Desde que el Gobierno de España aprobara el Anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, el PSOE ha formulado críticas feroces contra el mismo, sin aportar ninguna propuesta ante los retos que se enfrenta el Sistema de Seguridad Social español.

Una Seguridad Social, conviene recordar, que está en déficit desde que se fueron los socialistas en 2011. El gasto en pensiones se ha más que duplicado, pasando de 52.000 millones en el año 2000 a más de 100.000 en la actualidad y, a causa de ese déficit heredado, estamos usando el Fondo de Reserva en los últimos años para poder pagar las pensiones puntualmente.

Lo que está claro es que ante esta situación de riesgo el Gobierno de la Nación no podía quedarse de brazos cruzados y ha tenido que adoptar medidas de reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Una reforma que, con la hipocresía que le caracteriza, el PSOE defendía en el pasado y hoy critica sin pudor.

El 8 de mayo de 2009, en  acto organizado por UGT Euskadi para abordar las «Nuevas políticas para la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejora de la protección social», el Secretario de Estado de la Seguridad Social del Gobierno de Zapatero afirmaba: “(…) con el cóctel de más jubilados y menos cotizantes, el sistema, de cara al futuro, es insostenible (…)”.

La opinión pública canaria debe saber que el PSOE, durante las dos pasadas legislaturas, adoptó numerosas medidas con el fin de limitar el gasto en pensiones que hoy interesadamente olvida. Resumiendo, se pueden señalar:

1º) Congelación de las pensiones en el año 2011. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió en el año 2012 subir las pensiones inferiores a 1.000 euros un 2%.

2º) Ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años.

3º) Incremento del periodo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación.

4º) Reducción en hasta un 50% de la cuantía de la pensión de incapacidad permanente por enfermedad común.

5º) Limitación de la pensión de viudedad en casos de separación o divorcio.

6º) Bajada de la cuantía de la incapacidad temporal por enfermedad común en caso de despido.

7º) Disminución de los porcentajes de la pensión de jubilación por año trabajado, que castigaba, entre otros colectivos, a las personas que hubieran abandonado temporalmente su vida laboral para el cuidado de hijos.

8º) Aumento del número de años necesarios para percibir el 100% de la pensión de jubilación de 35 a 37 años.

9º) El socialista Valeriano Gómez, el único ministro de España que ha congelado las pensiones, defendía el 15 de 2010 en un acto público que «los jubilados también deben hacer un sacrificio al aceptar la congelación de sus pensiones para que la crisis sea lo más corta posible» (El Faro de Vigo). Hoy se permite en un artículo publicado en el periódico «El País» el 20 de septiembre pasado que «las pensiones, una vez originadas, deben mantener su poder adquisitivo definido legalmente».

Frente a esta política hipócrita, errática e interesada del PSOE, el PP ha presentado una reforma que busca la sostenibilidad del sistema público de pensiones hoy y en el futuro y, al mismo tiempo, persigue que las pensiones suban siempre, en función de la situación económica.

En definitiva, las medidas del Ejecutivo consiguen blindar a las pensiones de la congelación, algo muy importante y que debe generar tranquilidad para todos los pensionistas garantizando que van a subir siempre, unas veces más que el IPC y otras, cuando la economía pase por momentos difíciles como el actual, subirán un mínimo del 0,25%. Pero lo más importante es que con esta reforma se pone a salvo a nuestro sistema de pensiones de asaltos como los perpetrados en el pasado por los gobiernos socialistas  que han puesto en grave riesgo el futuro de nuestras pensiones.