El Grupo Parlamentario Popular remarcó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) solo cubrirá las necesidades de 6.200 personas en situación de exclusión social, un 8% de los 800.000 canarios que pasan verdaderas necesidades. La diputada Milagros Bethencourt exigió al Gobierno regional “un proyecto de modificación serio, que dé cobertura a quienes se encuentran en riesgo de pobreza, y destine un porcentaje de los 200 millones del déficit a atender las solicitudes de prestación ya existentes”.

“Es vergonzoso que el Gobierno de Canarias quiera seguir haciéndose propaganda a costa de los más desfavorecidos, cuando en 2012 no fue capaz ni de ejecutar su presupuesto”, declaró la portavoz parlamentaria de Política Social y Vivienda.

“El año pasado, y según datos de la Consejería de Política Social y Vivienda, apenas se atendió a unos 5.400 solicitantes con los 20 millones que se presupuestaron, y además hubo 3.000 personas a las que no se atendió porque no entraban en los criterios de la Ley”, apuntó.

“Este Gobierno parece ignorar que 120.000 hogares canarios tienen a todos sus miembros en paro, y hay 38.000 familias a las que no entra ni un solo euro al mes” argumentó Bethencourt, quien apuntó que “no nos sirve que se pretenda vender la cobertura a 3.000 personas más; sinceramente, no nos lo creemos”.

La diputada del Partido Popular valoró que ahora se corrija el error y se atienda a estas familias, pero destacó que “siguen faltando medidas urgentes para una tercera parte de la población del Archipiélago, mientras el Gobierno se limita a parchear y a seguir con una labor propagandística que solo sirve para crear falsas expectativas y desesperanza entre los más necesitados”.

En este sentido, recordó que “ya se lo dijimos al Gobierno durante el debate de la Estrategia contra la pobreza: Los 23 millones de la PCI solo permitirán atender en 2014 a 6.200 demandantes de ayuda, y encima, de forma temporal”.

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado reiteradamente que la prestación canaria de inserción (PCI) no estaba siendo consecuente con el espíritu de la Ley, insertar en la sociedad a las personas en riesgo de exclusión social, y por ende, en el mercado laboral.

En este sentido, Milagros Bethencourt destacó que entre 2008 y 2010 se invirtieron 38,5 millones de euros que dieron como resultado 1.337 puestos de trabajo temporales en áreas de baja cualificación, “lo que equivale a 30.000 euros de dinero público por seis meses de trabajo, y a desvirtuar por completo el objetivo de la norma”.

“Ya nos sorprendió que la reforma de la PCI fuera el pilar estrella de la Estrategia contra la pobreza del Gobierno, cuando este mismo ejercicio presupuestario restaron 4,5 millones a la PCI, entre lo que quitaban a los perceptores y a los ayuntamientos, por no hablar de los 2 millones que no se ejecutaron en 2012, en plena crisis”, concluyó.