Bruselas cuestiona la legalidad del plan de Rivero para expropiar pisos a la banca
(La Provincia) La Comisión Europea quiere más detalles sobre los planes de AndalucÃa y otras comunidades autónomas, como Canarias, para expropiar temporalmente pisos a la banca, ya que duda de que esta práctica sea compatible con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera europea.
En una carta remitida al Ministerio de EconomÃa y a la que ha tenido acceso Efe, la Comisión Europea traslada su preocupación por las iniciativas de algunos gobiernos regionales sobre expropiaciones temporales de pisos a la banca, desalojos o el establecimiento de sanciones a las casas vacÃas.
Bruselas plantea que estas propuestas pueden chocar con los compromisos adquiridos por España con la firma del MoU, el documento que recoge las condiciones para que el paÃs recibiera fondos de sus socios con los que rescatar su sistema financiero.
Por ello pide más información sobre estas medidas con el fin de evaluar si son compatibles con los acuerdos del MoU, al tiempo que lamenta el riesgo de estas iniciativas para la banca, en un momento en el que España está haciendo esfuerzos para lograr la estabilidad de su sistema financiero.
Una advertencia para gobiernos regionales como los de AndalucÃa y Canarias que hace casi un mes mostraron su disposición a expropiar temporalmente viviendas para evitar los desalojos de familias que no pueden pagar sus hipotecas.
En el caso concreto de AndalucÃa, con 8,4 millones de habitantes y gobernada por el PSOE e IU, el pasado 12 de abril entró en vigor el decreto que permitÃa las expropiaciones temporales de uso con la intención de beneficiar a unas doscientas personas en una primera fase. La idea del gobierno regional es hacerse durante un tiempo con viviendas desocupadas propiedad de bancos u otras empresas, que no fueran residencias dedicadas a usos turÃsticos u ocasionales.
Cuestión de dÃas
Mientras tanto la ConsejerÃa de PolÃticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario acelera los trámites para reformar la Ley de Vivienda de 2003, para que antes de acabar el mes de mayo entre en el Parlamento la medida de expropiar por hasta tres años los inmuebles en manos de los bancos que estén a punto de ser desahuciados, con el fin de que la familias afectadas pueden mantenerse en la vivienda con un alquiler social.
La iniciativa del Ejecutivo regional está inspirada en el decreto de la Junta de AndalucÃa, que ya se encuentra en vigor, para frenar los desalojos de las viviendas a familias con problemas económicos. En el caso de Canarias el trámite del Gabinete que preside Paulino Rivero consiste en reformar la Ley de Vivienda de 2003 y llevarla al Parlamento, ya que la Comunidad Autónoma no tiene potestad para aprobar un decreto-ley como es el caso de AndalucÃa.
En una reunión celebrada el miércoles con el presidente canario, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) solicitó al Ejecutivo que tramite de urgencia la modificación de la normativa puesto que la ciudadanÃa necesita la ayuda de inmediato. Rivero y la consejera de Vivienda, Inés Rojas, se comprometieron a tener en cuenta las consideraciones de la plataforma cuando se tenga la reforma legislativa.
El gasto que prevé el Ejecutivo regional en alquileres sociales es de unos 250.000 euros anuales y la intención es que los fondos salgan de las sanciones a los bancos y promotores y de las fianzas de los alquileres. No obstante, si hiciera falta el Ejecutivo se compromete a buscar fondos públicos.
