Marrero desconoce si existe alguna demanda contra el polémico decreto
(El Día) La consabida lentitud de la Justicia le jugó ayer una mala pasada al viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Martín Marrero. En su comparencia en la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico para dar cuenta del decreto 31/2013, de 8 de febrero, que recoge los pliegos de prescripciones técnicas generales en campañas institucionales de publicidad, Marrero dijo que al Ejecutivo no le «constaba» ninguna demanda por la vía de lo Contencioso-Administrativo contra la citada norma.
«Consulté esta mañana a primera hora a la dirección general del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma y no nos consta que haya habido ninguna», fueron sus palabras. En todo caso, matizó que «cabría la posibilidad remota de que la Sala no hubiese comunicado cualquier recurso que hubiera, aunque teniendo en cuenta que el plazo finalizó el 19 de abril y que estamos a mitad de mayo es bastante improbable». «Al final todo fueron voladores. No se ha sustanciado ningún recurso en vía administrativa», añadió.
Sin embargo, lo que parecía imprevisible se produjo, y los fuegos no fueron de artificio. La demanda que todavía ayer desconocía el viceconsejero la presentó el representante legal de Editorial Leoncio Rodríguez SA, empresa propietaria del periódico EL DÍA, Radio EL DÍA y EL DÍA Televisión, el pasado 12 de abril, siete días antes de que venciera el plazo para la presentación de recursos al citado decreto regional, el 19 de ese mes.
Pero al margen de la cuestión legal, el viceconsejero de Comunicación aprovechó el debate parlamentario para defender el decreto regional.
«No ha supuesto y no supone más que dar un rango normativo a lo que ha sido aplicado en manera de recomendaciones», dijo Martín Marrero, quien recordó que tiene «su antecedente inmediato» en un acuerdo del año 2012 que modificaba otro anterior, de 2003, y otro de hace un año relativo a medidas a seguir en materia de inserciones publicitarias y acuerdos de promoción con medios de comunicación.
Marrero aseveró que estos acuerdos profundizan en pautas para garantizar la libre concurrencia «sin que se excluya a ningún medio». «Todo lo contrario», dijo.
Marrero remarcó que para cambiar lo que eran recomendaciones a prescripciones técnicas se requirieron cinco informes técnicos, «por tanto no es una decisión meramente política». Los citados documentos los emitieron la oficina presupuestaria de Presidencia, la dirección General de Planificación y Presupuestos, la Junta Consultiva de contratación administrativa, la dirección general del Servicio Jurídico y la comisión preparatoria de asuntos de gobierno.
«Sin ser necesario se elevó a decreto una decisión en aras de la transparencia y sin tener obligación de hacerlo», sostuvo Marrero, quien defendió que la norma «en absoluto» establece criterios nuevos ni medidas «contra medio alguno».
En esta línea, Manuel Fajardo, del PSOE, defendió también que la norma regional no incluye nuevos criterios. «El decreto transparenta más las normas que regían este asunto. Normas que devienen de épocas en las que no gobernaba el PSOE, sino el PP junto con CC», remarcó.
Mientras, Nuria Herrera, de CC, defendió la necesidad de la publicidad institucional y consideró que el decreto «mejora» la transparencia y la actuación de la administración.
Carmen Hernández, de NC, dijo que no iba a cuestionar «algo que viene avalado por los juristas». «Estoy en contra de sembrar dudas infundadas», añadió.
Por su parte, Víctor Moreno, del PP, consideró «extremadamente grave» el decreto 31/2013, de 8 de febrero, y pidió al Gobierno que copie la norma para este asunto de la Junta de Andalucía. «Le pedimos al Gobierno que dé un volantazo también en su política de comunicación», enfatizó.
