El PP exige al Gobierno que actualice las retribuciones del turno de oficio

Martes 18 de septiembre de 2018

 

  • La diputada popular Astrid Pérez considera que cada abogado que presta su servicio para la justicia gratuita constituye “una ONG particular”

18 de septiembre de 2018.- La diputada y presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, exigió hoy al Gobierno de Canarias que recupere los niveles retributivos de los abogados del turno de oficio existentes en el 2012, fecha en la que el Ejecutivo regional redujo las retribuciones por la crisis económica.

“El Gobierno canario manifestó en una comparecencia que cuando hubiera crecimiento económico y unos presupuestos expansivos, los abogados recuperarían sus niveles retributivos, pero no han cumplido con su palabra a pesar de contar durante 2017 y 2018 con unos presupuestos históricos”, declaró la diputada popular.

Astrid Pérez recuerda que desde el año 2015, “los colegios de abogados de Canarias vienen reclamando al Gobierno recuperar los niveles retributivos de 2012”, y afirmó que “lo lógico sería que el Ejecutivo volviese a implantar un 20% más los actuales honorarios, tras la bonanza económica que posee”.

Así se pronunció tras intervenir en la Comisión de Justicia en el Parlamento regional, donde manifestó que cada abogado que presta su servicio para el turno de oficio constituye “una ONG particular”, porque realizan actuaciones de manera “gratuita” y las retribuciones que cobran son “irrisorias y bajísimas”.

Pérez calificó de “insostenible” que los abogados de las islas no capitalinas tengan que comprar su billete de avión y su hotel para trasladarse a los juicios en las islas capitalinas cuando “no tienen recursos económicos”, y pidió al Gobierno que “firme convenios con las compañías aéreas y establecimientos alojativos” para que los abogados no tengan que afrontar esos gastos.

“No puede ser que los colegios de abogados, instituciones privadas, destinen sus recursos para mantener el servicio público de justicia gratuita, porque sus fondos proceden de las cuotas que pagan los abogados y los letrados, y quien tiene que financiarlo es única y exclusivamente el Gobierno de Canarias”, concluyó Pérez.

 

 

 

 

 

 

 

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